La violación a los derechos humanos y constitucionales sigue presente en la actual administración federal y estatal

Tapachula, Chiapas a 2 de diciembre de 2022

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A la opinión pública

La violación a los derechos humanos y constitucionales sigue presente en la actual administración federal y estatal

En el país y en el estado de Chiapas, la violación sistemática de los derechos humanos y constitucionales es una constante en la actual administración federal y estatal. Las promesas de no reprimir, perseguir y hostigar a las organizaciones del pueblo quedaron en palabras sin contenido. El testimonio de organizaciones estudiantiles, populares, magisteriales y de derechos humanos desnudan la demagogia oficial que niega la existencia de flagelos que laceran al pueblo.

La estadística oficial refiere la existencia de más de 106 mil víctimas del crimen de lesa humanidad como es la desaparición forzada de personas. Crimen de Estado que desangra cientos de miles de hogares del pueblo trabajador. El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya marca una pauta jurídica y política para arribar a la justicia ninguneada por las respectivas autoridades gubernamentales.

La ley y la cárcel constituyen el binomio de represión con la cual los gobiernos estatales y federales pretenden castigar la disidencia política con carácter independiente. El caso del compañero Higinio Bustos Navarro es ilustrativo para indicar la sevicia con que se dirigen los gobiernos de Morena contra los luchadores sociales. En esta misma condición se encuentran los gobernadores de Michoacán, Puebla, Tlaxcala y desde luego, Chiapas.

La política de gobierno de quienes comparten sigla partidista con la administración federal, se distingue por la represión, criminalización de la pobreza y protesta popular. En Chiapas, un gobierno de carácter represivo, donde las acciones de protesta y descontento del pueblo, son tratados con el tolete, el gas y la bota policíaco militar. El ejemplo claro es el desalojo y amenazas de detención arbitraria emitidas por el delegado de gobierno contra compañeros del FNLS en el volanteo en el kilómetro 10 del tramo carretero Tapachula-Talismán el día 22 de noviembre de 2022.

Lejos de atender las necesidades populares, el gobierno chiapaneco desarrolló una campaña de difamación con señalamientos que criminalizan la protesta. El delegado de gobierno de la región Costa-Soconusco que se hizo presente en la actividad de volanteo sostuvo que nuestra protesta “reprime” al pueblo, cuando en los hechos, fue él quien lanzó amenazas de represión, al señalar que con él todavía se puede platicar, pero que cuando llegara la policía ya no.

Medios de comunicación tendenciosos se sumaron a los infundios, cada una de sus conclusiones sacaron a relucir su apego al dicho oficial sin reparar en la objetividad de los hechos.

El gobierno del estado, en contubernio con la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), lanzan amenazas contra compañeros de nuestra organización de la región, tales como el desconocimiento de los acuerdos signados a través de la Preliminar de Consignación que se encuentra en los expedientes número 888/1996 radicado en el Juzgado Primero del Ramo Civil en Tapachula y el 216/996 del juzgado civil en el municipio de Huixtla, Chiapas.

El servicio de energía eléctrica es un derecho del pueblo, conquistado por medio una lucha histórica. Resulta contradictorio las altas tarifas en el estado cuando es sabido por todos que una parte importante de generación eléctrica se encuentra en nuestra entidad.

La maniobra gubernamental de enfrentar pueblo contra pueblo es perversa, sostiene que las altas tarifas son “culpa” de los que están en defensa del derecho a la energía eléctrica como un derecho humano y constitucional. Con ello, pretende iniciar una lucha entre hermanos de clase y justificar el robo que hacen al bolsillo de los trabajadores con las altas tarifas.

La privatización de los recursos naturales y energéticos tienen sus efectos nocivos en el alto costo para acceder a ellos por el pueblo trabajador, es una gran contradicción que a pesar de la abundancia de éstos en nuestro país y en particular de nuestro estado, los chiapanecos debamos pagar una alta tarifa por energía eléctrica, agua y gasolinas.

El costo de la vida cada vez es más caro, la estadística de pobreza y miseria incrementan día con día, hechos que no corresponden con el discurso que promueven desde las autoridades gubernamentales. Nos dicen que los altos precios son por la inflación, la guerra y la pandemia, pero no nos dicen que el origen está en la explotación económica que beneficia a los grandes empresarios.

El pueblo explotado y oprimido debe luchar y defender cada una de las conquistas históricas que otras generaciones nos han legado. No es tiempo de confiar ciegamente en las promesas de políticos de oficio, quienes ya empiezan a perfilar sus intereses personales de aspirar a puesto de elección.

Es momento de salir a las calles, avenidas y a la plaza pública, para denunciar las violaciones a los derechos humanos, exigir que se cumplan las libertades políticas del pueblo. La protesta es un derecho irrenunciable.

Atentamente
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos!
¡Libertad de todos los presos políticos!
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS