Tinta Socialista No. 156. Simulación, dilación, burocratismo y represión es la respuesta institucional para el caso Edmundo y Gabriel

Ciudad de México a 16 de agosto de 2023

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El 10 de agosto del año en curso se cumplió un año de la sentencia del amparo en revisión 51/2020, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; tiempo en el que queda expuesta la política institucional a la exigencia de presentación con vida: simulación, dilación, burocratismo, indolencia, revictimización a los familiares y organizaciones solidarias con el caso.

La sentencia es importante por ser la primera que emite la Corte para un caso de desaparición forzada cometida contra dos revolucionarios, también porque reconoce este crimen no sólo como un delito sino como una grave violación a los derechos humanos. Además, deja el reconocimiento al derecho, de ser buscado, como una obligación del gobierno mexicano para la búsqueda o localización de las víctimas.

A un año de publicarse la sentencia es evidente que las autoridades de manera sistemática han negado la existencia y continuidad de este crimen de lesa humanidad, así como la importancia de realizar acciones de búsqueda e investigación para dar con el paradero de las víctimas.

En este tiempo de haberse emitido la sentencia, los familiares, organizaciones populares y de derechos humanos hemos enfrentado la política de cerrazón de las autoridades e instituciones para acatar dicha resolución; actitudes que no son fortuitas, obedecen a una política dilatoria y simulación del gobierno mexicano para que la justicia sea escamoteada.

Las instituciones que se han resistido a acatar la sentencia en su cabalidad son la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la primera, protege a los responsables materiales e intelectuales del crimen cometido contra Edmundo y Gabriel, garantiza la impunidad a los perpetradores, razón por la que no muestran avances sustanciales en la investigación y mantiene su versión como absoluta.

La segunda institución, es la que más se ha resistido a acatar la resolución, fue la que dilató el proceso de conformación de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), no se presentó en las primeras reuniones; se resistió a citar a declarar a sus mandos militares en instalaciones de la Fiscalía, razón por la que retrasaron la comparecencia de mandos militares como está establecido en la sentencia, a la fecha faltan algunos mandos para que se presenten a declarar; tardó en publicar un extracto de la sentencia en un diario oficial, como el reconocimiento de su responsabilidad; no ha entregado los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel ni ha mostrado ninguna disposición para abrir sus archivos que nos permitan dar con el paradero los revolucionarios.

Los acontecimientos expresan la impunidad que les otorga el gobierno mexicano a los militares en el cometido de crímenes de lesa humanidad, razón por la que se resisten a acatar el mandato judicial en su totalidad, hacerlo rompe con la retórica discursiva de que las “Fuerzas Armadas no son las mismas”, lo que existen son “malos elementos” a los que hay que cambiar o sancionar, sin embargo, por los testimonios de los familiares de las víctimas, ellos son los responsables del cometido de graves violaciones a los derechos humanos, los que en sexenios pasados han estructurado, operado y elaborado planes contrainsurgentes contra el pueblo organizado y no organizado.

La lucha por exigir que se acate esta resolución se ha dado en un contexto de represión, descalificación, criminalización, calumnias y el cometido de más crímenes de lesa humanidad contra las organizaciones que nos hemos solidarizado con el caso Edmundo y Gabriel.

En el mes de mayo del año en curso iniciamos la Jornada nacional de lucha por justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta, actividad política en la que recorrimos los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, para dar a conocer la importancia de esta resolución judicial e invitar a otros familiares para que la conozcan y hagan suya la sentencia, que como hemos dicho en otras ocasiones, abre las puertas a los cientos de miles de casos de desaparición forzada en el país.

Antes de iniciar con la Jornada nacional de lucha fuimos objeto de hostigamiento, represión, señalamientos dolosos, descalificación, calumnias, así como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la intención gubernamental era impedir el desarrollo de la actividad política.

El 26 de febrero de 2023 detienen de manera ilegal y desaparecieron de manera forzada al compañero Daniel Gómez Sántiz a la altura de la comunidad de Santa Rita, municipio de Ocosingo, Chiapas; los perpetradores fueron el grupo paramilitar Los Petules, quienes actuaron con la aquiescencia del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Por la denuncia, acciones de protesta y las acciones de los buenos oficios de organismos internacionales de derechos humanos lo presentan con vida.

El 28 de marzo de 2023, la policía municipal y la Fiscalía General del Estado de Michoacán desalojan, detienen de manera arbitraria y torturan a compañeros de la colonia Emiliano Zapata, municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

El 23 de julio de 2023, torturan, desollan y ejecutan de manera extrajudicial al compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, en el barrio de Tlachinollapa, Chapopote Chico, municipio de Chalma, Veracruz.

Antes del crimen cometido contra el compañero en una cuenta de facebook que, por el contenido su origen es policíaco militar, publicaron un organigrama con nombres de compañeros de distintas comunidades organizadas en torno al FNLS en Hidalgo y Veracruz con la intención de justificar graves violaciones a los derechos humanos en su contra. En cuanto publicaron los nombres, el compañero Gregorio fue torturado, desollado y ejecutado de manera extrajudicial.

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez actúo con indolencia, prepotencia y desdén, públicamente señaló que el crimen cometido fue una riña entre borrachos, incluso se atrevió a decir que fue entre sus mismos compañeros.

El 13 de agosto de 2023 detienen de manera ilegal, por más de media hora, a los compañeros Ricardo Bustos Hernández y Natalio Cruz Ruiz, por elementos de migración, la policía estatal y la marina, en un retén en Acayucan, Veracruz. Ellos regresaban de la ciudad de Coatzacoalcos de una actividad política en el Cereso Duport, lugar donde está preso injustamente nuestro compañero Higinio Bustos Navarro.

Ricardo Bustos Hernández es hijo del compañero Higinio Bustos Navarro, preso político por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz; él es quien exige al gobierno de veracruzano la libertad inmediata de su padre, lucha por la que es criminalizado y tratado como delincuente por elementos policíacos y militares.

Nos queda claro que los acontecimientos no son hechos aislados, mucho menos son producto de mentes perversas, obedecen a una política represiva del Estado mexicano contra integrantes de nuestra organización, por solidarizarnos con los familiares de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez para exigir su presentación con vida y se acate la sentencia del amparo en revisión 51/2020 emitida por la SCJN.

No vamos a dejar de exigir la presentación con vida de los dos revolucionarios, así como la de cientos de miles de víctimas de desaparición forzada en el país, mientras la simulación sea política de gobierno, la denuncia política debe continuar; mientras las calumnias, señalamientos dolosos y las graves violaciones a los derechos humanos permanezcan, las calles serán la tribuna para realizar actividades de protesta y no callar ante los crímenes cometidos contra integrantes de nuestra organización.

Atentamente

Frente Nacional de lucha por el Socialismo
FNLS