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El gobierno chiapaneco viola el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso de las personas privadas de su libertad

Jueves 23 de abril de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 22 de abril de 2020

A la opinión pública

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas intenta condicionar a los presos políticos para que acepten el procedimiento abreviado, en esas condiciones los obliga a que reconozcan los delitos que les impugna la Fiscalía General del Estado (FGE) y así “puedan salir libres” y “preserven su salud y su vida” ante la pandemia que azota a la humanidad en el mundo.

La libertad de una persona no está sujeta a negociación, mucho menos cuando ésta es privada de manera arbitraria por agentes del Estado, sometida a tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes para que acepten delitos que no cometieron; en esas condiciones no se puede aceptar tal proposición que ofende a la víctima, a los familiares y a sus compañeros de lucha, quienes exigen su libertad incondicional.

Es improcedente que un preso político acepte delitos que no cometió para que pueda ser liberado, sólo gobiernos autoritarios implementan ese tipo de medidas represivas y antipopulares para intentar doblegar la voluntad política del luchador, social, activista político o defensor de los derechos humanos; es el signo que distingue al gobierno del estado de Chiapas.

Desde que Rutilio Escandón Cadenas asumió el Ejecutivo estatal las violaciones a los derechos humanos se incrementaron de manera exponencial, el único diálogo que conocen los elementos policíacos y militares es la represión, las detenciones arbitrarias, la tortura, las amenazas de muerte lo que provoca desalojos forzados internos. Son varias las transgresiones que han cometido contra campesinos, indígenas, estudiantes, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos y pueblo que en general que manifiesta inconformidad por su política de gobierno.

Las detenciones arbitrarias se dispararon en varios municipios de la entidad, principalmente en aquellos donde la imposición de megaproyectos económicos son la razón de su existencia como gobierno local. En esas condiciones es que la FGE en coordinación con la Guardia Nacional han cometido cientos de detenciones injustas, producto de los desalojos forzados de miles de familias de sus hogares y patrimonio con el único argumento de que en Chiapas “se aplica el estado de derecho” y no va a imperar “la impunidad”.

Argumento falaz con el que mantiene en los CERSS de la entidad a más de 200 personas injustamente con procesos jurídicos amañados, donde la “institución” encargada de la “procuración de justicia”, les fabricó delitos que no cometieron con el propósito de mantenerlos en esas condiciones inhumanas para intentar quebrar su voluntad de luchar y acepten los delitos imputados.

Política de gobierno que alcanza a organizaciones populares e independientes que exigen la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, denuncian la represión y violencia institucional y señalan la responsabilidad del gobierno mexicano en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad, como sucedió con los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, presos injustamente por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

En esas condiciones lo que propone el gobierno chiapaneco es una transgresión al derecho al debido proceso de la persona detenida injustamente, en los hechos niega toda defensa jurídica y la comprobación de su inocencia, además de violar los derechos a la vida y a la salud ante la situación sanitaria que impera en todo territorio nacional por la pandemia del Covid-19. Aprovecha la contingencia sanitaria en toda la geografía mexicana para dejar entrever su vocación represiva e imponer a los presos políticos condiciones indignas.

Las personas que son detenidas por motivos políticos son acusadas por delitos graves con la intención de que su proceso jurídico sea más tortuoso, condiciones que hacen más sinuoso su reclusión en los centros penitenciarios; por tratarse de personas que luchan por mejores condiciones de vida, defienden sus derechos a la tierra, a la libertad y a una vida digna, el Estado proyecta su maquinaria represiva para no permitir que salgan pronto, además de que sirva como escarmiento para aquellos que intenten seguir el mismo camino de lucha.

Ejemplo de ello es lo que ha hecho al FGE con nuestros compañeros Javier, Armando, Asunción y Venturino, institución que les fabricó delitos con agravantes, parte acusadora ficticia, lugares del supuesto delito no existenten, objetos que supuestamente utilizaron sin tener presencia de ellos, procesos jurídicos alargados para mantenerlos el mayor tiempo posible presos, casos que no tienen distinción alguna con lo que sucede en todos los centros penitenciarios, donde la mayoría de las personas tardan años en recibir una sentencia.

En esas condiciones sin tener un proceso jurídico limpio, la FGE aprovecha la contingencia sanitaria para imponer sus medidas antipopulares a los presos políticos, práctica institucional con la que juegan con la salud de las personas privadas de su libertad, quienes ante las circunstancias de contingencia corre en peligro su vida.

No es novedoso que el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca con el consentimiento del gobernador Rutilio Escandón Cadenas imponga esas medidas gubernamentales, como todo hombre formado en las instituciones del régimen tiene un largo historial represivo, donde tienen señalamientos directos por las víctimas como responsable de cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad.

La acción de la FGE y del gobernador es ruin además de violatoria a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, ya que aprovechan la emergencia sanitaria para intentar condicionar la libertad, a salud y las deplorables condiciones que existen en los Centros de Readaptación Social (CERSS) del estado por el Covid-19, donde los reclusos se ven en la extrema necesidad de aceptar las deshonrosas condiciones que les proponen las autoridades de la entidad.

Violan el derecho a la presunción de inocencia de la víctima, proceso jurídico que ante el nuevo sistema penal pone en primer término la libertad de la persona. El Estado está obligado a dar un trato digno a las personas que son privadas de su libertad de manera arbitraria hasta que se compruebe lo contrario; sin embargo, en Chiapas lo que impera es la ley que protege los intereses político y económico de neocaciques y empresarios, tanto del país como del extranjero.

La responsabilidad del gobierno chiapaneco es otorgar las condiciones necesarias de salubridad a los presos políticos de la entidad para proteger su integridad física y psicológica, ante la emergencia sanitaria que impera en el país, está obligado a mantener en mejores condiciones a nuestros compañeros.

Si en verdad quiere liberar a los presos políticos lo debe hacer sin condición alguna, donde reconozca que están en los CERSS de la entidad por defender su legítimo derecho a la posesión de la tierra, por abrazar la demanda de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, por exigir alto a la represión y a la violencia institucional y exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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