No fue en mi sexenio

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2025

A la opinión pública

La respuesta del gobierno de Jalisco ante los hallazgos encontrados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde es evidente la violencia institucional y la colusión de las autoridades en el cometido de las múltiples violaciones a los derechos humanos contra hombres, mujeres y menores de edad, fue “no fue en mi sexenio”, respuesta con la que se lava las manos para permitir la continuidad de esta práctica deleznable que deja miles de víctimas.

La cara de la impunidad se fortalece con las afirmaciones de los gobiernos en turno, que lejos de velar por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el pueblo, sus discursos están hechos para deslindarse de la responsabilidad que les toca asumir en la reparación del daño que ha dejado el cometido de los hechos tan deleznables que se cometieron en gobiernos pasados pero que se profundiza porque estos crímenes se siguen cometiendo contra la clase trabajadora.

Por mucho que se intente echar por tierra las pruebas que ponen en evidencia la continuidad de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento forzado para la creación de grupos de paramilitares, la verdad sale a la luz: en la política de gobierno se implementa la violencia de clase contra las masas trabajadoras.

Con el discurso de: “no fue en mi sexenio”, “las desapariciones forzadas son herencia de gobiernos pasados” se intentó ganar simpatía y confianza entre la población para que se legitimara a un gobierno que se dijo ser del pueblo; perorata que los gobiernos morenistas de algunas entidades federativas replicaron como merolicos para negar que este crimen seguía dejando miles de víctimas entre la población.

Ante las inocultables pruebas que revelan la participación del Estado en dichos crímenes, los personeros del régimen intentan encubrir el actuar de las instituciones que sostiene al régimen económico y político para perpetuar la violencia institucional que se ceba contra el pueblo trabajador.

Los hallazgos en Jalisco reafirman lo que hemos denunciado: el terrorismo de Estado que se implementó en los sexenios pasados y se agudizó con los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tiene continuidad en la presente administración, es resultado de la política de gobierno que sigue su cometido en la administración actual con las practicas del terrorismo de Estado, por lo que sin importar el partido político que se encuentre en la silla presidencial la violencia de clase persiste.

Son las masas trabajadoras las que viven a diario la violencia de clase, esta se disemina a través de las corporaciones policiaco militares y paramilitares para el cometido de estos crímenes. Son los paramilitares los que hacen el trabajo sucio del Estado y los que limpian la imagen represiva del ejército en el cometido de este tipo de crímenes, de ahí que desde el discurso oficial se declare que “ahora es el crimen organizado el que comete las desapariciones forzadas”, sin mencionar que el multicitado “crimen organizado” o “narcotráfico” no son más que grupos de paramilitares, creados, financiados y entrenados por el Estado mexicano.

Reafirmamos que las desapariciones forzadas no son solo prácticas de gobiernos pasados, de haber sido de esta manera, las cifras de detenidos desaparecidos no hubiesen aumentado en la administración anterior y en la presente, se hubiesen esclarecido la verdad de los hechos, enjuiciado y castigado a los responsables, pero sobre todo la erradicación de este crimen deleznable de la vida pública del país sería una realidad, por lo que la desaparición forzada en el país, es parte de la política de gobierno.

Ante el desenmascaramiento del carácter represivo del Estado, el gobierno intenta echar abajo lo que por la lucha de los familiares de los detenidos desparecidos, de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares independientes se había logrado, el reconocimiento jurídico de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y grave violación a los derechos humanos, en su lugar lo que busca es equipararlo a un secuestro para legitimar la inexistencia de un crimen en el que se violan gravemente múltiples derechos humanos.

Ante la realidad que se vive en el país, es necesario que las víctimas de la violencia de Estado forjen la unidad para continuar con la exigencia de presentación con vida, juicio y castigo a los culpables, de lo contrario, las cifras de los detenidos desaparecidos aumentaran y la impunidad seguirá siendo parte de la vida pública del país.
Fraternalmente

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo