El desprestigio del que son objeto las madres buscadoras en nuestro país

Los funcionarios públicos son hombres y mujeres que le dan vida al régimen económico y político, echan a andar la maquinaria represiva en contra de las masas trabajadoras, son los encargados de dirigir la política de gobierno en beneficio de una minoría y en perjuicio de los trabajadores del campo y la ciudad, ahí reside la situación privilegiada que guardan en las instituciones del Estado.

En la 17 aba reunión de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) llevada a cabo el 31 de marzo del presente año se revisaron cada uno de los acuerdos a los que se había arribado en la reunión del 21 de febrero del presente año. De los cuales, la Fiscalía General de la República (FGR) debía dar información importante del caso a los familiares de Gabriel y Edmundo, y a su representación jurídica, información en la que de manera implícita deriva de ciertas acciones de investigación, que la FGR no ha llevado acabo.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2025 A la opinión pública
La exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es una demanda nacional que debe mantenerse firme, máxime que se trata de dos revolucionarios que por sus convicciones político ideológicos fueron detenidos desparecidos en un operativo conjunto en el estado de Oaxaca, donde participaron diferentes corporaciones policíaco militares, y un grupo contrainsurgente; cuya (…)

Los integrantes de nuestras organizaciones independientes FPR, FAR y FNLS, de la sierra de Zongolica y sus Valles, del estado de Veracruz, le informamos al pueblo que nos manifestamos porque nos oponemos al pago de los cobros excesivos de CFE.

La vida de dos hombres que emprendieron el camino de lucha para que nuestro pueblo obtuviera mejores condiciones de existencia material debe ser puesta a conocimiento de las generaciones de hombres, mujeres y jóvenes para que no se pierda en la criminalización que los gobiernos del pasado y del presente fraguaron en su contra para negar la existencia de sus ideales de lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores.

No estamos de acuerdo que nuestra compañera le llegue un recibo de más de mil pesos, ya que anteriormente su pago bimestral ha sido de 200 a 340 pesos, es un abuso del cobro excesivo, dejamos en claro que no es porque no quiera pagar el servicio la compañera, sino porque pagar, si no han consumido la energía que se les pretende cobrar, ahora bien, la empresa C.F.E vino al domicilio particular de nuestra compañera a realizar un estudio energético y no encontró ninguna irregularidad, de fuga de energía eléctrica, por lo tanto no estamos de acuerdo en que pague dicha cantidad excesiva.

La lucha de los familiares y organizaciones populares que exigimos esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, y el cese a la violencia de Estado lo acompaña la proclama de ¡Ni perdón, ni olvido! Frase que engloba la necesidad de conocer la verdad de los hechos de los crímenes suscitados en los años de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) en nuestro país, y los motivos que desencadenaron los crímenes que se cometieron en la historia reciente, que siguen dejando una profunda herida que no sana.

La lucha de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada es la expresión de la impunidad en la que se encuentra este crimen y el daño que genera a la humanidad la continuidad de esta práctica deleznable. Su presencia en la vida pública del país obedece a la negativa a reconocer la existencia del cometido de las desapariciones forzadas de manera transexenal; han sido las madres, padres, hijos, esposas, organizaciones populares independiente y de derechos humanos los que han puesto en la palestra nacional e internacional la existencia del crimen de lesa humanidad que cobra víctimas entre la población mexicana.

La respuesta del gobierno de Jalisco ante los hallazgos encontrados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde es evidente la violencia institucional y la colusión de las autoridades en el cometido de las múltiples violaciones a los derechos humanos contra hombres, mujeres y menores de edad, fue “no fue en mi sexenio”, respuesta con la que se lava las manos para permitir la continuidad de esta práctica deleznable que deja miles de víctimas.

La persistencia de la desaparición forzada se da porque los autores materiales e intelectuales son cobijados con el manto de la impunidad, al amparo de la ley se cometen estas prácticas deleznables sin que ningún funcionario público o institución que proclama procurar justicia intervenga para que los familiares obtengan resultados concretos en la investigación y la búsqueda de las víctimas de este grave crimen.