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Tinta Socialista No 93. La tortura en Chiapas es política de gobierno
Miércoles 28 de agosto de 2019, por
Ciudad de México a 28 de agosto a las 2019
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La tortura es política de gobierno, una grave violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado o personas que actúan con su aquiescencia o consentimiento. Práctica sistemática y generalizada contra el pueblo organizado y no organizado, perpetrada por las diferentes corporaciones policíacas y militares en toda la geografía mexicana.
Crimen de Estado y de lesa humanidad que incrementó de manera exorbitante en los sexenios anteriores ante el supuesto combate a la “delincuencia organizada y el narcotráfico”; práctica fascista que lejos de erradicarse continúa en la actual administración como “método de investigación” en los pasillos ilegales de las policías federal, estatal, municipal y militares.
Según la Convención contra la tortura y Otros Tratos o Penas crueles Inhumanos y Degradantes, la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por una acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esas personas o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
En México la tortura es una práctica recurrente que utilizan elementos policíacos y militares para arrancar mediante tratos crueles inhumanos y degradantes información o confesiones a las víctimas; con ello justifican las violaciones a los derechos humanos de las que son objeto para evadir su responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad.
El acto comienza con una detención arbitraria por agentes vestidos de civil o con uniforme, perpetran el acto sin mostrar una orden judicial o sin que exista la flagrancia de un delito; la violencia física y psicológica es el distintivo de estas prácticas fascistas para someter a la víctima y trasladarla a centros militares, policíacos o ilegales, el objetivo es no tener registro alguno del hecho.
En el lugar las víctimas son sometidas a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes para que mediante la violencia les dé información de las actividades que realiza, más si la víctima pertenece a una organización popular, es defensor de los derechos humanos, activista político o revolucionario. La intención es denigrar al máximo a la persona, hacerla sentir una piltrafa humana que le haga olvidar sus ideales, pensamientos y lucha política.
A través de testimonios de las víctimas es cómo podemos conocer “los métodos” que usan los agentes del Estado en casos de esta magnitud, desde asfixia –introducen una bolsa de plástico en la cabeza de la víctima-, golpes con la mano en los oídos o el tórax, golpes en la espalda o en las manos con tubos o tabla, violaciones sexuales, en la mayoría de las ocasiones están vendadas de los ojos o atados de las manos.
Esta práctica sistemática y generalizada es recurrente en el estado de Chiapas, son varias las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, casos documentados por organismos defensores de los derechos humanos en el que señalan que perdieron la vida producto de la tortura, como el caso de Ignacio Lara Vidal, quien en el 2005 fue detenido de manera arbitraria por agentes del Estado y sometido a tortura, donde muere en manos de sus perpetradores, uno de ellos el actual Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. (Diálogos en el Sur, No 383).
Otro caso es el de nuestro compañero Javier González Díaz, quien el 17 de julio del presente, aproximadamente a las 10:00 horas fue detenido de manera arbitraria por tres agentes vestidos de civil, custodiados por una patrulla municipal. Con lujo de violencia lo detienen y lo suben a una camioneta con rumbo desconocido.
En el trayecto recibió golpes, amenazas de muerte para que les diera información sobre la organización. No se dio cuenta a qué lugar lo llevaron, pero fue sometido a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes durante 25 horas, tiempo en el que estuvo en calidad de detenido desaparecido. Las autoridades municipales de Villa Las Rosas negaron en todo momento a los familiares tenerlo en sus manos, pese a que en sus propias instalaciones fue brutalmente golpeado.
Por las acciones políticas de masas que realizó la organización lo presentan con vida en un centro de reclusión no legal, lugar donde su hija Magali logra verlo, pero en condiciones inhumanas. Hasta ese momento no sabían el motivo de su detención, ni por qué le habían hecho eso, fue hasta que lo trasladan al CERSS No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas donde le dicen que lo acusan de robo de una motocicleta con violencia.
Luego de ser torturado por agentes del Estado, le fabrican delitos y lo tratan como si fuera un “delincuente”, lo descalifican a través de una campaña de odio y linchamiento mediático por algunos medios de comunicación para justificar el actuar de autoridades e instituciones. Eso habla de prácticas fascistas por gobiernos represivos, autoritarios y proempresariales que no les interesa en lo más mínimo el bienestar del pueblo.
Los ejemplos anteriores desenmascaran la práctica deleznable que ejecutan las administraciones en turno, evidencian que por cada persona detenida la someten a su supuesto método de investigación: la tortura para arrancar confesiones a las víctimas de este deleznable crimen.
El gobierno actual de Rutilio Escandón Cadenas tiene un largo historial criminal, donde su Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca es acusado de tortura y asesinato, su Secretario de Gobierno Ismael Brito Mazariegos tiene denuncia por tortura, los son señalados por las víctimas como torturadores, represores y asesinos; políticos de oficio que son protegidos por las instituciones y el estado de derecho burgués.
Si son políticos de oficio con un historial criminal, ¿por qué son cobijados por un partido político que alude a una transformación en el país?, ¿qué sentido tiene hablar de la cuarta transformación si persisten la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales?
La tortura es una política transexenal, porque independientemente de quien ocupe la silla presidencial se comete y persiste, por tanto, no es válido señalar que es la “herencia de gobiernos anteriores”, porque los mismos funcionarios que hoy ocupan un cargo en las instituciones de gobierno son los que estaban en funciones en las administraciones panista y priista, por tanto, sólo cambiaron las siglas de un partido político a otro para seguir activos en los pasillos institucionales.
Mientras persistan los crímenes de lesa humanidad, las razones de luchar persistirán; mientras los criminales de Estado deambulen por los pasillos institucionales como si no hubieran hecho nada, la denuncia y acciones políticas de masas en las calles continuarán.
Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS