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La Marina y las desapariciones forzadas: crímenes que deben ser investigados y castigados

Lunes 9 de agosto de 2021, por Chiapas

Ciudad de México. 9 de agosto de 2021

Al pueblo en general

La Marina y las desapariciones forzadas: crímenes que deben ser investigados y castigados

La Secretaría de Marina reconoció su responsabilidad en el cometido de desapariciones forzadas cometidas en el año de 2018 en el estado de Tamaulipas, por estos crímenes representantes de dicha corporación militar y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ofrecieron hace un par de semanas una disculpa pública hacia los familiares de las víctimas, con esta escena el Estado busca perpetuar la impunidad al intentar suplir la justicia y verdad por una simple disculpa.

No causa sorpresa el hecho de conocer la noticia de que cuerpos castrenses estén involucrados en el cometido de desapariciones forzadas, testimonios de víctimas y sus familiares desde hace décadas han señalado reiteradamente la participación de elementos de la policía, ejército y la marina como responsables de crímenes de lesa humanidad.

Otros casos como la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sucedido en el año de 2007 en el estado de Oaxaca, han evidenciado con pruebas que quienes perpetraron dicho crimen son policías, militares, funcionarios de dependencias de justicia…, algunos se encuentran recluidos y bajo investigación, otros tienen orden de aprehensión como Evencio Nicolás Martínez ex procurador de Oaxaca, actualmente prófugo de la justicia.

Lo que se debe tener claro es que las desapariciones forzadas es un crimen de Estado, es decir, que es planeado y ejecutado de manera sistemática por las instituciones contra el pueblo organizado y no organizado, por tanto, es una política de gobierno, debe tenerse en cuenta esto porque las autoridades intentan hacer creer que los policías, militares, marinos actúan por cuenta propia en este tipo de crímenes.

La SEGOB y la Marina resaltan el hecho de que 30 marinos fueron vinculados a proceso por su participación en la desaparición forzada de personas en Tamaulipas, como si fuese un hecho heroico, la verdad es que no es así, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que por ser además un crimen de Estado deben ser investigados las cadenas de mando, como crimen tiene que ser investigado por oficio y castigado los responsables.

Tampoco causa sorpresa el hecho de que la Marina y la SEGOB en un acto público pidan disculpas a los familiares de las víctimas, desde el inicio de la actual administración ese planteamiento fue propuesto por el ejecutivo federal, el “perdón” como forma de superar los daños de estos crímenes, sin embargo, lo que en realidad presenta es el intento de no continuar con las investigaciones, encarcelar únicamente a rangos menores para proteger a los mandos y así mantener la impunidad.

Según el contralmirante de la Semar Ramiro Lobato Camacho, la disculpa pública “va a redimir el perjuicio del que fueron objeto las víctimas” eso no es cierto, lo que las víctimas necesitan no es una disculpa, sino justicia, que se traduce en el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, conocer la verdad de los hechos que incluye las motivaciones que llevaron a cometer tan deleznables crímenes, y tener garantías de no repetición. Hasta la fecha nada de esto se ha cumplido, la mayoría de casos de desaparición forzada continúan en la impunidad.

Por su parte Alejandro Encinas, Subsecretario de Derecho Humanos Migración y Población, en ese acto de disculpas, expresó una serie de contradicciones, primero, dijo que lo ocurrido en Tamaulipas “da cuenta de la ignominiosa actuación del Estado mexicano” pero lo dice en pasado, cómo si en la actualidad no ocurriese, la realidad es otra, las desapariciones forzadas se mantienen en la actualidad.

Segundo, dijo que con la disculpa ofrecida a las víctimas “el Estado mexicano envía un mensaje irrefutable para continuar encarando el problema…el compromiso del gobierno es continuar fortaleciendo las acciones de combate y erradicación de estas prácticas…tiene que terminarse con la impunidad”, discurso que trata de maquillar una realidad inocultable como lo es la impunidad.

Castigar a los criminales de Estado no es el objetivo de esta administración, si así fuese ya hubiera acatado lo dictado en la resolución judicial 29/2014 por el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la cual mandata la apertura de campos y cuarteles militares para la búsqueda de los desaparecidos, así como, citar a comparecer a mandos de la policía, ejercito y otros funcionarios que participaron en su desaparición forzada.

Lo real es que en este caso existe dilación por parte de las autoridades, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se niega a emitir un fallo a favor que abra camino a la justicia, en otros términos, el Estado marcha de lado contrario a lo que dice el representante de la SEGOB.

Sucede lo mismo en el caso de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, las autoridades se niegan a llevar acabo diligencias, han extraviado la carpeta de investigación, y después de 5 años de haberse cometido dicho crimen no existen avances sustanciales en la investigación.

Los términos que implica la justicia están plasmados en diversos tratados y convenciones internacionales de derechos humanos específicamente en materia de desaparición forzada, es este marco sustentamos nuestra exigencia al juicio y castigo a los perpetradores, verdad y garantías de no repetición. El Estado mexicano conoce estos términos y conceptos porque ha firmado y ratificado dichas convenciones, por eso resulta inadmisible que pase por alto esto y únicamente ofrezca una simple disculpa.

Ante los persistentes intentos gubernamentales de imponer la impunidad, es necesario, implementar campañas de difusión y protesta para no permitirlo y lograr que los responsables compadezcan ante la justicia.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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