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Las desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales constituyen la enorme lista que ocasionó el terrorismo de Estado
Domingo 1ro de septiembre de 2019, por
Ciudad de México a 01 de septiembre de 2019
A la opinión pública
Las desapariciones forzadas por motivos políticos o sociales son la evidencia palpable del terrorismo de Estado, constituyen el testimonio de la enorme lista de terror que esta política de gobierno ocasionó al pueblo. El cometido de crímenes de lesa humanidad de manera sistemática, generalizada y transexenal fue el distintivo de sexenios marcadamente represivos, escenario que permanece con muy pocas variaciones; crímenes cuya intención es contener el descontento popular y acallar las voces de protesta.
Estas prácticas deleznables en México son un hecho real que no puede ser minimizado por el gobierno mexicano, las declaraciones que vierten desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB y la Comisión Nacional de Búsqueda distan mucho de la realidad que vivimos en toda la geografía mexicana, los informes gubernamentales no dejan de ser cifras alejadas de las víctimas de este flagelo.
Aunque la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, señale que tienen pláticas con las familias para construir una propuesta que siempre han pedido, es una verdad a medias, porque no se ha reunido con todos los familiares ni colectivos, organizaciones o defensores de los derechos humanos, la política que imparten es sólo con aquellos que no implique mayor costo político.
Es irresponsable señalar que la mayoría de las desapariciones forzadas tienen relación con las actividades delictivas, porque con ello lo que se hace es criminalizar a los cientos de miles de víctimas laceradas por esta práctica fascista, en los hechos, concluyen que fueron sometidos a ese flagelo por dedicarse a ese tipo de actividades ilegales, lo cual es absolutamente falso.
Es el mismo argumento del Ejecutivo federal, quien a principios de su administración señaló que los jóvenes se dedican a delinquir porque no tienen una buena educación, incluso recomendó a las madres de familia cuidar a sus hijos; bajo esa concepción moralina y tradicional se observa una visión maniquea del bien y el mal, donde en esa lógica, muchos de los que delinquen es porque provienen de hogares disfuncionales que crecen ante la usencia de padres o madres, reduce un problema económico a la cuestión moral, es maniqueísmo puro, porque según su lógica unos sí trabajan y otros delinquen.
Hasta el momento no hay una declaración que dé a conocer la esencia del fenómeno socioeconómico, es irresponsable señalar que la mayoría de las desapariciones forzadas están relacionadas con “actividades delictivas”, donde los grupos de la delincuencia organizada son los responsables, porque no coloca en su justa dimensión las causas que originan el cometido de esta práctica deleznable.
El narcotráfico está organizado desde las estructuras del Estado mexicano, donde están involucrados políticos de oficio, funcionarios o agentes policíaco-militares; no poner las cosas en su justa dimensión genera confusión y no coloca la existencia de la violencia desenfrenada y el terrorismo de Estado.
La iniquidad social, pobreza, miseria, explotación y opresión son fenómenos inherentes al modo de producción capitalista, mientras éste se mantenga incólume, estos flagelos sociales persistirán, en tanto no se transforme de raíz las condiciones que generan desigualdad, los efectos perniciosos del régimen persistirán cada vez en mayor magnitud.
El trabajo humaniza al hombre, quien no trabaja se corrompe, los políticos de oficio sólo escalan de puesto en puesto gubernamental, pero no pasa por sus manos el trabajo asalariado, ¿cuántos de ellos están en los grupos de poder económico para defender los intereses empresariales?, ¿cuántos viven de la explotación y opresión del pueblo trabajador? A esto obedece la existencia de las pugnas y pleitos internos para mantener sus cuotas de poder.
Las desapariciones forzadas son una política de gobierno, una expresión del terrorismo de Estado y la violencia desenfrenada en toda la geografía mexicana, objetivadas y materializadas en múltiples violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias o desplazamientos forzados; crímenes de Estado y de lesa humanidad que a la fecha persisten en magnitud.
La respuesta del gobierno mexicano a los familiares es indolencia, dilación, desgaste y burocratismo, hacen una división donde a unos familiares se les da la atención, en cambio a otros que optan por la vía independiente no se les atiende, al contrario, agendan un sinfín de mesas de trabajo donde no hay una propuesta concreta que dé solución a la demanda de presentación con vida.
La mayoría de las víctimas de la desaparición forzada por motivos sociales son jóvenes, estudiantes, profesionistas, pueblo trabajador que los distingue su origen de clase proletario. En retenes militares, de la marina o de los distintos cuerpos policíacos fueron detenidos con lujo de violencia y trasladados a rumbos desconocidos, lo que evidencia que el cometido de éstas tiene su origen en las estructuras policíaco y militares.
Las desapariciones forzadas por motivos políticos se cometen contra luchadores sociales, activistas políticos, revolucionarios, defensores de los derechos humanos, revolucionarios o trabajadores de la comunicación, quienes por el simple hecho de optar por una forma de lucha y defender un ideal es sometido a ese flagelo.
En las fosas clandestinas está la prueba fehaciente del cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, tortura o ejecución extrajudicial, los cuales, son parte de la política del terrorismo de Estado, cuyo objetivo es infundir miedo, terror en la población con la intención de impedir un proceso organizativo y en aquellos que están organizados contener su forma de lucha.
Para nosotros no hay duda del origen de las desapariciones forzadas, éstas tienen patente en el Estado mexicano; desde ahí se planifica, diseña y elabora la intencionalidad de crímenes de lesa humanidad, de lo contrario, ¿por qué en esta administración los crímenes de lesa humanidad persisten?, ¿por qué de manera selectiva ejecutan extrajudicialmente a luchadores sociales o defensores de los derechos humanos?; demuestra que por mucha voluntad que se tenga de acabar con la violencia, mientras no se modifique de raíz la base económica que lo alimenta, éstos persistirán.
La justicia no es un berrinche ni capricho personal, es una necesidad política erradicar este flagelo, el cual, empieza con los perpetradores que aún se encuentran en las estructuras gubernamentales, los cuales, en la administración actual son premiados con puestos gubernamentales como si fuera una gracia lo que hicieron con los miles de víctimas del terrorismo de Estado.
Insistiremos en exigir JUSTICIA, ésta se hará presente cuando se acabe con la desigualdad social, la pobreza y miseria en toda la geografía mexicana, mientras no se den esos cambios, las razones de luchar de manera independiente sobran, la denuncia y acciones políticas de masa persistirán.
Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS