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Las violaciones a los derechos humanos no se detienen en esta contingencia

Viernes 29 de mayo de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 29 de mayo de 2020

A la opinión pública

El cometido de violaciones a los derechos humanos no se detiene en plena contingencia, éstos aumentan ante el descontento popular, el tiempo es sabio y coloca en su justa dimensión las intenciones gubernamentales respecto a las demandas del pueblo, éste evidencia que la pandemia es una cortina de humo para legalizar un intenso proceso de militarización en el país, política de gobierno que se implementó en los últimos tres sexenios.

La promesa de regresar los militares a sus cuarteles se diluyó con la creación de la Guardia Nacional y la legalización de la participación de los militares en tareas de seguridad pública en toda la geografía mexicana, ello demuestra que, por muy buenas intenciones, éstas no pueden estar por encima de los intereses político y económico de empresarios y oligarcas del país como el extranjero.

La pandemia del Covid-19 es el pretexto para legalizar por completo un intenso proceso de militarización en el país y la sociedad, política gubernamental que le da continuidad a la larga vocación por la militarización de los gobiernos panistas y priistas. Los militares en lugar de regresar a los cuarteles, fortalecen la militarización de la vida política y social del país.

En esa lógica institucional, sólo existe el miedo a la pandemia y dejan de lado los problemas trascendentales en el país, el silencio cómplice de la administración federal respecto a las acciones represivas de la Guardia Nacional en los estados de Michoacán y Chiapas es un indicativo de que las violaciones a los derechos humanos persisten como política de gobierno, al imperar la omisión gubernamental ante las denuncias del pueblo, con ello, evidencia la indiferencia e indolencia por las víctimas del terrorismo de Estado.

En la medida que las disposiciones sanitarias se imponen al pueblo, en los hechos, se observa una política que justifica decisiones autoritarias, presentadas como “necesarias” para proteger a los ciudadanos, pero en esencia anulan derechos humanos y constitucionales. Al amparo de la pandemia los cuerpos policíaco militares se revelan en su verdadera esencia, son entes autoritarios y violentos que actúan contra el pueblo.

La Guardia Nacional y las distintas corporaciones policíacas actúan sin tomar en cuenta las medidas sanitarias, para ellos no existe la sana distancia, por su actuar represivo en algunas entidades expresan que son “entes inmunes al Sars-Cov-2” porque son los que menos acatan las disposiciones sanitarias.

Ejemplo de lo anterior es el desalojo y las detenciones arbitrarias que cometieron contra los estudiantes normalistas en Michoacán el pasado 27 de mayo del año en curso, lugar donde detuvieron a cinco estudiantes y agredieron a otros más por exigir la libertad inmediata de su compañero Edward Cerna Murillo y la del comunero Esteban Pacheco Duarte, presos políticos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

El 26 de mayo pasado hicieron acto de presencia ante una acción de protesta que realizaron compañeros del Frente Nacional de Lucha por Socialismo (FNLS) en el estado de Michoacán; la actividad se hizo para exigir al gobierno federal la libertad inmediata de los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar; así como la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

A esta demanda los gobiernos estatal y federal envían a los cuerpos policíacos y militares con la intención de desalojarlos; la presencia de la Policía Michoacán y la Guardia Nacional es un indicativo de que no están para proteger los intereses populares, con ello evidenciamos que en lugar de atender las demandas de carácter popular el gobierno mexicano responde con violencia, indolencia e indiferencia; política que no se diferencia mucho a la de sus antecesores.

Las declaraciones que hace el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Alemac) expresan el odio de la clase que detenta el poder en la entidad, quienes son los que exigen a los gobiernos estatal y federal que apliquen toda la fuerza de la ley contra el pueblo organizado; en sus palabras criminaliza las demandas estudiantiles y manifiesta el desprecio por la educación al señalar que en el operativo policíaco militar detuvieron “a siete supuestos normalistas”.

La ley en el país tiene carácter de clase, los empresarios locales, del país y del extranjero son los primeros en exigir la aplicación de la ley burguesa, ésta protege los intereses empresariales mas no los del pueblo, por eso cuando las organizaciones populares o estudiantiles realizan acciones políticas de masas, a petición de esos sujetos llegan inmediatamente los cuerpos policíacos y militares, en cambio, cuando el pueblo exige justicia, ésta no llega.

En Chiapas, la presencia de la Guardia Nacional y elementos del Ejército en las calles para atender la pandemia es el pretexto para que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas objetive la militarización en la entidad, práctica política que evidencia las intenciones antipopulares, represivas y proempresariales del gobierno morenista en la entidad.

Las imágenes de los elementos militares con armas largas dejan mucho que hablar, la pandemia no se combate con las armas, ésta necesita de medidas sanitarias, médicos y atención hospitalaria y lo necesario para el tratamiento médico, en esa lógica ¿un arma de uso exclusivo del ejército va a aminorar los malestares provocados por el virus? Desde luego que no, éstas son para intimidar y generar miedo en la población para que acepte la militarización en la entidad.

Las acciones políticas de masas no surgen por caprichos personales o porque el pueblo no tiene otra cosa que hacer, surgen por la política económica que implementan los gobiernos en turno y afectan los intereses populares, por tanto, tienen su fundamento en la transgresión a los derechos y libertades política del pueblo.

En el momento en que el gobierno mexicano comete graves violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, amenazas o ejecuciones extrajudiciales para beneficiar a un puñado de voraces empresarios, el pueblo tiene el legítimo derecho a protestar, a denunciar y realizar acciones políticas de masas para evidenciar esa política deleznable y exigir que se detengan.

La JUSTICIA no se negocia ni se mendiga, es un derecho del pueblo exigir la libertad incondicional de los presos políticos, es un derecho exigir que los detenidos desaparecidos los presente con vida, que se conozca la verdad de los hechos, se dé con el paradero de las víctimas, se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales y no se vuelvan a repetir; gobierno que se niega a cumplir con ello se vuelve corresponsable de esos crímenes.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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