Tsajal Ek´ No. 34: La militarización no es la solución a la inseguridad ni a las necesidades del pueblo trabajador

Tsajal Ek´ No. 34
Análisis y propuestas del FNLS en Chiapas
18 de octubre de 2022

La militarización no es la solución a la inseguridad ni a las necesidades del pueblo trabajador

El impulso y respaldo del Ejecutivo federal, sectores conservadores y partidos políticos electoreros de toda laya maquinaron la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028; en esencia, esta determinación política no solucionará la inseguridad en el país, porque la militarización no está en función de garantizar los intereses populares, sino en salvaguardar los intereses empresariales y fortalecer el Estado policíaco militar como una medida antipopular.

El proceso de militarización en México no es un tema nuevo, el gobierno antipopular de Felipe Calderón Hinojosa la aceleró desde el año de 2007 bajo el supuesto del combate a la delincuencia organizada, una cortina de humo que colocó a los activistas, defensores de los derechos humanos, luchadores sociales y al pueblo en general como víctima de la violencia. Según estudios académicos, el promedio de víctimas inocentes era del 93 por ciento, otro porcentaje de probables y el resto que es mínimo, culpables por sus vínculos.

El incremento en crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial de forma generalizada configuró una política de terrorismo de Estado acompañada por el despliegue policíaco militar en el país. El discurso gubernamental calderonista justificó sobremanera la presencia de las fuerzas castrenses para combatir la mítica delincuencia organizada atribuyéndole poderes omnipotentes y omnipresentes.

Cuasi comparables con el discurso del gobierno actual, excepto que éste apaciguo la efervescencia del movimiento popular y el descontento generalizado que desencadenó la política de terrorismo de Estado y la imposición de las políticas neoliberales. El gobierno morenista habla de la inseguridad sin especificar con puntualidad quién es el enemigo a combatir, lógicamente el combate a la pobreza no es con balas, para ello, ya tienen sus proyectos asistencialistas, aunque no es la solución.

La permanencia militar en las calles sobrepaso su promesa de campaña de retirarlos seis meses después del inicio de su sexenio y hoy arguye que cambio de opinión, seria de ingenuos creer en esa mentira. En los hechos coincide con sus dos antecesores, también justifica la militarización, no con el discurso del combate frontal a la delincuencia organizada o el narcotráfico a quien ofreció abrazos, sino por la “inseguridad”.

Sin embargo, la continuidad de crímenes de Estado y de lesa humanidad, el desplazamiento y desalojos forzados que son producto de la violencia institucional perpetrada por las corporaciones policíaca militares y paramilitares configuran inseguridad al pueblo en general y particularmente a las organizaciones populares, es decir, hacia luchadores sociales, activistas, defensores de los derechos humanos, comunicadores. La violencia se dirige a quienes realizamos crítica política al régimen, por tanto, inseguridad provocada por ellos.

El contexto chipaneco es ejemplo fiel de la inseguridad que provoca el sistema capitalista. El aumento de la violencia hacia el pueblo organizado o no organizado se acelera a raíz del despliegue militar protagonizado por la Guardia Nacional con el objetivo de “contener el flujo migratorio”, simultáneamente, comenzaron con el respaldo de las acciones represivos del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.
Priva el silencio del Ejecutivo federal a las graves violaciones a los derechos humanos, lo cual demuestra consentimiento político.

Desde inicios del sexenio morenista, no solo se utilizó de forma coordinada por los tres niveles de gobierno a la nueva corporación militar para cometer violaciones a los derechos humanos que ninguna instancia condenó, por el contrario, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) la avaló con su presencia en actos de desalojo forzado, las mismas autoridades justifican que se actuó conformé a protocolo.

La violencia institucional se comete de acuerdo al protocolo, pero éste representa violencia justificada por la clase en el poder que toma facultades para perpetrar la represión. Por otro lado, un funcionario del gobierno actual reconoció la actuación de paramilitares en la región Altos donde estos últimos dos años se dan hechos violentos en apariencia difusos.

El grado de descomposición social es auspiciada con mayor crudeza por el incremento de la presencia militar en Chiapas, una condición fértil para el brote de la violencia que está en estrecha relación con la existencia y fortalecimiento de grupos paramilitares como parte de la política contrainsurgente.

Los grupos paramilitares son fortalecidos y actúan con la aquiescencia del Estado, otras veces, la omisión y comisión para mantener la violencia contra el pueblo organizado y no organizado, pero éste es violencia institucional que pretende justificar la presencia militar en las calles.

Pasa lo mismo con casos lamentables de intoxicación de niños en algunos municipios de Chiapas y el estado de Veracruz que no es una casualidad ni obra de un maléfico individuo, sino un plan que justifica mayor militarización en pueblos y comunidades. El Estado crea escenarios de inseguridad donde los “héroes” resultan estar ya facultados para realizar funciones de seguridad pública, es decir, la Guardia Nacional y el Ejército al interior de escuelas públicas, hospitales, iglesias, centros deportivos…

La figura de “superhéroes” que la administración morenistas da al Ejército es con la intención de buscar respaldo y no repudió, se mantiene en la ruta de limpiar la imagen de esta institución manchada de sangre. Como en el gobierno calderonista, la “guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico” sirvió de cortina de humo para aterrorizar al pueblo con miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que fueron cometidos de forma coordinada por militares y paramilitares, en respuesta, muchos pidieron a grito la presencia del Ejército sin saber que eran los mismos responsables.

Militarización respaldada por el actual Ejecutivo federal, el Senado de la República y sectores conservadores que sin titubeos sostienen que el Ejército debe estar en las calles. Panistas, priistas, verde ecologistas, políticos de oficio de toda filiación partidista se ponen de acuerdo sin dificultad para imponer una medida antipopular, ponen por delante los intereses de la clase que representan, lo que el PAN y el PRI no logró concretar, el gobierno de la “cuarta transformación” la culmina con la pasividad de una gran parte del movimiento popular que cree en la posibilidad de la conciliación de los intereses de clase.

La militarización no es la solución a la inseguridad generalizada en Chiapas ni el país, tampoco resuelve necesidades del pueblo trabajador como anuncian indiscriminadamente políticos de oficio, la iniciativa de mantener al Ejército en la vida pública es la garantía del capital privado

La presencia militar son las condiciones esperadas por las cámaras empresariales y sus representantes en turno para ejecutar las acciones de disuasión, contención y represión hacia el movimiento popular. El actuar de las fuerzas castrenses contra el descontento popular poco a poco van en aumento, hasta que se desate como perro rabioso contra el pueblo organizado.

La organización del pueblo es una necesidad, pero éste debe optar por la organización popular independiente que le permita denunciar y desenmascarar la política antipopular. Es una necesidad del movimiento popular en su conjunto salir a las calles a repudiar esta iniciativa del gobierno que se dice ser gobierno del pueblo, pero que, en los hechos, da continuidad al fortalecimiento del Estado policíaco militar que proyecto neoliberal.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo