Fragor y resistencia No 2. La violencia institucional en el Estado de México

Estado de México a 07 de agosto de 2023

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En el Estado de México a diario se cometen actos de violencia contra el pueblo trabajador, en los últimos 3 años se ha convertido en uno de los tres estados con mayor índice de violencia institucional de la república mexicana. En la entidad mexiquense cada vez es mayor el cometido de asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas.

Esta violencia institucional tiene origen en la forma en que se organiza la sociedad a partir del domino de los intereses de las grandes empresas, de los grupos de poder económicos y políticos que buscan mantener al pueblo adormecido y temeroso ante las injusticias que se viven a diario.

Fenómeno que se vive en México desde hace muchos años, que ahora se recrudece por la lucha intestina entre los partidos electorales, empresarios y políticos de oficio, sumado a la descomposición social que atraviesa el capitalismo y las evidentes contradicciones que conducen al pueblo a mayores penurias, pobreza y degradación.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la entidad registró 2 mil 257 asesinatos en el año 2022, cifras oficiales que dejan mucho que desear por la magnitud de la violencia institucional que el pueblo experimenta día con día.

Esta violencia la ejecutan de forma directa o indirecta las diversas corporaciones policíacas y militares, las fuerzas paramilitares o los grupos de choque del Estado; ya sea por omisión, comisión o aquiescencia la violencia institucional es política de gobierno que se padece en todo el país, enfocada fundamentalmente contra los trabajadores del campo y la ciudad. Toluca, Ecatepec, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli son los municipios donde existen mayores actos de violencia institucional, a la vez son las localidades con los índices más altos de miseria y pobreza.

El atribuir la violencia exclusivamente al crimen organizado, principalmente en el sur del estado, está en función de diluir la responsabilidad del Estado en el cometido de diversas violaciones a los derechos humanos, y negar el origen de la violencia contra el pueblo como un fenómeno sistémico e institucional.

El discurso que señala que los actos de violencia son ajenos al Estado y que tiene origen exclusivo en la delincuencia organizada y el narcotráfico, se utiliza por las administraciones de gobierno para evadir su responsabilidad, a la vez que le es funcional para infundir terror en el pueblo para que deje de organizarse o que no se organice de manera independiente, que no ejerza crítica política contra el régimen opresor.

Retórica que es utilizada desde los gobiernos panistas, priistas y ahora morenistas, lo que devela la práctica de la violencia institucional como un hecho sistémico y transexenal. Es evidente que lo único que les importa a los políticos de oficio es mantener el juego electoral y atraer la simpatía de las masas para garantizar y mantener su estatus político y sus canonjías.

Cuenta de ello son las anticipadas acciones de campaña de todos los que tienen interés en ocupar la silla presidencial en el 2024, con circo, maroma y teatro se presentan los precandidatos ante el pueblo con las mismas prácticas que en los mejores años priistas.

La presunción de la reducción en los asesinatos a nivel nacional desde el ejecutivo federal no tiene el objetivo de resolver el fenómeno ni llevar justicia a las víctimas, es un mecanismo demagógico que beneficia sus intereses políticos electorales.

El objetivo del Estado, respecto a la violencia que padece el pueblo, no es eliminarla ni combatirla, sino mantener el régimen de explotación y opresión a toda costa; lo perverso de las administraciones que se presumen de izquierda es que no combaten el problema de fondo y esencia, sino engañan al pueblo al mostrar un rostro humano y progresista, mientras continúan las prácticas que infunden terror en la población por medio del cometido de crímenes de lesa humanidad.

Es de preocupar que en los estados en los que gobierna MORENA se ha recrudecido la violencia contra las organizaciones populares y las masas trabajadoras. Ejemplo de ello es Baja California, que ocupa el segundo lugar en asesinatos a nivel nacional; Zacatecas donde el desplazamiento forzado tiene una tasa muy alta; Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz donde hay presos políticos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en mayor índice que en otras entidades.

Tal es el caso de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, cometida el 23 de julio del presente año, el cual fue torturado y asesinado con prácticas contrainsurgentes aprendidas en las escuelas norteamericanas y aplicadas por las fuerzas especiales castrenses.

Crimen de lesa humanidad que para el gobierno federal no tiene importancia, su preocupación estriba en criminalizar nuestras acciones políticas de masas. Sumado a ello, el representante del gobierno de Veracruz desdeñó el hecho y lo redujo a una “pelea de borrachos”, con lo que criminaliza a nuestra organización, nuestro compañero y nuestras actividades de protesta.

Desde las instituciones gubernamentales se pretende negar la condición política de nuestro compañero como integrante de una organización popular e independiente que luchó por el legítimo derecho a la posesión de la tierra, que se organizaba para generar mejores condiciones de vida para el pueblo de México.

El gobierno morenista del estado de Veracruz criminaliza la lucha popular independiente y niega la justicia para el pueblo, es decir, ejerce continuamente la violencia institucional. Similar es el caso del gobernador de Chiapas que desde el inicio de su administración emprendió una violenta campaña con la intención de eliminar a las organizaciones populares, así como el gobernador de Michoacán que reprime a quienes protestan y exigen el cumplimiento de sus derechos.

El cambio de gobierno de un partido electoral por otro no es garantía del cese de la violencia contra el pueblo, éste es el panorama a nivel nacional, que se vive también en el Estado de México, donde la violencia institucional es el pan de cada día del pueblo trabajador.

La responsabilidad de la gobernadora electa de MORENA implica no continuar con las prácticas de terrorismo de Estado y permitir el desarrollo de la organización popular independiente, sin embargo, el panorama es desalentador, por las pugnas internas y los personajes que saltan de los partidos de la oposición y ahora se presentan como “trasformadores” morenistas.

Si la violencia que vivimos es producto del sistema capitalista, su solución no se encuentra en las manos de los políticos de oficio ni de los partidos electorales; la fuerza y representatividad del pueblo se materializa en la organización popular e independiente, ajena a las formas y prácticas que corporativizan al pueblo y lo convierten en mero instrumento para el beneficio de unos cuantos.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS