La criminalización de la protesta popular va acompañada de la descalificación a las diversas formas de lucha que emprende el pueblo organizado

Ciudad de México a 22 de julio de 2019

A la opinión pública

La criminalización de la protesta popular es una política de Estado, práctica gubernamental que tiene la intención de contener el descontento social y acallar las voces críticas al régimen neoliberal. Tiene un carácter sistemático, generalizado y transexenal en tanto es planeada, dirigida y orquestada desde las estructuras del gobierno contra aquellos que consideren, según su lógica, un peligro para el “progreso” y “bienestar social” del país.

El gobierno mexicano recurre a esa práctica represiva para eludir su responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, justificar la actuación de las diferentes corporaciones policíacas e intentar generar un ambiente de estigmatización y descalificación hacia las causas de lucha del pueblo que protesta y exige sus derechos y libertades políticas.

A raíz de la desaparición forzada, tortura y detención ilegal del compañero Javier González Díaz, el gobierno estatal de Rutilio Escandón Cadenas emprendió una campaña mediática de linchamiento contra las acciones de protesta de la organización ante la indignación por el crimen cometido contra el compañero.

En esa concepción burguesa, las víctimas se convierten en victimarios, en ciudadanos que trasgreden el estado de derecho burgués, en consonancia, el gobierno tiene que aplicar todo el peso de la ley. Visto de esa manera se olvida la grave violación a los derechos humanos cometida contra el pueblo organizado, en nuestro caso los múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestros compañeros.

Ante una grave violación de esa magnitud, ¿quién se quedaría de brazos cruzados al saber que su ser querido fue sustraído de manera violenta de su hogar?, ¿quién guardaría silencio si se enteran que está a merced de elementos policíacos en condiciones de tortura?, ¿qué harían si las instituciones al preguntar sobre su ser querido niegan su paradero e impiden el acceso a una investigación pronta y expedita? Por una cuestión humana no serían seres pasivos, de lo contrario se convertirían en sujetos desclasados que no les importa el dolor que enfrentan sus semejantes.

La criminalización de la protesta popular va acompañada de la descalificación a las diversas formas de lucha que emprende el pueblo para intentar anular la justeza de sus demandas, con ello genera las condiciones para la represión a través del linchamiento mediático y así justificar el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

El descrédito empieza a través de algunos medios de comunicación oficiosos que secundan la versión del Estado y distorsionan la información para poner el dedo inquisidor contra las organizaciones populares combativas, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos o activistas políticos.

En el caso de nuestro compañero Javier, en un primer momento, lo desaparecen de manera forzada, pero al realizar acciones políticas de masas lo presentan vivo, pero brutalmente torturado, en una cárcel municipal y posteriormente traslado al Centro de Readaptación Social (CERESO) número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Para justificar su detención y eludir su responsabilidad, el gobierno mexicano distorsionan la realidad a través de la actitud lacayuna de algunos medios de comunicación, presentan al compañero como si fuera un delincuente, publican fotografías montadas en internet para simular que se trataba de un hombre que se dedicaba al robo de motocicletas. Con ello, generan las condiciones para elaborar expedientes incriminatorios que criminalizan la protesta popular.

En un segundo momento, lo mantienen en reclusión con delitos fabricados de manera burda para mantenerlo en esas condiciones y hacer que la organización desista de las acciones políticas y la exigencia de libertad inmediata del nuestro compañero, quieren condicionar la lucha del pueblo organizado para generar un ambiente de desgaste y frustración.

Ante un caso de desaparición forzada y tortura no está sujeto a negociación ni a capricho de voraces empresarios, dejar de realizar acciones políticas de masas es colocarse en la vulnerabilidad política, porque el gobierno mexicano es el que las comete graves violaciones a los derechos humanos a través de sus corporaciones policíacas y militares, por tanto, al tratarse de un crimen de lesa humanidad es imprescindible denunciar y evidenciar la política reaccionaria y represora de un gobierno que dice “respetar los derechos humanos”.

Con el compañero Javier se configuró una desaparición forzada, aunque haya sido por unas horas, reúne las características de este crimen deleznable; de ese hecho se desprende una detención arbitraria con actos de tortura, su injusta reclusión es en calidad de rehén político porque los delitos que le imputan son infundados e irracionales. A esto se agrega el intento de ejecución extrajudicial contra dos compañeros en el tramo carretero Ocosingo-Altamirano por protestar y exigir la presentación con vida de Javier.

Algunos ya sea por ingenuidad o consigna secundan la versión del Estado, hacen eco de su doble discurso y sin miramiento se atreven a señalar y estigmatizar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, la denuncia para exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad. Con esa actitud fortalecen a los perpetradores, permiten que desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como política de gobierno continúen.

Los gobiernos federal, estatal y municipal son engranajes del mismo aparato que ejerce la represión, ejecutan la misma política. En el caso de los gobiernos estatal y municipal resalta su carácter reaccionario, antipopular y embustero, a más de siete meses de su administración resalta su política de gobierno, la cual, está fincada en la represión y la mentira mediática.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS