El caso Ayotzinapa ilustra la política gubernamental de impunidad en torno a la desaparición forzada

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2023

A la opinión pública

El caso Ayotzinapa ilustra la política gubernamental de impunidad que prevalece respecto al crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en México, al pretender dar carpetazo a la exigencia de presentación con vida y dar por muertos a los 43 normalistas. Con este proceder se deja de manifiesto la falta de disposición para esclarecer la verdad de los hechos, conocer la condición actual de las víctimas, enjuiciar y castigar a los responsables del cometido del crimen de Estado.

Las instituciones encargadas de procurar justicia para las víctimas actúan de forma indolente, lejos de abonar para dar con el paradero de las víctimas asumen una actitud burocrática e indiferente. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en específico la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población que atiende el Licenciado Alejandro Encinas junto con la Fiscalía General de la República (FGR) conducen a los familiares de las víctimas por un transitar tortuoso que minimiza su justa exigencia.

Desde las estructuras del Estado mexicano existe la actitud de pretender deslindarse de su responsabilidad ante un crimen de lesa humanidad imprescriptible de carácter continuado, en consecuencia, no castigar a los responsables materiales e intelectuales del cometido de este deleznable crimen los coloca en una condición de corresponsables.

El gobierno federal presenta “avances” al caso de los 43 normalistas, sin embargo, éstos buscan eludir la responsabilidad del Ejército mexicano en el cometido de violaciones graves de derechos humanos y con ello favorecer la impunidad que persiste en casos de desaparición forzada del presente y del pasado.

La actitud del Ejecutivo federal en la impartición de justicia ha sido otorgar inmunidad a los responsables materiales del cometido de este crimen: al ejército, al declarar una y otra vez que éste ya entregó toda la información que tenía en sus manos, ello habla de la negativa a coadyuvar para esclarecer la verdad de los hechos y dar con el paradero de las víctimas.

A 9 años del cometido del crimen de lesa humanidad, ¿qué indica la ausencia de castigo a los responsables materiales e intelectuales? significa que entre las instituciones existe una política de impunidad, simulación para atender el caso y escamotear la justicia, el acceso a la verdad y desarrollar mecanismos efectivos para la no repetición de nuevos crímenes de naturaleza profascista.

La justicia debe ser expedita y debe abarcar toda la estructura jurídica y política que planificó el múltiple crimen de Estado que se llevó a cabo la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, porque a 9 años de distancia, las autoridades sólo simulan atención a los familiares de las víctimas y de los implicados en este crimen sólo se abocan en responsabilizar a determinado grupo delincuencial y con ello cubrir con la impunidad a los criminales de Estado.

Dar por muertos a los normalistas significa negar el derecho a la víctima de ser buscado bajo la presunción de vida, representa medrar con el dolor de los familiares y demás seres queridos porque hasta ahora la investigación se centra en encuadrar un crimen de lesa humanidad en un contexto de delincuencia organizada. Pasan por alto las autoridades gubernamentales que el operativo policíaco militar donde fueron detenidos desaparecidos los 43 normalistas fue monitoreado en tiempo real por la denominada mesa de seguridad en Guerrero.

Es inadmisible la pretensión gubernamental de eliminar el carácter político de este múltiple crimen de lesa humanidad, porque su cometido tuvo el objetivo de minar una fuerza político organizativo en el sector estudiantil que lucha por una educación laica, gratuita, científica y de calidad para los trabajadores del campo y la ciudad.

No es fortuito que entre las víctimas se encuentren más de veinte miembros activos de la casa de activistas, tampoco que el Ejército mexicano tuviera elementos infiltrados al interior de la normal, así, como el que se ostenta como único sobreviviente resulta que tiene otra identidad y hoy es arropado en la política burguesa.

El caso Ayotzinapa ilustra el carácter cuantitativo del cometido de la desaparición forzada en nuestro país, expresa similitudes en la intensión gubernamental de extender la impunidad a los perpetradores en el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ambos casos indican la política demagógica, indolente e indiferente para resarcir el dolor a los familiares que exigen ¡presentación con vida!, ¡juicio y castigo a los responsables!

La violencia institucional no desaparece con discursos elocuentes, con expresiones voluntaristas; un verdadero acceso a la justicia pasa inexorablemente por esclarecer con rigor científico los acontecimientos, dar con el paradero de los detenidos desaparecidos o identificar con precisión cual fue su suerte, así como, desarrollar mecanismos efectivos para desterrar el cometido de crímenes tan atroces como la desaparición forzada.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS