Tinta Socialista No. 153. El cometido de desapariciones forzadas está relacionado con el proceso de militarización en el país

Ciudad de México, a 12 de julio de 2023

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Las desapariciones forzadas en México son un fenómeno persistente en México que, lejos de disminuir aumentan, producto de la violencia institucional y de la política de militarización, que desde al año 2006 se implementó con el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), política que en la administración federal actual se mantiene.

La militarización se configura como política de gobierno, práctica institucional que fortalece el Estado policíaco militar y el estado de derecho burgués, condición indispensable para que la violencia gubernamental continúe, con ello las prácticas de terrorismo de Estado. Es a la vez el sostén de la actual administración federal para combatir al supuesto enemigo interno.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de su representante Alán García Campos en un foro en el senado señaló, “el temor que existe en la sociedad mexicana a ser sometida a desaparición forzada prácticamente será imposible de revertir mientras se mantenga el modelo de seguridad de corte militarizado”, comentario que confirma lo que hemos denunciado: la magnitud del fenómeno de la desaparición forzada va de la mano con la militarización en toda la geografía mexicana.

El cometido de desapariciones forzadas está relacionado con el proceso de militarización en el país, ahí donde hay presencia de militares o diferentes corporaciones policíacas es mayor la represión y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, así lo confirman los testimonios de los familiares o de las víctimas que han sido trastocados por esta política deleznable.

Los crímenes de lesa humanidad se mantendrán mientras perdure la militarización como política de gobierno, mientras se mantenga el discurso oficial de que para combatir a la supuesta delincuencia organizada y narcotráfico es necesario mantener a los militares en las calles, mientras se piense que éstos son incorruptibles y son los únicos que pueden mantener la paz y el orden.

Argumento oficial que no tiene mucha diferencia a lo que en su momento dijeron las administraciones panistas y priistas anteriores, quienes hicieron de la militarización su fortaleza para consolidar el Estado policíaco militar y al estado de derecho burgués. Resultado de esa política fue el cometido de cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.

En la actualidad, las desapariciones forzadas persisten en el país como un proceso permanente de violencia contra las masas trabajadoras, donde el cometido de esta grave violación a los derechos humanos no cesa, razón por la que adquiere un carácter sistemático, generalizado y transexenal, a estas alturas su cometido es inocultable e incuantificable. Existen casos que no han sido denunciados, ya sea por temor o amenazas que han recibido los familiares, por tanto, no figuran en los registros oficiales.

Señalar oficialmente que se tiene un registro de más de 110 mil víctimas de este crimen atroz expresa el grado de violencia institucional que permea en todo el país, en específico contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la comunicación o pueblo trabajador.

A la vez es un agravio a la humanidad, más que intentar ser claros con las cifras para dar a conocer que son actos de una herencia de gobiernos pasados, es un insulto a todos los familiares y a las víctimas, porque indica que en esta administración no se ha hecho nada por erradicar el cometido de este crimen de lesa humanidad, sólo simula atender a los familiares de las víctimas de estos crímenes deleznables.

El director de la Unidad de Graves violaciones a los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló que, “en el contexto de militarización, se han cometido 99 por ciento de las 110 mil desapariciones forzadas que se acumulan en el país”, comentario que evidencia el aumento de crímenes de lesa humanidad bajo el pretexto de combatir al “narcotráfico y la delincuencia organizada”.

En cinco años de gobierno, la administración federal actual ha señalado que el fenómeno de la desaparición forzada es una herencia que le dejó gobiernos federales pasados, lo curioso es que aún se cometen, la diferencia estriba en que mediáticamente se silencian y desde Palacio Nacional se niegan, deslinda responsabilidades a grupos de la delincuencia organizada.

Aunque se argumente que el gobierno no ordena las desapariciones forzadas, por el simple hecho de que las instituciones judiciales no investiguen los casos ni den con el paradero de las víctimas los convierte en corresponsables de los crímenes cometidos. Los hace responsables ya sea por omisión, comisión o aquiescencia.

Tiene razón el funcionario de derechos humanos de la ONU cuando resaltó que, “desconocer los derechos humanos ocasiona actos de barbarie y lo que pasa en México no se puede calificar de otra manera”, aunque en el caso del gobierno mexicano no es desconocimiento de los derechos humanos, sino una política indolente, dilatoria y de desprecio hacia la vida de las personas que han sido víctimas de este crimen atroz.

Reconocer que sí se cometen desapariciones forzadas por elementos del ejército, la marina, la Guardia Nacional o las diferentes corporaciones policíacas es reconocer que el Estado mexicano sí comete graves violaciones a los derechos humanos y que estás forman parte de una práctica institucional para contener la lucha del pueblo organizado o las voces críticas. Aspecto muy difícil de reconocer en México.

El gobierno mexicano ha querido tasar en dinero la vida de las personas detenidas desaparecidas, al querer reparar el daño sólo en el aspecto monetario, eso es perverso porque devela nulo interés por erradicar el problema, evidencia la protección e impunidad que otorga a los perpetradores, a la vez revictimiza a los familiares al hacerles creer que a este gobierno le interesa solucionar su problema, cuando lo real es que sólo son paliativos para mantener silenciadas las denuncias por desaparición forzada.

La impunidad de la que gozan los perpetradores se expresa en la negación institucional a enjuiciar y castigar a agentes de Estado, funcionarios municipal, estatal y federal, militares, marinos o elementos de la Guardia Nacional; ésta es una de las evidencias de que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son cometidas por el gobierno mexicano a través de sus diferentes estructuras represivas.

La sentencia 51/2022 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es una evidencia de que las desapariciones forzadas son cometidas por los militares, por cuerpos policíacos y militares especializados en contrainsurgencia para combatir a los movimientos armados revolucionarios en el país, estructura que aún permanece activa en las instituciones judiciales.

Ejemplo que ilustra una particularidad de lo que existe a nivel nacional con cientos de miles de víctimas de este crimen atroz, cuyos familiares han preferido no acudir a las instituciones judiciales por temor a represalias, amenazas de muerte o por las prácticas indolentes y dilatorias de funcionarios y políticos de oficio.

El discurso de que las desapariciones forzadas son herencia del pasado queda rebasado con el incremento del cometido de éstas, no es sucesión ni legado de gobiernos pasados, son prácticas de terrorismo de Estado que se cometen sexenio tras sexenio, mientras se conserve la estructura represiva que ejecuta el cometido de crímenes de lesa humanidad, éstas se mantendrán en el país.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS