Tinta Socialista No 144. Protestamos en las calles porque prevalece la injusticia en los casos de desaparición forzada en México

Ciudad de México a 5 de noviembre de 2022

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La protesta popular es un derecho del pueblo, un instrumento político para manifestar y expresar opiniones o ideas; también para denunciar, demandar o exigir el cumplimiento de sus derechos y libertades políticas que son transgredidas por los gobiernos en turno. El pueblo tiene derecho a manifestarse a través de diferentes formas políticas que considere pertinentes para que su voz sea escuchada y sus demandas atendidas.

En el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) protestamos en la Ciudad de México (CDMX) porque prevalece la injusticia en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, por un operativo coordinado entre militares, marinos, policías federal, estatal y municipal, así lo constata su expediente jurídico.

Nos manifestamos en las calles porque se mantiene la impunidad en la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido desaparecido el 5 de marzo de 2016 en el estado de Chiapas por el grupo paramilitar Los Petules; sujetos desclasados que actuaron con la aquiescencia del gobierno mexicano para perpetrar el crimen.

A seis años de cometer el crimen las autoridades no han dado con su paradero, mucho menos se ha castigado a los responsables materiales e intelectuales, quienes gozan de la protección e impunidad del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas.

Lejos de atender nuestras demandas, el gobierno mexicano responde con represión, la cárcel o la criminalización de la protesta popular, así es como mantienen tras las rejas a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, con imputaciones fabricadas.

Las instituciones y funcionarios públicos en lugar de atender las demandas populares responden con indolencia, actitud política que expresa el desprecio por la vida del pueblo que exige justicia ante la desaparición forzada de un ser querido; no es casual que los familiares deambulen en los pasillos institucionales con la esperanza de encontrar respuestas a sus demandas y se enfrenten con la indiferencia, el burocratismo y la dilación para generar desánimo o frustración.

El plantón que realizamos en la CDMX, las marchas, los mítines, las conferencias de prensa, los volanteos, la pega de cartel, son actividades de protesta; manifestaciones para que nuestra voz de denuncia sea escuchada; en este caso, exigir la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; la libertad de los presos políticos, en específico la de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, así como respeto al derecho a la protesta.

Desde los pasillos institucionales políticos de oficio, funcionarios o gobernadores argumentan que las actividades de protesta obedecen a “gustos personales o de grupo” o hay “gente que informa mal al pueblo que se inconforma” o simplemente lo hacen por “molestar a terceros”, alocuciones que enuncian una política de gobierno, expresada en descalificaciones y señalamientos dolosos para justificar el andamiaje represivo y con ello la criminalización, en los hechos ponen el dedo inquisidor al que protesta o exige sus derechos para que sea sometido al estado de derecho burgués.

Las actividades de protesta son producto de la pobreza y miseria en la que vivimos como pueblo trabajador, de la desigualdad social, de la transgresión a los derechos humanos y libertades políticas, de la violencia institucional que afecta a cientos de miles de hogares, expresada en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias o represión.

En el plantón que realizamos en la CDMX hemos sido objeto de hostigamiento y amenazas por elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la misma entidad, así como de espionaje por agentes vestidos de civil, quienes al identificarse descubrimos que son del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes CISEN, eso evidencia que el espionaje en México sí se práctica, aunque el Ejecutivo federal argumente que no se hace, la realidad evidencia que es práctica institucional y quienes la operan son los cuerpos policíacos y militares.

Política de gobierno que evidencia la actitud de un gobierno que no consiente el derecho a protesta, en la vía de los hechos transgreden los derechos y libertades políticas del pueblo. En el discurso dicen respetar los derechos humanos, pero en los hechos prácticos los violentan e intentan condicionar. Eso sólo se práctica en gobiernos autoritarios.

La “revisión de rutina” que realizan los cuerpos policíacos y militares es la expresión de la militarización en el país, una forma de hostigamiento policíaco. Es una forma de control social que tiene la intención de generar mentes sumisas, que no cuestionen ni protesten ante abusos o transgresiones a los derechos de las masas trabajadoras.

La criminalización de la pobreza y protesta popular es política de gobierno, por eso, la policía de la CDMX detiene y trata como delincuente al que en su lógica ve “mal vestido” o con ropa “no adecuada”, eso habla de la criminalización de la pobreza.

Lo mismo hacen con aquellos que se manifiestan o realizan actividades de protesta, por eso cuando se hacen pegas de cartel en las calles intentan detenerlos o llevárselos al juez de lo civil para imponer multas administrativas, lo mismo hacen cuando se realiza un mitin o se hacen actos de denuncia; eso indica que pegar propaganda con la imagen de detenidos desaparecidos o presos políticos en las calles es más peligroso que pegar pancartas de bailes o grupos musicales. Eso es criminalización de la protesta popular.

El argumento, “revisar por protocolo”, de la policía de la CDMX es una expresión concreta de hostigamiento, un acto policíaco que viola los derechos humanos a transitar libremente por las calles, expresa también que la militarización es un hecho en el país. Aunque en el discurso institucional lo nieguen y realicen giras para “convencer” de la necesidad de éste, el pueblo trabajador no olvida quiénes son los responsables de perpetrar graves violaciones a los derechos humanos.

No olvidamos el rostro de los militares que masacraron al pueblo por el simple hecho de confundirlos como “delincuentes”; los marinos que ejecutaron de manera extrajudicial al joven o la familia que no se detuvo en un retén o pasó en un supuesto fuego cruzado; la policía que torturó a jóvenes, mujeres, luchadores sociales, activistas políticos o defensores de los derechos humanos para arrancar supuestas confesiones e incriminarlos; las fuerzas armadas que desaparecieron de manera forzada a personas, por el simple hecho de ser revolucionarios, luchadores sociales, trabajadores de la comunicación, activistas políticos o pueblo trabajador; quien olvida a los perpetradores hace los mismo con el rostro y nombre de los cientos de miles de víctimas de la violencia institucional.

No se puede “limpiar” la imagen de una institución caracterizada por violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Lo que hace el gobierno federal es perverso, porque hace defensa a ultranza del Ejército mexicano e intenta confundir a la población de las supuestas bondades de éste, cuando a través de la historia se han evidenciado como la estructura represiva del gobierno, como el brazo que realiza labores de contrainsurgencia, comete desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, o masacra.

La denuncia y actividades de protesta serán nuestra razón de ser mientras la injusticia persista como política de gobierno, mientras las víctimas de desaparición forzada persistan, mientras la cárcel albergue a luchadores sociales, serán una necesidad, el instrumento político para denunciar y no callar.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS