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En Ocosingo, bajo el argumento de poner orden, se viola los derechos humanos de los trabajadores.

jeudi 15 mai 2025, par Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de mayo de 2025

REALIDAD Y ANÁLISIS DEL FNLS : REPRESIÓN, RASGO DEL GOBIERNO EN TURNO

La represión institucional y las contradicciones interburguesas destacan como los rasgos del gobierno en sus tres niveles, donde poco a poco emerge en su verdadera naturaleza, como un gobierno burgués que ejerce el monopolio de la violencia para garantizar los intereses del capital.

La administración local del municipio de Ocosingo tiene los mismos síntomas que el gobierno estatal y federal, padece de un conjunto de contradicciones internas y externas que marcan la ruta en la cual avanza la vida política en el municipio, es expresión del reacomodo de intereses políticos y económicos.

Las contradicciones internas reflejadas en los problemas políticos y sociales en el municipio de Ocosingo es la manifestación concreta del reacomodo constante de las estructuras gubernamentales, a causa del conjunto de intereses de los grupos de poder económico y político que se expresan en los diferentes partidos políticos que han gobernado la cabecera municipal, donde la forma de relacionarse se da a partir de la competencia insana, un rasgo propio del sistema capitalista que conforme pasa el tiempo avanza en un proceso de descomposición, traducida, en el argot popular como chingarse al más débil.

La configuración de intereses económicos y políticos en el municipio se manifiesta en la disputa por el poder presidencial donde desfilan actores políticos presididos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), grupos de poder económico que se disputan el control de prebendas, clientela política, un lugar en las estructuras gubernamentales, con el ánimo de dejar de ser políticos de oficio para convertirse en empresarios y ser parte de esa élite social que desea vivir del trabajo ajeno.

A su paso y en torno a esas contradicciones poco les importa la condición de los campesinos pobres, de los sectores populares que día a día sobreviven en la producción de autoconsumo o en el autoempleo ; su proceder como políticos de oficio al aplicar las políticas gubernamentales tiene como consecuencia la división y la discordia entre pueblos, como un mecanismo de la doctrina contrainsurgente para garantizar el control social, fenómeno que desde la institucionalidad se le denomina estabilidad social.

Morena es un partido político que se aferra a un discurso de combate a la corrupción, pero que en su seno se fermentan contradicciones y que se hacen evidentes a nivel estatal, por ejemplo, actos de corrupción, impunidad, represión y la violación a los derechos humanos del pueblo, son algunos fenómenos que marcan el panorama sociopolítico de todo el Estado.

Los hechos represivos cometidos contra vendedores ambulantes en la cabecera municipal de Ocosingo, es una prueba fehaciente de las contradicciones del partido político que preside el municipio, ésta se traduce en la violación al derecho al trabajo y a una vida digna, el acto se contrapone a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo la recurrencia del establecimiento del orden legal, la supuesta estabilidad y la llamada paz, las órdenes de los políticos de oficio se convierten en la violación a los derechos humanos y constitucionales. Reprimir al pueblo que lucha por sobrevivir significa criminalizar la pobreza, independientemente de la posición política que tenga, el uso de la fuerza policíaca sólo puede acarrear actos de violencia contra el pueblo.

Resulta inadmisible que en nombre del orden se termine por violar los derechos humanos y constitucionales ; el orden legal bajo un sistema capitalista solo puede significar la imposición de las leyes que favorecen a la clase que detenta el poder, y en el país lo tiene la burguesía. Ponderar el orden legal sin atender las causas de los fenómenos sociales es colocar justificaciones o pretextos políticos, mediáticos o tecnócratas para ejercer la represión, porque nada es fortuito en política, menos si se trata de las formas gubernamentales de hacer política.

La premisa del orden legal está fincada en la obtención de más recurso económico bajo la aplicación de una política represiva, en esencia, dicha medida consiste en desangrar al pueblo, se traduce en mayor espoliación en detrimento del pueblo trabajador.

Aquí es donde radica la creación de los cuerpos de reacción inmediata, una corporación policiaca denominada Tsots Choj, cuya función es actuar de manera represiva en cuanto la inconformidad se organice, su función se basa en poner “orden y pacificar” Ocosingo, es decir, ejecutar la violencia institucional.

La política represiva es responsabilidad de los que hoy son gobierno, los políticos de oficio que ahora destacan como Yerat Trujillo Rodríguez, se colocan frente al pueblo como sus verdugos que bajo la falsa bandera popular aplican el estado de derecho burgués.

Detrás de la política represiva esta la defensa y promoción del capital monopolista, de ahí que se reprima al vendedor ambulante, al transportista, y se generen todas las condiciones a empresas como Oxxo, Chedraui y Aurrera. Llega a tal grado el cinismo y la supeditación al capital que, algunos políticos de oficio promocionan estos negocios como “desarrollo y progreso”.

Desarrollo, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la define como “Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”, sin embargo, la economía de Ocosingo no tiene ese objetivo para el pueblo, no es progresiva si no beneficia a la clase trabajadora, por el contrario, sí es favorable para la “iniciativa privada”.

A ese panorama, se suma las maniobras legaloides que favorecen la impunidad para los perpetradores de las prácticas de terrorismo de Estado en el municipio, fenómeno que se traduce en que las demandas de justicia de las víctimas de la violencia institucional no son contempladas.

Es de dominio público la detención de funcionarios de la administración local por delitos del fuero común y federal, hechos que han cobrado relevancia en la opinión pública porque mediáticamente se presentan como castigos ejemplares a fin de presentarlos como actos de justicia bajo el eslogan “cero impunidad”, sin embargo, el revuelo de dichas detenciones que se dio a nivel mediático esconde la magnitud de la red de complicidades ante las corruptelas.

En ese contexto omiten la demanda de justicia de los familiares de víctimas de las prácticas de terrorismo de Estado, relevancia particular tiene la exigencia de los familiares de víctimas de desaparición forzada en la entidad, como es el caso de la demanda pendiente, presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.

Si en Ocosingo también se habla de paz, de “cero impunidad” ¿por qué no se hace mención de los perpetradores de la desaparición forzada en la región ? En este caso, del actuar impune de los grupos paramilitares en la región.

El paramilitarismo como una herida sangrante y abierta del pueblo ocosinguense se mantiene y no ha sido tratado con el pétalo de una recomendación en materia de derechos humanos.

Al respecto, no hay indicios de que las autoridades pretendan su desarticulación, por el contrario, dan señales de administrar el fenómeno, de manera particular, en detrimento del pueblo organizado de manera independiente.

La realidad económica, política y social de Ocosingo es el reflejo de las contradicciones internas y externas en la administración local, fenómeno que no es ajeno a la situación económica y sociopolítica de México, que de igual manera destacan otro tanto de contradicciones del partido político que gobierna el país.

Mientras políticos de oficio declaran que en Ocosingo prevalece el orden, la paz y “cero impunidad”, niegan con descaro la exigencia de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas.

Por el desarrollo de los acontecimientos se observa que la represión va configurándose como política de gobierno, su ejecución da señales de su generalización en el país, donde el papel de los gobiernos morenistas es notable, mandatar la ejecución de la violencia institucional a través de sus fuerzas policíaco militares.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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