Tinta Socialista No. 130. México vivió la existencia de un Estado policíaco militar durante los sexenios panistas y priistas

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020

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Nuestro país manifestó la experiencia de la instauración de un Estado policíaco militar durante los sexenios panista de Felipe Calderón Hinojosa y priista de Enrique Peña Nieto; el cometido de cientos de crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada tanto por motivos políticos o sociales, distinguió a esas administraciones como unas de las más sanguinarias de las cuales el pueblo mexicano tenga memoria.

La utilización del término de “narcoestado” en voz de un representante de Estado tiene muchas aristas que es preciso desentrañar, porque no se trata de un asunto menor. Más allá de la existencia de un encono en las relaciones políticas entre un exmandatario a otro, en el fondo subyace la pretensión furtiva de mantener la premisa de que la violencia institucional tiene su origen en la denominada delincuencia organizada.

El descubrimiento de una red de complicidades del ex titular de la secretaria de seguridad pública, Genaro García Luna, constituye un testimonio más de que el negocio de estupefacientes tiene origen desde las estructuras del Estado mexicano, son inverosímiles las declaraciones de Felipe Calderón donde acuña su desconocimiento del proceder de su subalterno.

La investigación judicial alcanza a otros personajes de la política que estuvieron en funciones en aquel periodo de 2006 a 2012, lo que significa que fue toda una etapa sexenal distinguida por el contubernio gubernamental y grupos delincuenciales, empero, lo sustancial de esta investigación es que no fueron funcionarios que actuaron al margen de las instituciones y de la autorización del entonces titular del Ejecutivo federal.

Queda claro que la “guerra contra el narcotráfico” decretada en ese sexenio fue la cortina de humo para justificar el cometido de crímenes como la desaparición forzada, el despliegue policíaco y militar redundó en cientos de víctimas de distintos flagelos, lo cual indica que, mediante el sofisma del combate de la delincuencia organizada, el gobierno federal orquestó la implementación de la política del terrorismo de Estado.

La infiltración del Estado por la delincuencia es la tesis que mantienen en tales conclusiones, ello condujo al actual inquilino de la silla presidencial a definir que lo vivido en el período gubernamental calderonista se vivió un “narcoestado”, sin embargo, tal argumentación no es correcta porque en la violencia no tiene sustento tal infiltración, sino en la patente que tiene el Estado para ejercerla.

A raíz de la investigación que involucra a Genaro García Luna en negocios ilícitos, es que existe el señalamiento de que la existencia de un estado de cosas que involucra a un poder descomunal de los grupos delictivos en labores políticas, aspecto que insiste en otorgar un poder cuasi diabólico de entes perversos que existen al margen de la voluntad de los políticos de oficio, no obstante, la realidad se encarga de afirmar que los intereses están entrelazados que actúan como un solo ente.

Nadie niega la existencia de negocios de productos ilícitos, pero ello está normado por las mismas leyes de circulación capitalista y éstas conducen al monopolio, ello explica la virulencia con la que compiten por centralizar el trasiego y control de los mercados de ilícitos, y tal situación no escapa de la autorización del poder político representado en los funcionarios estatales y federales.

La hegemonía de determinado grupo en los negocios ilícitos no significa que éste mandaba en cierta estructura de gobierno, en realidad ésta tenía y tiene origen en el mismo Estado, le es funcional en tanto que a través de ella existe la justificación de las acciones belicistas en el supuesto combate a las actividades criminales, sin embargo, en lo que redunda tal política gubernamental es en el fortalecimiento del Estado policiaco militar en función de las necesidades oligárquicas.

No hay línea divisoria entre gobierno y delincuencia porque ambas son elementos de la misma ecuación, por mucha que sea la voluntad y el deseo de eliminar la corrupción, estos son aspectos que son inherentes al régimen de producción capitalista, los denominados grupos delincuenciales sirven para apuntalar procesos de acumulación de capital en manos oligarcas, porque por medio de ellos se puede generalizar la violencia institucional.

Los supuestos sobornos y protección a determinado grupo delincuencial tienen sustento en el reacomodo de los grupos de poder económico y político, entre ellos, los que se dedican a los negocios ilícitos. El cambio en la coyuntura nacional es elocuente para ilustrar este fenómeno, en su momento la violencia estuvo centrada en el norte del país, hoy este flagelo está circunscrito en el centro, en zona industrial de Querétaro y Guanajuato.

Si un funcionario es implicado en determinadas actividades ilícitas no puede haber una delimitación mecánica en sus funciones, ello aplica incluso para el caso en boga del desfalco a la paraestatal PEMEX, en cada uno de estos actos de fraude, corrupción u otros, existe la pretensión de endilgar la actuación individual y aislada de los funcionarios implicados, para eludir la responsabilidad de toda una estructura gubernamental.

Sin duda hay responsabilidad de las administraciones anteriores en las consecuencias deleznables que vivió el pueblo mexicano, tasado en miles de detenidos desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, pero esto no se traduce en un pacto con las organizaciones delincuenciales, por el contrario, obedece a la existencia de la crisis económica que demanda un reacomodo violento, para lo cual utilizan la violencia institucional al margen de las siglas oficiales de hombres armados.

Más allá del señalamiento que algunos puedan tipificar como temerario del gobierno federal, lo cierto es que la responsabilidad gubernamental en negocios ilícitos y la protección de grupos delincuenciales es una realidad que la vox populi reconoce como hechos tangibles, tal situación aún no cambia en su totalidad pese a la insistencia de poner punto final a la impunidad y la corrupción.

Los casos imputados a funcionarios menores alcanzan a los representantes del Estado mexicano en esos momentos, aspecto que no tiene por qué ser diferente en la actualidad, porque desde que es política gubernamental la creación del Mando Único y las ahora Mesas de Seguridad, no hay acto gubernamental que sea de manera aislada o a título personal de tal o cual funcionario.

La situación en nuestro país no puede tipificarse como “narcoestado”, lo que aconteció fue la instauración paulatina de un Estado policíaco militar a través de tres sexenios, es decir, desde Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La administración actual recibe unas instituciones que flaquean con la bota militar y policíaca el desarrollo capitalista en todo el territorio nacional.

Acuñar tal conceptualización es pernicioso, porque lejos de dar reconocimiento criminal a ciertos gobernantes, el propósito es abrir la pauta para el accionar de la política injerencista del gobierno norteamericano, porque pretende presentar al Estado mexicano como vulnerable a la infiltración delincuencial.

Los anteriores presidentes del país tienen un amplio historial como criminales de Estado, como responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, esta es la verdad que debe ser indagada y castigada conforme a los protocolos de justicia, sólo de esta manera se puede resarcir medianamente el daño causado a las masas trabajadoras.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS