Análisis y opinión. La policía de la CDMX comete violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador

Ciudad de México 3 de julio de 2023

A la opinión pública

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) sostiene en su discurso oficial que cuenta con una policía ejemplar, la cual es difícil de corromper porque su deber es velar y proteger la seguridad de los capitalinos, no obstante, la realidad que viven miles de hogares proletarios expresa que agentes policíacos o funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la entidad cometen violaciones a los derechos humanos.

Las detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, cateos irregulares, extorsión, robo, tortura, privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte, fabricación de delitos, siembra de drogas o falsificación de pruebas son actos violatorios a los derechos y libertades políticas de la población que cometen los policías, agentes del ministerio público, fiscales, jueces o autoridades de la CDMX.

La actuación de los agentes policíacos o funcionarios públicos no son sucesos esporádicos, ocurrencias de mentes perversas o hechos al azar por agentes corruptos o malos elementos, sino que es política de gobierno, una expresión de la violencia institucional que permea en toda la geografía mexicana.

El origen de la violencia tiene origen en las estructuras represivas del Estado, de ésta emanan las distintas formas de la violencia institucional que atentan contra la dignidad humana, lo que indica que, por cada grupo de supuestas bandas o delincuentes figura un policía en activo o expolicía como jefe de dichos grupos delictivos.

En el cometido de violaciones a los derechos humanos están involucrados miles de policías o funcionarios de las distintas secretarias relacionadas con la seguridad y justicia, fuentes periodísticas y especialistas en la materia señalan que 4 mil 457 servidores públicos, policías o funcionarios han sido denunciados por abuso de autoridad o prepotencia y, que las instancias de justicia tienen un alto grado de opacidad sobre la comisión y penalización de ese delito.

El actuar de la policía refleja el grado de descomposición social de las corporaciones policíacas, los actos violentos, tratos crueles inhumanos y degradantes que se vierten contra otro ser vivo los convierte en seres desclasados a quienes no les importa violentar la dignidad y tranquilad de sus hermanos de clase, actitud que los deshumaniza y los hace sentirse superiores a cualquier otro, aunque vivan en el mismo barrio, colonia o vecindad.

Los acontecimientos sucedidos con la empresa Black WallStreet Capital es una muestra de cómo actúa la policía de la CDMX y la fiscalía de la entidad, caso en el que cometieron abuso de autoridad, robo de dinero, falsificación de pruebas, sembraron armas y drogas, además de robarse el dinero que tenía la empresa, mismo que no fue reportado a las autoridades.

Los abogados de la empresa después de presentar evidencias y señalar la actuación ilegal de la policía detienen a los agentes policíacos, los cuales son señalados por abuso de autoridad, pero el robo de las pertenencias no fue señalado por los jueces.

Lo mismo sucedió con el empresario José Antonio Uribe y su esposa, quienes el 16 de marzo de 2023 fueron víctimas de abuso de autoridad, prepotencia, robo, les sembraron drogas y armas, además de ser señalados y acusados por delitos que no cometieron. Fueron detenidos y trasladados a la FGJ CDMX.

Ellos denuncian que les robaron dinero, joyas y cosas que tenían en su departamento, así lo grabaron las cámaras de la entrada al edifico donde se encuentra su domicilio. Tuvieron que pasar tres meses detenidos a fin de que el juez les dijera que no había ningún delito que perseguir, salieron exonerados. Mientras tanto, el hecho traumático y el tiempo que pasaron en la cárcel nadie se los va a recuperar.

El 9 de julio de 2022, a las 12:00 horas policías de la FGJ de la CDMX entraron a la casa de una familia en la alcaldía Atzcapotzalco de manera prepotente con armas y amenazas de detención, le quitaron los celulares al matrimonio. Las víctimas les pidieron a los policías que se identificaran, pero no lo hicieron.

Posteriormente al hecho, la familia interpuso una demanda penal contra los agentes policíacos que realizaron el cateo en su casa por el robo de 20 mil pesos, joyas y una computadora, aspecto por el que fueron amenazados de muerte por los mismos agentes policíacos.

Con el tiempo, el matrimonio se enteró que los agentes policíacos iban por una supuesta narcotienda marcada con el número 87, pero entraron a su domicilio, el cual tenía el número 85, el cuestionamiento es ¿Por qué entraron a su casa si la orden de cateo estaba con un domicilio cuyo número era el 87? El matrimonio señaló que el operativo duro tres horas, tiempo en el que fueron amedrentados, amenazados y agredidos por los agentes policíacos.

En los tres casos señalados, quien encabezó los operativos fue el agente Erik Armando P, Ministerio Público de la FGJ de la CDMX, en los que cometió abuso de autoridad, robo de partencias, alteración de los hechos, amenazas de muerte y otros agravantes. Los dos primeros casos fueron evidenciados por tratarse de empresarios, no obstante, lo que ahí se observo es lo que se ve todos los días en la capital del país, sólo que no son evidenciados en la misma magnitud.

Las preguntas persisten, ¿qué hacen con el dinero y pertenencias que sustraen?, ¿por qué la policía de la SSC no había actuado contra esos elementos policíacos? Si ya había denuncias interpuestas por las víctimas de abuso de autoridad y robo cometidas por los elementos policíacos, ¿qué otra autoridad está involucrada en estos casos?, ¿por qué el juez que ordenó realizar estos cateos no ha sido sancionado de la misma manera?, ¿Cuántos casos más sucedieron en las mismas dimensiones?

Al igual que los casos anteriores, muchos capitalinos denuncian ser objeto de extorsión, abuso de autoridad, tortura, secuestro o cualquier acto ilícito por elementos policíacos quienes escudados en la investidura de servidores públicos se dedican cometer violaciones a los derechos humanos, ya sea en sus tiempos libres o en activo.

Los hechos ocurridos en períodos de tiempo distinto develan que la descomposición está al interior de las corporaciones policíacas, son los que cometen violaciones a los derechos humanos bajo el disfraz de autoridad policíaca. Aunque oficialmente se diga que la policía de la CDMX respeta los derechos humanos y se capacita para ello, la realidad expresa que si los transgreden de manera constante.

Llama la atención que estos elementos policíacos hallan aprobado los exámenes de confianza que aplica la SSC, eso sólo indica que los exámenes son para nutrir a las corporaciones policíacas de sujetos desclasados, serviles a los intereses de los grupos de poder político y económico que representan.

Las academias, escuelas o universidades de policías son el semillero de la corrupción, de la descomposición social, las enseñanzas no son para proteger al ciudadano, sino cómo aprender a reprimir, cómo violentar los derechos humanos y cómo defenderse ante un señalamiento por tal transgresión, por lo que no esperemos que las corporaciones policíacas son los que van a proteger o hacer justicia al pueblo trabajador.

Lo sucedido en la CDMX es un botón de muestra de lo que existe en el territorio nacional, no es exclusivo de una entidad federativa, sino que es parte de una política transexenal, generalizada y sistemática que tiene continuidad sexenio tras sexenio; independientemente de quien asuma la silla presidencial se transgreden los derechos y libertades políticas del pueblo trabajador.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS