Tinta Socialista No 88. ¿Cuántos delitos más va a fabricar el fiscal de Chiapas para ver saciada su sed de venganza política?, ¿cuántas víctimas va a necesitar en la comunidad Río Florido para saciar vocación profascista?

Ciudad de México a 27 de julio de 2019

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La ofensiva represiva contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) orquestada desde el gobierno mexicano es una medida contrainsurgente para intentar contener y acallar las voces de protesta, destila una esencia profascista contra la organización popular por tener un carácter independiente, es la venganza política del Estado mexicano por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz y señalar al Estado como el responsable del cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

La campaña mediática de descalificación mediante la fabricación de delitos por el gobierno mexicano es una maniobra gubernamental para cercenar la solidaridad entre hermanos de clase. La desaparición forzada de nuestro compañero Javier, tortura y prisión injusta son violaciones a los derechos humanos que no está aislado de los demás crímenes de Estado y de lesa humanidad de las que somos víctimas, tanto en esta administración como en las anteriores. Eso habla del carácter sistemático de la violencia institucional y el terrorismo de Estado ejecutado contra nuestra organización.

Quienes llaman a aplicar el estado de derecho son los empresarios y oligarcas, protegidos por la propia ley que privilegia sus intereses. Es la misma ley que considera legal la grosera desigualdad social, que considera injusto luchar por mejorar las condiciones de vida. En esta lógica el delincuente es el pobre, el que vive en pocilgas, con techos de lámina, pisos de tierra y en la hambruna.

Hay responsables claros de la pobreza y miseria en el pueblo, son los que sobreexplotan a los trabajadores y les pagan salarios de hambre mientras ellos incrementan sus cuotas de ganancia; son los que acumulan la riqueza social y dejan en la indefensión económica a los trabajadores del campo y la ciudad. La ley es burguesa, sólo beneficia a un puñado de oligarcas a costa de la miseria de millones de hogares proletarios y el pobre debe luchar para coronar mínimamente sus aspiraciones económicas y sociales.

La política que ejecutan contra la organización popular es política de gobierno, no es privativo de un lugar o esfuerzo organizativo, hoy es generalizado contra toda posición disidente, hoy focalizado en el estado de Chiapas contra el FNLS. Prácticas fascistas que no les interesa en absoluto las necesidades del pueblo trabajador, cuando el pueblo manifiesta su inconformidad inmediatamente les aplican el estado de derecho burgués, les fabrican delitos y arman expedientes judiciales para criminalizar la lucha por demandas específicas en este caso por exigir la libertad de nuestro compañero Javier González Díaz.

Lo perverso de su política orquestada por Fiscalía General del Estado en Chiapas es que señala absurdos leguleyos, crímenes que nunca se cometieron tales como desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, robo, saqueo, ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, retención de funcionarios, entre otra sarta de infundios que sólo pretenden justificar su política maquiavélica contra integrantes de nuestra organización.

Se equivoca el fiscal José Luis Llaven Abarca, el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos y el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, no nos conducimos por esos causes, no es nuestra política ni nuestros principios políticos. Una desaparición forzada sólo la comenten agentes del Estado, en esta condición tienen a nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, detenido desaparecido el 5 de marzo de 2016 y la reciente de nuestro compañero Javier González Díaz, quien estuvo más de 24 horas en calidad de detenido desaparecido sin que las autoridades nos dijeran que lo tenían en esas condiciones, tiempo en el que fue torturado por uno de sus comandantes en la cárcel del municipio de Teopisca.

En qué se basa para decir que cometemos homicidios cuando de nuestro lado tenemos a varios compañeros asesinados y ejecutados extrajudicialmente, como el asesinato del compañero Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015, en la carretera que va de Ocosingo a Altamirano; el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2015; la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz, un niño de 13 años de edad el 28 de febrero en el ejido El Carrizal; el asesinato del compañero Víctor Alfonso Pérez Flores el 10 de diciembre de 2017; la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Manuel Martínez Bautista el 27 de diciembre de 2018 en la comunidad de Crisolco, municipio de Yahualica, Hidalgo; el asesinato de nuestro compañero Mario Moreno López en la comunidad 20 de junio el 18 de junio de 2019, todos con carpetas investigación y en ningún caso se ha otorgado una investigación pronta y expedita para castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de Estado y de lesa humanidad.

La justicia no está hecha para las víctimas del terrorismo de Estado y de la violencia institucional, por qué no detienen a los responsables de los cientos de miles de desapariciones forzadas en el país, muchos familiares señalan a los militares, marina, policías federal, estatal y municipal como los perpetradores materiales de estos crímenes deleznables.

En el caso de los revolucionarios Gabriel y Edmundo se tiene una resolución la 29/2014, la sentencia 942/2013-2 donde señala como responsables al ejército y policías federal, estatal y municipal como los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, no obstante, desde el Estado mexicano no han hecho nada para acatar dicha resolución y la sentencia, al contrario, aplican una política de dilación y desgaste para evadir su responsabilidad, con eso se evidencia que la ley la aplican a modo y con este caso su respuesta es la criminalización de la pobreza y protesta popular, así como el cometido de más crímenes de lesa humanidad.

¿A qué tipo de delincuentes son a los que van a combatir señor fiscal?, en el tiempo que llevan de su administración se han dedicado a desalojar a campesinos pobres de su tierra, impiden el derecho a la manifestación de ideas y tienen en sus mazmorras a indígenas y campesinos injustamente por el sólo hecho de defender su tierra. Con ello se comprueba que el delincuente, según su lógica, en esta administración es el pueblo organizado, el que no tiene nada que perder, con ellos se ensaña y monta toda una campaña de descalificación y desprestigio para justificar la represión.

¿Cuántos delitos más va a fabricar el fiscal del estado de Chiapas para ver saciada su sed de venganza política?, ¿cuántas detenciones arbitrarias más tiene en mente?, ¿cuántas muertes van a necesitar en la comunidad Río Florido para sosegar su vocación fascista y le sea entregada una medalla de “honor” por su “excelente” labor de inteligencia policíaca?, las acciones políticas que realizamos obedecen a un acto de injusticia cometido contra nuestro compañero Javier, a quien lo mantienen como rehén político en sus mazmorras injustamente.

Nuestros cauces de lucha no son por venganza o intereses personales, obedecen a las injusticias de las que somos objeto, con todo esto nos queda claro que la trasformación de la que hablan no es para los intereses populares sino para fortalecer a voraces empresarios del país como del extranjero para que continúen con su política de exterminio contra el pueblo organizado.

No somos delincuentes, ni vándalos, somos pueblo organizado que no vendemos nuestros ideales ni traicionamos nuestros principios de lucha por el socialismo en México, si por eso nos llaman vándalos, que se sepa que para el gobierno mexicano el pueblo se devela como su enemigo, en la historia se les reconocerá como los criminales de Estado que apaciguaron su naturaleza represiva con sangre del pueblo trabajador.

La intolerancia e intransigencia hacia aquellos que opinamos diferente desnuda su política criminal, el odio de clase que irradian hacia las masas trabajadoras. ¿Por qué sigue empecinado en declarar como su enemigo a las masas organizadas? ¿Qué intereses empresariales los azuza a correr el riesgo de cargar con más víctimas del pueblo? Sólo el señor Llaven Abarca tiene la respuesta.

No vamos a dejar de movilizarnos e impulsar la organización independiente para hacer frente a esta oleada represiva, la denuncia política va a continuar mientras los actos de injusticia permanezcan, en las calles se mantendrá la denuncia política porque existe la justeza de las razones de nuestra lucha.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS