La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que se profundiza por la impunidad en que la mantienen las instituciones del Estado

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2025
A la opinión pública

La desaparición forzada es una práctica cuyo objetivo es generar el mayor daño posible en la población, la afectación que produce persiste en varias generaciones de ahí que sea tipificada como un crimen de lesa humanidad, motivo por el que las instituciones del Estado deberían realizar las acciones necesarias para investigar de manera imparcial y exhaustiva el cometido de este crimen, enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, pero sobre todo erradicar la desaparición forzada.

La persistencia de la desaparición forzada se da porque los autores materiales e intelectuales son cobijados con el manto de la impunidad, al amparo de la ley se cometen estas prácticas deleznables sin que ningún funcionario público o institución que proclama procurar justicia intervenga para que los familiares obtengan resultados concretos en la investigación y la búsqueda de las víctimas de este grave crimen.

Son muchos los familiares que salen a las calles a exigir la búsqueda del ser querido ausente, a pesar de las promesas de campaña de los diferentes políticos de oficio que en su momento pronunciaron un discurso de estar de lado de las víctimas y de ahora si habrá justicia por los miles de detenidos desaparecidos, la cruda realidad muestra que el tema de justicia para estos casos, no es parte de la agenda de trabajo del representante del Ejecutivo federal y de los gobiernos locales.

La prioridad de los gobiernos actuales es concretar el plan de desarrollo económico que beneficia al capital monopolista trasnacional, mientras que las demandas de justicia y presentación con vida son despreciadas porque no reditúa ninguna ganancia al capital extranjero, son los familiares los que realizan la labor que los funcionarios públicos están obligados a emprender.

Son las madres, padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos de las víctimas de la desaparición forzada quienes se ven obligadas a llevar las acciones de búsqueda en parajes, terrenos baldíos, fosas clandestinas, cerros, etc, para encontrar indicios del familiar ausente.
El trato recibido de parte de los diferentes funcionarios de gobierno los ha llevado a realizar acciones que deberían realizar las fiscalías de los estados o las comisiones estatales de búsqueda, acto irresponsable e indolente que lleva de antemano el encubrimiento de los responsables del cometido de este deleznable crimen.

El actuar de las fiscalías de los estados, de la Fiscalía General de la República (FGR) y las comisiones estatales de búsqueda son de indolencia hacia el sentir de los familiares de los detenidos desaparecidos. En sexenios pasados presentaban restos de animales o de otras personas para justificar la localización de los detenidos desaparecidos, con tal engañó pretendían cerrar los casos de desaparición forzada.

En el presente sexenio simulan atención a la exigencia de presentación con vida, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realiza acciones de prospección con material insuficiente u obsoleto para justificar que no se encontró nada en tal lugar. Las fiscalías como responsables de la investigación se niegan a asistir a los lugares en los que se realizan las prospecciones, la justificación es que no le compete estar en dicha acción porque su trabajo es de investigación y no de búsqueda, argumento que no coadyuva en la localización de las víctimas porque son dos procesos que se correlacionan.

El reciente hallazgo de fosas clandestinas, restos mortales, evidencias de las víctimas de desaparición forzada por parte de la organización Guerreros Buscadores en el rancho Izaguirre, en Jalisco, habla de la magnitud del crimen de la desaparición forzada y la impunidad que las instituciones y funcionarios públicos mantienen este crimen.

El hecho que la Fiscalía General del Jalisco (FGJ) haya realizado una prospección en el lugar en cuestión y declarase que no había nada en el lugar de los hechos, devela la protección que le proporcionan a los responsables del cometido de estos crímenes. Por las pruebas encontradas y los testimonios que se han dado a conocer podemos afirmar que la Fiscalía de Jalisco trató de ocultar los indicios del cometido de varios crímenes cometidos con hombres, mujeres y niños.

Es ilógico pensar que el lugar pasó desapercibido por las autoridades municipales y estatales, siendo que había muchos elementos para investigar el lugar, más aún cuando el país esta militarizado y en las mesas de seguridad, los mandos policiaco militares informan de cualquier movimiento que se presente en cada entidad.

Los hallazgos de las fosas clandestinas en Jalisco, Tamaulipas y otros estados del país, confirman que no se trata de una crisis de derechos humanos, sino que es parte de la política de gobierno que se diseñó con los gobiernos del PRI y que en la actual administración tiene continuidad con el incremento de los casos de desapariciones forzadas. Queda de manifiesto la perversidad del Estado mexicano al mantener las practicas del terrorismo de Estado para el control de la población.

Crímenes de naturaleza tan deleznable, como la desaparición forzada deben ser condenados por el pueblo de México y la comunidad internacional, porque por cada detenido desaparecido existe una razón para luchar que rebasa lazos familiares, sino exigimos la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la continuidad de este crimen aumentara las cifras de víctimas de este grave crimen.

Atentamente:
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS