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Tinta Socialista No 145. La detención arbitraria de 17 compañeros del FNLS en el Estado de México viola derechos constitucionales y humanos

Martes 15 de noviembre de 2022, por Ciudad de México

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022

A la opinión pública

Descarga aquí Tinta Socialista No 145

La detención arbitraria de 17 compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el municipio de los Reyes, La Paz, Estado de México, por elementos de la policía municipal y estatal es represión; práctica institucional que viola tajantemente los derechos a la libertad de expresión, manifestación de ideas y organización, por tanto, anula el derecho a la protesta.

El acto de represión se da en el marco de la Jornada nacional de lucha por justicia, libertad, presentación y el derecho a la protesta, que iniciamos en agosto de 2022 a través de diversas actividades de protesta en los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla y la Ciudad de México.

En la capital del país es donde mantenemos el platón popular afuera de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) en espera de que las autoridades acaten en su cabalidad el fallo que emitió la máxima instancia judicial en el país, a favor de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, quienes asentado está en su expediente jurídico, fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca por elementos del Ejército, la Marina, las policías federal, estatal y municipal.

Un reglamento municipal o estatal no puede estar por encima de la Carta Magna, mucho menos de los derechos humanos que tiene el pueblo trabajador, no se necesita un permiso institucional para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos o la libertad de los presos políticos, porque se trata de graves violaciones a los derechos humanos que atentan contra la vida, la libertad y la seguridad de la persona, por tanto, el gobierno que reprima por pegar un cartel en la calle sólo refleja su política autoritaria e ideas profascistas.

Los reglamentos municipales o estatales condicionan el derecho a la protesta, por ende, a la libertad de expresión, manifestación u organización; el gobierno que somete a esa disposición al pueblo que realiza actividades de denuncia transgrede los derechos humanos, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia, en este caso se hizo por comisión, porque fue un acto avalado por una autoridad judicial y agentes de Estado.

Las faltas administrativas que imponen instancias judiciales por pegar carteles en la calle transgreden el derecho a difundir nuestro pensamiento e ideas, en este caso prohíben el derecho a denunciar las desapariciones forzadas cometidas en el país, así como la detención arbitraria y reclusión de luchadores sociales por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y organizarse en el FNLS.

La policía municipal de La Paz y estatal del Estado de México que detuvo a los compañeros actuó con prepotencia, abuso de autoridad, amenazas, golpes e insultos, contra sujetos políticos, hombres y mujeres que de manera voluntaria y consciente decidieron solidarizarse con los familiares de los detenidos desparecidos, en específico de los revolucionaros Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, y nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; asimismo, exigir la libertad de nuestro compañero Higinio Busto Navarro, preso político por el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz.

Entre los detenidos estaba el compañero Ricardo Bustos Hernández, quien exige al gobierno mexicano la libertad de su padre Higinio Bustos Navarro; la compañera Geineli Magali González Alfonso, integrante del Comité Nacional Voces de Libertad; el compañero Rosalino Bustos, Integrante de la Comisión Especial del Búsqueda del caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; dos menores de edad, mujeres y jóvenes, todos integrantes del FNLS.

Los compañeros desarrollaban actividades de propaganda política, pegaban carteles en las calles para denunciar la existencia de presos políticos en el país, en específico, difundir el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, preso político por el gobierno morenista de Veracruz, a quien mantienen preso por pertenecer al FNLS, defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, así como exigir la presentación con vida de los dos revolucionarios Gabriel, Edmundo y la del compañero Fidencio Gómez Sántiz.

Resulta perverso y expresa su carácter autoritario que el juez de lo civil haya intentado obligar a los detenidos a firmar un documento en el que la policía municipal de La Paz y estatal del Estado de México quedaban sin responsabilidad por los golpes, jaloneos y amenazas que cometieron contra nuestros compañeros, eso expresa la revictimización de los familiares y pueblo organizado que exige justicia, todavía que son víctimas de la violencia institucional son tratados con indolencia, desprecio e indiferencia.

También evidencia la impunidad con la que actúan los cuerpos policíacos y la inmunidad que les otorgan funcionarios e instituciones, por eso se sienten dueños de la vida de las masas trabajadoras, porque la ley burguesa los protege y ampara.

Prohibir pegar un cartel con el rostro de los detenidos desaparecidos o presos políticos es un acto de criminalización de la protesta popular como política de gobierno; práctica gubernamental que se comete en todo el país, independientemente del partido político que gobierno se hace, por eso en las cárceles están presos luchadores sociales, defensores de los derechos humanos o activistas políticos por defender sus derechos y libertades políticas.

Lo que hicieron con los compañeros, lo han cometido gobiernos morenistas, panistas, priistas o de otros partidos políticos como Movimiento Ciudadano. Quienes priorizan la imagen de una ciudad que el derecho a la vida, a no ser detenido desaparecido, a no ser violentado en su integridad física y psicológica.
El acto represivo exhibe a los gobiernos estatal de Alfredo del Mazo, y municipal de Cristina González Cruz, en su condición de reaccionarios y represores.

Acontecimiento que no exime de su responsabilidad al gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y porque la detención de los compañeros se da en un contexto de reuniones con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para acatar el fallo que emitió la SCJN a favor de los revolucionarios Gabriel y Edmundo, donde reconoce que sí se cometió una grave violación a los derechos humanos en su contra.

Por eso agrava aún más el acto de represión porque las autoridades de los tres niveles de gobierno y estados conurbados como el Estado de México tienen conocimiento de las actividades de protesta que realizamos, saben dónde estamos, qué hacemos y a dónde nos dirigimos para realizar las actividades de denuncia, por tanto, son responsables de lo que suceda con cualquier integrante de nuestra organización FNLS, y de organizaciones hermanas que se solidarizan con el caso.

Luchar por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en el país y exigir la libertad de los presos políticos no es un delito, es un derecho de los familiares, organizaciones populares y pueblo trabajador; el gobierno que no tolere actos de protesta para erradicar esas graves violaciones a los derechos humanos, habla de administraciones autoritarias y profascistas que no consienten las voces críticas.

La verdad nos asiste, mientras la injusticia permanezca como política de gobierno; mientras los detenidos desaparecidos no sean presentados con vida ni se enjuicie a los responsables materiales e intelectuales razones sobrarán para la denuncia y actividades de protesta, las calles serán la tribuna para denunciar.

Atentamente

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS

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