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Tinta socialista No 135. La detención del ex secretario de la Defensa Nacional obedece al reacomodo de os grupos de poder político y económico
Lunes 19 de octubre de 2020, por
Ciudad de México a 19 de octubre de 2020
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La detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA) el general Salvador Cienfuegos Zepeda, obedece al reacomodo de los grupos de poder político y económico en México. La detención en sí, no devela nada, en los hechos confirma lo que es un secreto a voces: la supuesta delincuencia organizada está estructurada desde y para el Estado.
El hecho de que hoy detengan a un ex funcionario de alto rango en la administración de Enrique Peña Nieto (EPN) por nexos con el narcotráfico es una evidencia de que esa institución, la SEDENA funciona de acuerdo a los intereses de los grupos de poder político y económico, independientemente de que sean negocios lícito o ilícito, por tanto, tienen la venia de la silla presidencial para objetivar los planes de la burguesía y velar por el cumplimiento de ellos.
Lo curioso es que la detención es realizada por actos de corrupción y nexos con el narcotráfico, pero en los asuntos de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en su gestión en la institución castrense siguen sin ser tocados, existen varios casos donde los soldados son señalados por las víctimas directas e indirectas de cometer ese tipo de crímenes, ejemplo de ello es Tlatlaya, Estado de México (2014); Apatzingán, Michoacán (2015); y, Tanhuato, Michoacán; lugares donde el ejército mexicano en coordinación con la policía federal cometieron ejecuciones extrajudiciales y masacres contra el pueblo trabajador.
Los hechos develan la política de terrorismo de Estado aplicada por el gobierno mexicano a través de elementos del Ejército, la Marina y las distintas corporaciones policíacas, quienes son los encargados de objetivar graves violaciones a los derechos humanos. La responsabilidad en el cometido de estos crímenes va desde el sujeto de menor rango hasta el de mayor responsabilidad, que en cadena de mando alcanza al titular de la SEDENA y SEMAR, todo lo que se haga pasa por su mando, es de su conocimiento pleno.
El terrorismo de Estado como política de gobierno fue más evidente en el año 2006 con la “declaración de guerra” hecha en la administración panista de Felipe Calderón Hinojosa en el año 2006 contra el narcotráfico, quien desplegó a soldados y marinos a las calles para realizar labores de “seguridad pública”; públicamente salieron a “combatir” a un enemigo interno, pero en los hechos realizaban retenes en carreteras, calles y colonias de ciudades, cerraban cuadras completas en algunas capitales de los estados y entraban a casa por casa en busca de supuestos narcotraficantes.
Lo real es que con esa política de gobierno incrementó la violencia y el terrorismo de Estado en la geografía mexicana, cuya expresión fue el cometido de cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura y el hallazgo de más de un millar de fosas clandestinas. Lugares donde encontraron cientos de miles de restos mortales de seres humanos, víctimas de dos flagelos: la desaparición forzada por motivos políticos o sociales que culmina en la ejecución extrajudicial.
Las denuncias de los familiares que rompieron con el miedo y enfrentaron las amenazas de diversos grupos paramilitares, señalaron como responsables del cometido de graves violaciones a los derechos humanos a los marinos, soldados y la entonces Gendarmería Nacional; fueron soldados y policías los que objetivaron crímenes de Estado y de lesa humanidad contra todo aquel que fuera visto, en su lógica, como “sospechoso”, así es como justificaban su política al vincularlos a determinado supuesto grupo del narcotráfico.
Cada crimen tenía la patente y sello del Estado mexicano a través de sus corporaciones policíacas y militares. Esa política de gobierno que trajo consigo el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, donde las víctimas son del pueblo trabajador, en ellas no había ningún hijo de funcionario o burgués; eso evidenció que la famosa “guerra” era contra las masas organizadas y no organizadas, el objetivo era infundir miedo y terror en la población para contener el enorme descontento popular e imponer los intereses político y económico de la burguesía.
Enrique Peña Nieto le dio continuidad al terrorismo de Estado como política de gobierno con la permanencia de soldados y marinos en las calles; les otorgó garantías jurídicas y políticas para accionar sin dificultad alguna en toda la geografía mexicana y evitar acusaciones o señalamientos por transgredir los derechos humanos.
En ese tiempo denunciamos que la política aplicada en las tres últimas administraciones pasadas fue el terrorismo de Estado para imponer las reformas neoliberales, entre ellas la energética, educativa, salud, vivienda, fiscal y seguridad. Políticas que generaron enorme inconformidad social en el pueblo trabajador. De ahí que señalamos nuestra tesis, “el narcotráfico está organizado por el Estado para beneficio del mismo”, por tanto, es falso que la salida de las Fuerzas Armadas a las calles fuera para combatirlos.
Si revisamos la cadena de mando de esas acciones militares y contrainsurgentes, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad? Desde luego que desde el de menor rango, quien materializa los planes, hasta los de mayor grado, encargados de planear y diseñar el plan contra un sector de la población en específico.
Los soldados y marinos son la columna vertebral del Estado, el brazo armado que protege los intereses político y económico de los grupos de poder en el país; con ellos se garantiza la reproducción del capital, el sometimiento, la explotación y opresión de las masas rabajadoras, no es casual, el cometario del presidente de la República ante los medios de comunicación, “las Fuerzas Armadas son los encargados de instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país, son pilares del Estado”, en su discurso los reconoce como el principal brazo represor del gobierno mexicano.
El pueblo no olvida que son los responsables del cometido de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las masas trabajadoras, ejemplo de ello, son las dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas por cometer graves violaciones en los estados de Puebla, Veracruz y Chihuahua, en esos lugares incurrieron en detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y violencia sexual.
En el primero de los casos, la Recomendación 37VG/2020 está dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) por presuntos agravios cometidos por miembros de dicha institución en contra de cuatro personas que fueron detenidas de forma arbitraria, sometidas a malos tratos y uso excesivo de la fuerza y posteriormente ejecutadas en el municipio de Tlahuapan, Puebla.
La Recomendación 38VG72020 está dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las fiscalías General de la República y a la de Chihuahua, por el caso de la detención arbitraria, la retención ilegal, actos de tortura, así como por la violencia sexual en perjuicio de un menor y la ejecución de un joven, los crímenes fueron cometidos en febrero de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los casos son un botón de muestra de lo que existe en el territorio nacional, donde las Fuerzas Armadas son las principales ejecutoras de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador, principalmente con aquel que se organiza fuera de los marcos corporativos del Estado.
Aunque señalen que los militares son pueblo uniformado, mexicanos honestos, no les quita su rostro criminal sostenida por la estructura de Estado que se encarga de mantener firme el régimen inicuo, a los que no les importa masacrar, asesinar o torturar a su propio hermano de clase, si esa es la orden de sus superiores; aquel que entra a una de esas corporaciones es sometido a un proceso de desclasamiento para extraviarlo de su identidad, el origen de la clase social a la que pertenece y actúa como bestia en defensa a ultranza de los intereses burgueses.
El pueblo no olvida a sus verdugos, recuerda quiénes son los responsables de cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad, por eso la consigna, ¡ni perdón, ni olvido, juicio y castigo a los criminales de Estado!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS