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Premisas de un represor: “aplicar la ley con mano firme y sin simulaciones”

Lunes 3 de febrero de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 3 de febrero de 2020

A la opinión pública

Aplicar la ley con mano firme es una premisa característica del elemento represor, deja al descubierto la vocación profascista de un político de oficio, aseverar que lo realizará sin simulaciones expone la fidelidad a los intereses que defiende, porque emitir juicios ante los medios de comunicación y de semejante envergadura advierte a los sectores populares que la legalidad será la camisa de fuerza contra el descontento popular.

El Fiscal General del Estado en su intento por silenciar la crítica política del pueblo, anuncian una vez más su persistente vocación represora ante los medios de comunicación. La siguiente expresión la reafirma en alusión a lo dicho por el gobernador “(…) ratificó su compromiso para aplicar la ley con mano firme y sin simulaciones en todo el territorio chiapaneco.” Esto implica que la represión y las violaciones a los derechos humanos no desistirán.

¿Falso o verdadero que “(…) en Chiapas se ha logrado la gobernabilidad, la paz y el progreso en la entidad.”? Hay falsedad en su aseveración, como una verdad en su falsedad. Es notable el uso de eufemismos y la estrechez de análisis en sus juicios políticos.

Es falaz manifestar que en el presente exista gobernabilidad, así como paz y progreso en Chiapas, porque sólo ocurre para beneficio del capital, pero si intenta afirmar que lo es para los pobres del campo y la ciudad, es un artilugio del gobierno chiapaneco, que ronda únicamente en su imaginación.

La verdad en sus expresiones se observa en su profesionalismo demagógico. La gobernabilidad es la capacidad de un Estado burgués de someter mediante la violencia en cualesquiera de sus formas al pueblo que exige superar la precariedad de sus condiciones socioeconómicas de vida, por tanto, ese concepto aplica para sujetar al pueblo descontento mediante la represión y los lineamientos contrainsurgentes.

La paz que refiere tanto el Fiscal como el gobernador es la paz que necesita el empresario para comercializar las mercancías y mantener sus ganancias, le permite no perecer en lo convulso del mercado capitalista, pero el pueblo, mientras no se le respete y garanticen sus derechos constitucionales y humanos, no habrá paz en los miles de hogares chiapanecos.

¿Acaso las familias desalojadas de su tierra y agredido su derecho a la vivienda viven en paz?, ¿los familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial en lo que va del sexenio están en paz?, ¿las decenas de familias quienes padecen tratos humillantes en los hospitales significa paz?, ¿los presos políticos y reclusos injustamente gozarán de la paz referida por los políticos de oficio? Vivir al día, en la pobreza y la miseria no es vivir en paz.

La siguiente aseveración redunda en cinismo y un optimismo bufón:

“El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos han enseñado algo muy importante que debe tener un servidor público: tener voluntad política, voluntad para que Chiapas viva en paz y hoy con esa voluntad se ha recobrado la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y reconoce el Estado de derecho.”

La afirmación del Fiscal “nos ha enseñado” demuestra la actitud de un infante en la arena política. Un político burgués es formado con los principios y métodos de esa clase, el estilismo de su retórica es superfluo, es demagogia, en la jerga popular se describe como hablar bonito.

Recobrar “(…) la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.” La ignorancia política puede conducirnos a un error, asentir semejante afirmación, aunque, ¿la ciudadanía? Es un absoluto absurdo, pretenden minimizar el pueblo organizado que lucha de manera independiente y combativo; de seguro con ese término se refiere a los grandes empresarios, más no a los desposeídos.

Los recientes actos de desalojo en Tuxtla Gutiérrez cuyo saldo fue de 13 detenciones arbitrarias, la represión contra el sector indígena en Tapachula, la inconformidad de algunos habitantes por donde se construirá la autopista Pijijiapan-Palenque, la persistencia de “asesinatos dolosos”, con estos hechos confiar en las autoridades solamente quien desconoce el actuar de un político burgués asumirá como verdad dicha expresión.

¿Reconocer el estado de derecho? 1) Nuestro compañero Javier González Díaz sigue preso de manera injusta e ilegal, 2) en similar condición se encuentra nuestro compañero Armado Hernández Sánchez, los señalamientos son insostenibles, pero la farsa legaloide lo mantiene recluso, 3) los compañeros Venturino y Asunción recluidos en el CRSS 14, en su carpeta de investigación obran claras violaciones al debido proceso, no obstante, en los tres casos los mantienen como rehenes políticos.

Un hecho jurídico se desvela, los casos de nuestros compañeros son evidentes graves violaciones a sus derechos constitucionales, se escamotean a diestra y siniestra, por tanto, el Estado mismo viola su propio marco jurídico e intenta engañar a los sectores populares al afirmar que éste reconoce el estado de derecho, sin embargo, existe la legalidad burguesa, que nada tiene que ver con defender los intereses de las masas oprimidas.

Reconocer el estado de derecho que pregona el Fiscal, es aceptar un conjunto de leyes que legitiman el orden de cosas burgués, implica aceptar las medidas legaloides sin cuestionamiento alguno, más grave aún, es ratificar la ejecución de la violencia institucional de forma pasiva.

Es inadmisible reconocer los cánones de la legalidad burguesa, cuando los sectores populares salen a las calles, plazas públicas, carreteras para exponer sus demandas ante un mutismo exacerbado de los gobiernos en turno ante las demandas presentadas acorde a los artículos 6º y 8° de nuestra Carta Magna, máxime cuando las exigencias son por justicia debido a crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Aplicar la ley con mano firme y sin simulaciones expresa un hecho concreto, tanto el Gobierno chiapaneco, Fiscal General del Estado y el Secretario de Gobierno, justificarán su actuar represor con el estado de derecho, este fenómeno deriva en otro, persistirán las graves violaciones a los derechos humanos.

No hay nada digno y benevolente en las expresiones de los políticos de oficio chiapanecos, por esto, aceptar sus dichos significa permitir más vejaciones contra las masas trabajadoras, sin embargo, reconocer la necesidad de la lucha popular independiente organizada y combativa es dar pasos firmes para luchar y defender los intereses del pueblo.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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