A 51 años de la masacre de estudiantes del 2 de octubre persiste la impunidad y la represión como política de gobierno

San Cristóbal de Las Casas a 2 de octubre de 2019

A los medios de comunicación
Al sector estudiantil
Al pueblo en general

A 51 años de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 a la fecha persiste la impunidad y la represión como política de gobierno, es la violencia de Estado ejecutada contra el pueblo; fueron las balas, la tortura, la bota militar y paramilitar quienes arrebataron la vida a más de un centenar de hijos del pueblo.

Desde aquel fatídico 2 de octubre la impunidad, demagogia, indolencia y simulación, más menos caracterizaron los gobiernos en turno, que sexenio en sexenio pretenden condenar en el olvido un crimen de lesa humanidad y de Estado como el ocurrido en esa fecha. Fue un claro ejemplo cómo el derecho a disentir se castiga atrozmente a través de la represión y se premia con impunidad a los responsables materiales.

Los hechos se repiten, en momentos sociohistóricos distintos, pero fundamentalmente persiste la violencia que emana del Estado. La represión contra el sector estudiantil no cesa, los acontecimientos recientes nos demuestran que el gobierno en turno repite con sus matices, la violencia institucional para silenciar toda voz que emita crítica política contra el régimen.

Los crímenes de lesa humanidad, hostigamientos y violencia institucional con la cual es tratado el sector estudiantil como el caso del normalismo rural y el universitario, por ejemplo, lo vivido por los estudiantes de la Normal Rural Bilingüe Jacinto Canek, las ejecuciones extrajudiciales contra estudiantes universitarios de la UNAM, la desaparición forzada de estudiantes en Puebla, Estado de México, Veracruz expresa la perversidad del régimen.

El hostigamiento y criminalización contra los compañeros del Colectivo Tsoblej en Chiapas y la Unión Por la Organización Estudiantil en Puebla, ambos esfuerzos integrantes del FNLS, son casos como otros que luchan por la defensa de la educación pública, son solidarios con las causas justas del pueblo, luchan por el socialismo en México, empero, ante la exigencia de sus demandas la respuesta de las instituciones educativas como de los gobierno estatal y federal es la indolencia, la criminalización y estigmatización.

Ante la multiplicidad de casos de violaciones graves a los derechos humanos no sólo contra el sector estudiantil sino contra el conjunto del movimiento popular es indudable que la impunidad es política de gobierno, porque ni la masacre de estudiantes, ni los casos de crímenes de lesa humanidad y de Estado cometidos recientemente contra el pueblo son enjuiciados y castigados, por el contrario, son premiados con impunidad.

El caso de nuestro compañerito Humberto Morales Sántiz prueba cómo los perpetradores de su ejecución extrajudicial se les otorga libertad y protección policíaca, es decir, al grupo paramilitar “los petules”, este es un botón de muestra como otros casos que existen en el anonimato por le temor a denunciar, pero la impunidad es una realidad cuando de exigir justicia se trata.

La barbarie que caracterizó la administración de Gustavo Díaz Ordaz con relación a los hechos represivos del 2 de octubre, hoy todo parece indicar que esos rasgos de ese pasado criminal se ejecutan en la actualidad, la diferencia estriba en el despliegue de las fuerzas represivas en el país.

La militarización es una realidad en el país. Ese fenómeno es tangible en Chiapas, con el pretexto del flujo de migrantes o con el argumento de pacificar y “detener la violencia” el Estado mexicano creó la Guardia Nacional, sin embargo, por la vía de los hechos y por el testimonio de familiares de las víctimas podemos constatar que más que garantizar “seguridad” al pueblo, general terror y el cometido de más crímenes de lesa humanidad.

La presencia policíaca-militar en calles y carreteras no garantiza la protección de la integridad física y psicológica del pueblo, por el contrario, vemos cómo realizan actos eminentemente contrainsurgentes para detener el descontento popular, como recientemente ocurrió en el municipio de Bochil, contra nuestros compañeros del ejido Las Perlas, Río Florido y Nueva Altamira el pasado mes de julio.

Con balas y la bota policíaca-militar es como el régimen intenta detener el descontento popular, en este sentido, el respeto a los derechos humanos es una patraña si no va acompañada de hechos concretos que sustenten los dichos del gobierno federal, quien insiste que su gobierno no reprimirá las expresiones de protesta.

¿Cómo explicarnos los diversos casos represivos ocurridos en lo que va del gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas?, la incesante ola de ejecuciones extrajudiciales, el incremento del descontento popular, las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura ¿es cómo indica los principios políticos con los cuales se rige la “Cuarta Transformación? Son interrogantes que el gobierno federal debe responder, por que su subalterno dirige la política interna de la entidad por el derrotero de la criminalización y la represión, que nada tiene que ver con los dichos del respeto a los derechos humanos y la no represión.

Cómo se observa, la política del régimen actual expresa mediante su retórica un optimismo que sólo las mentes incautas pueden aceptar, pero para el pueblo organizado y consciente considera que dista sobremanera la correspondencia con la realidad, baste mencionar la incontenible ejecución de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, hostigamiento contra periodistas críticos al régimen, defensores de derechos humanos, luchadores sociales y activistas políticos.
En al país la pacificación solamente yace en el discurso, dado que la represión, el terrorismo de Estado y la impunidad continúan como política de gobierno. El descontento popular se mantiene, al igual que la exigencia de justicia para las miles de víctimas de la violencia que emana del Estado, por tanto, el pueblo tiene el inalienable derecho a manifestarse hasta lograr el cumplimiento de sus demandas más sentidas.

En un contexto caracterizado por la continuidad de la represión, del terror como política de gobierno y del cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado, al pueblo no tiene otra opción más que la organización independiente con carácter combativa, porque vivimos en una sociedad donde el interés oligarca tiene primacía mientras los desposeídos observamos como destruye miles de hogares proletarios el vergonzante aumento de la pobreza, la miseria, el derramamiento de sangre de los explotados, por ello, este 2 de octubre no se olvida, es de lucha y de protesta.

¡Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de Estado y de lesa humanidad!
¡Libertad inmediata e incondicional de nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo