Análisis y opinión. Persisten macabros testimonios del cometido de desapariciones forzadas que culminan en ejecución extrajudicial

Ciudad de México a 24 de agosto del 2023

A la opinión publica

Los hallazgos de restos óseos de seres humanos en el norte del país es el testimonio del binomio represivo, desaparición forzada que termina en ejecución extrajudicial, crímenes cometidos en sexenios anteriores, pero que prevalecen en la actualidad por su carácter imprescriptible, además porque la violencia de clase mantiene el hilo de continuidad para imponer los designios de una minoría empresarial explotadora.

La violencia institucional es un fenómeno inherente al régimen capitalista, a través de ésta son garantizadas las ambiciones oligarcas. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, son las manifestaciones de la violencia que emanan del régimen, son los azotes que han lacerado al pueblo trabajador por diferentes administraciones gubernamentales.

Lo que acontece en los estados del norte expresa la magnitud de la violencia con la que se impusieron intereses de diversos grupos empresariales del ramo inmobiliario y extractivo, ahora, el fenómeno de violencia describe una ruta de traslado hacia el sur sureste del país, una región que no ha sido incorporada completamente al ciclo de reproducción del capital, pero que es ambicionada por empresarios nacionales y del extranjero.

Los intereses ya están puestos en esta región del país, son motivo de debate entre los que aspiran a ser encumbrados en la cima de la administración pública, lo que indica que inicia un nuevo ciclo de reproducción capitalista para expoliar los recursos naturales y energéticos en esta parte de la geografía mexicana.

En esta región aún no se encuentra hallazgos macabros como en el norte, empero, ello no significa que la violencia no sume cada día más víctimas a la estadística del terror; dada la composición sociocultural, la estrategia gubernamental adquiere otros matices para intentar maquillar una realidad de violencia promovida desde los grupos de poder político y económico.

La desaparición forzada por motivos políticos y sociales es un fenómeno que adquirió magnitudes escalofriantes en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en la actualidad, pese a las especificidades del fenómeno, persisten prácticas del terrorismo de Estado, lo que comprueba que la violencia es inherente al régimen y cada día se ceba contra el pueblo trabajador.

La argumentación del gobernador del estado de Veracruz de que a los jóvenes que caen en las redes de la “delincuencia o las drogas” sólo les queda la cárcel o la muerte es una maniobra perversa y devela una concepción retrógrada, con tal aseveración, tiende el estigma sobre el joven de origen proletario y veladamente sobresale la amenaza de muerte conforme a la política de limpieza social que impulsó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Es lamentable tal manera de razonar del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la imposibilidad de advertir las causas de la violencia institucional y la constante descomposición de la sociedad producto de las relaciones capitalistas es propio de políticos de oficio de concepción reaccionaria.

El pueblo pobre no es violento ni flojo por naturaleza, el hecho de vivir en condiciones deplorables no significa que en automático sea criminal o seducido por el dinero fácil. La creatividad e iniciativa para resolver la existencia de manera honrada se puede observar en los hogares humildes, sin embargo, la pobreza no es un asunto de voluntad, obedece a las relaciones de explotación capitalista.

Los crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial adquirieron una magnitud inconmensurable, la generalización de su cometido obedeció a la necesidad oligárquica de garantizar el proceso de acumulación y centralización de capital. Lo que hoy son nota nacional por lo tétrico de los hallazgos no es más que la confirmación de la existencia de la violencia con sello de clase.

La naturaleza profascista de los crímenes de lesa humanidad es evidente cuando se ejecuta con sistematicidad, en este sentido, es notorio el hecho de que en la presente administración son varias las activistas “buscadoras” quienes han sido víctimas de asesinato o desaparición forzada, de donde se desprende la incompatibilidad del discurso gubernamental de no promover la violencia, pero en los hechos ésta persiste.

Es loable la labor que realizan los familiares en la búsqueda de sus seres queridos, sin embargo, ese peregrinar en los barrancos, baldíos o cañadas coloca a los detenidos desaparecidos en una condición de muertos, con ello, se otorga la posibilidad a los autores materiales e intelectuales del cometido de estos crímenes de permanecer en total impunidad.

La sentencia 51/2020 obtenida a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez preserva como principio inalienable la presunción de vida de la víctima, con ello obliga a los funcionarios públicos de realizar las debidas diligencias para su cumplimentación, en caso contrario, presentar pruebas fidedignas de la posible muerte de la víctima, pero ello implica conocer a los responsables y su respectivo juicio y castigo.

La lucha jurídica y política del caso condujo a establecer la pauta del derecho humano a ser buscado con vida, ello implica la verdad, así como el juicio y castigo a los perpetradores. No importa que el ciclo biológico conduzca a deducir el deceso de la víctima, no se le puede dar por muerto sin tener certeza de cómo sucedió la desaparición forzada.

La ruta jurídica y política establecida por el caso de los revolucionarios debe ser asimilada por todo el conjunto de familiares de víctimas de desaparición forzada, sea por motivos políticos o sociales, ello conduce a no cejar en la exigencia de justicia ante tan abominables crímenes.

No importa que la desaparición forzada termine en una ejecución extrajudicial, ello no debe ser motivo para la resignación, porque los responsables siguen en total impunidad y la violencia aún pende sobre los hogares pobres.

Exhortamos a todos los que padecen el flagelo de los crímenes de lesa humanidad a ejercer el derecho a la protesta, en el marco del día internacional del detenido desaparecido, es preciso salir a las calles para colocar nombre y apellido a cada víctima, su esencia humana no debe figurar como una fría estadística.

El silencio y la pasividad no son opciones para el conjunto de víctimas de la violencia institucional, hoy más que nunca se requiere impulsar la unidad de todos los que padecen la espiral de violencia para exigir el cese a la represión, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, la libertad de todos los presos políticos del país y el respeto a la organización independiente del pueblo.

Fraternalmente
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad a todos los presos políticos del país!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS