Análisis y opinión. Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra periodistas son la expresión de la violencia institucional

Ciudad de México a 12 de julio de 2007

A la opinión pública

Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores de la comunicación son la expresión de la violencia institucional y la descomposición social que existe en toda la geografía mexicana; práctica gubernamental que tiene continuidad a través de los diferentes sexenios panistas, priista y morenista.

La desaparición forzada y posterior asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez es responsabilidad del Estado mexicano, aunque el gobierno federal argumente que su administración no ordena el cometido de estos, desde el momento en que no garantiza las condiciones necesarias para que el pueblo mexicano viva sin miedo, sin un ambiente de terror o de violencia que afecte sus hogares, trabajo y familia se convierte en corresponsable.

El crimen cometido contra el periodista es eminentemente político, su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico, maniatado y con un mensaje clavado en el pecho que decía “publiquen lo que quieran, pero con la familia no se metan”, ello tras robarse su computadora, disco duro y teléfono. Los acontecimientos evidencian que las prácticas de terrorismo de Estado persisten, en la humanidad del periodista cometieron múltiples violaciones graves a los derechos humanos.

El terrorismo de Estado persiste, aún se manifiestan prácticas de esta política deleznable, mientras el gobierno federal sostenga la tesis de la delincuencia organizada, mantiene la política de los sexenios anteriores: justificar la militarización para combatir al supuesto enemigo interno con el propóstivo de evitar la protesta popular y las voces críticas a su política de gobierno.

Un hecho queda evidenciado, por ejercer los derechos a la libertad de información, manifestación de ideas e información, los trabajadores de la comunicación son sometidos a múltiples violaciones a los derechos humanos o a descalificaciones dolosas, lo dicho habla de la política indolente e indignante del gobierno mexicano respecto a estos casos.

No es suficiente que desde la oficialidad reconozcan el cometido del crimen sin que haya justicia y se castigue a los perpetradores, mucho menos que el caso sea visto como un asunto local, verlo de esa manera le quita responsabilidad al gobierno federal respecto a erradicar el cometido de crímenes de lesa humanidad y garantizar una investigación pronta, axhaustiva, independiente y eficaz.

El múltiple crimen cometido contra el periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez se suma a la de otros colaboradores de medios locales, Osiris Maldonado de la Paz, quien fue detenido desaparecido el 3 de julio de 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJN) anunció que fue encontrado con vida.

Jonathan Lora Ramírez, fue detenido desaparecido el 7 de julio de 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJN) anunció que fue encontrado con vida. Los dos casos ocurrieron en la misma zona donde fue detenido desaparecido Luis Martín. Los tres periodistas, según fuentes informativas en algunos momentos llevaron a cabo investigaciones conjuntas.

La otra desaparición forzada que aconteció del fotoperiodista Juan Carlos Hinojosa Viveros, fue visto por última vez en la zona de la Factoría en Nanchital, Veracruz, el 7 de julio de 2023. Trabaja como editor del portal La de 8News, cubre temas de migración y recientemente incendios en la zona industrial. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Cuatro casos de periodistas detenidos desaparecidos en una semana, dos de ellos presentados con vida, eso habla de la magnitud de la violencia institucional que enfrentamos las masas trabajadoras día con día, la cual en lugar de disminuir aumenta.

La desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los trabajadores de la comunicación son prácticas de terrorismo de Estado que tienen continuidad en una administración que habla de respetar la libertad de expresión y los derechos humanos, sin embargo, la realidad que vivimos cientos de miles de mexicanos contradice el discurso oficial, los crímenes cometidos contra los periodistas son la prueba irrefutable de que las instituciones sólo simulan investigar los hechos y mantienen en la maraña burocrática a los familiares de las víctimas para justificar que sí trabajan.

La lista de trabajadores de comunicación asesinados en este sexenio es una muestra de que a través de la privación ilegal de la vida silencian la voz de una parte del pueblo que dedica su vida a la profesión de la información; en lo que va del año 2023 los periodistas asesinados son Gerardo Torres Rentería de Guerrero; Abisaí Pérez Romero de Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa de Baja California; Carlos Acosta de la Ciudad de México; Marco Aurelio Ramírez Hernández de Puebla y el más reciente Luis Martín Sánchez Íñiguez.

Es indignante que el gobierno federal hable de 110 mil víctimas de desaparición forzada y que éstas aumenten conforme pasan los días, indicativo de que no se hace nada por erradicar el cometido de éstos deleznables crímenes, eso habla de la indolencia gubernamental respecto a este fenómeno que ha lacerado a cientos de miles de hogares en el país.

Lo irónico es que mientras personajes de la política gubernamental se preparan para la contienda presidencial, recorren el país y derrochan cantidades de dinero para hacer publicidad, el pueblo trabajador enfrenta la violencia, el cometido de crímenes de lesa humanidad contra sus seres queridos.

La política de gobierno respecto a la desaparición forzada consiste en mantener la impunidad para los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, pretende fincar responsabilidad en gobiernos anteriores y en los eslabones inferiores de la cadena de mando, razón por la que mandos militares o agentes policíacos no han sido enjuiciados y castigados por el cometido de crímenes de lesa humanidad.

La necesidad de denunciar el cometido de crímenes de lesa humanidad es una prioridad, lo mismo que se erradique el cometido de estos flagelos, mientras se simule que se busca a las víctimas, las desapariciones forzadas van a continuar; mientras la indolencia y desprecio institucional esté presente, la impunidad será política de gobierno; mientras la militarización sea política de gobierno, los perpetradores continuarán con el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS