Tinta Socialista No 87. Los derechos humanos los viola únicamente el Estado mexicano

Ciudad de México a 24 de julio de 2019

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Los derechos humanos son las necesidades materiales primordiales que requiere el hombre para el disfrute de una vida digna. Son conquistas sociales, producto de las luchas históricas del pueblo explotado y oprimido que de manera organizada obtienen para el bien común de las masas trabajadoras. La lucha por su respeto se convierte en medio para desenmascarar la política represiva y criminal del Estado mexicano y sus instituciones.

Estos derechos están contemplados en el artículo primero de nuestra Carta Magna que, a la letra dice, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los derechos que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, a su vez señala, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

En ese contexto, los argumentos del secretario general de Gobierno del estado de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, respecto a las acciones políticas de masas del pueblo son tendenciosas porque cuando señala que, "No se puede hablar de una organización que defiende los derechos humanos, si son ellos mismos quienes violan éstos, poniendo en riesgo la integridad física de las y los habitantes".

Es un artificio sugerir que es el pueblo organizado quien comete actos que violentan los derechos humanos, sin embargo, es el Estado y sus representantes quien comete actos de esta naturaleza al no garantizar una vida digna, al mantener en la pobreza y miseria al pueblo explotado y oprimido y entregar la riqueza social del país a voraces empresarios.

Aunque las autoridades gubernamentales conocen sus obligaciones como funcionarios públicos son omisos de los preceptos jurisdiccionales y buscan eludir su responsabilidad en el cometido de graves violaciones a los derechos humanos. En la ofensiva contra el FNLS en la entidad chiapaneca quedó evidenciada la actitud represora y profascista de su administración, que bajo el sofisma de la “seguridad” y el “estado de derecho” impone la dictadura de los empresarios a sangre y fuego.

¿Acaso es un chantaje exigir la libertad de nuestro compañero? Quien fue detenido desaparecido, torturado y presentado en un CERESO de mediana seguridad en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas con cargos fabricados, ¿exigir justicia y su libertad es un chantaje?, desde luego que no, el crimen cometido contra nuestro compañero es un acto de injusticia que no puede pasar desapercibido y reclama la acción política de masas para garantizar su integridad humana.

En el relevo institucional de administraciones estatales está marcada por el doble discurso, no existe congruencia con los argumentos que sostienen en la verborrea oficial y lo que se materializa en la vía de los hechos. Las nuevas administraciones hacen de la demagogia para intentar embaucar a más de algún ingenuo, pero el pueblo que vive y siente los estragos de la política represiva no les cree ni un ápice.

La confianza no se genera bajo la mentira, mucho menos a través de la imposición de medidas económicas mediante la violencia institucional y el terrorismo de Estado, a eso le llamamos ¡represión! e impedimento del derecho a la protesta popular. El pueblo organizado no se manifiesta por gusto, tampoco por simple capricho para obtener un beneficio personal, son las causas de lucha del pueblo y los actos de injusticia gubernamental los que crean las necesidades políticas de defenderlos de manera organizada.

La aplicación del estado de derecho al que alude el secretario de gobierno del estado de Chiapas es el respeto a la ley burguesa, es del derecho de una minoría rapaz hecha ley. Aplicar el marco jurídico burgués significa proteger los intereses político y económico de los empresarios y oligarcas nacionales y del extranjero. Los pequeños espacios que existen para que el pueblo exija sus derechos son cada vez más acotados.

En esta concepción se circunscriben los más de 12 desalojos violentos con la participación de la Guardia Nacional, policías estatal y municipal de la entidad, en esta lógica el pueblo que demanda sean atendidas sus necesidades elementales es considerado como transgresor de la ley en la lógica burguesa, y sobre su desgracia se finca el mantener la tan anhelada “paz”.

El encargado de la política interna en el estado de Chiapas señaló que la médula de la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas es la “seguridad” y cada acción que realice estará enfocada a proteger la “paz pública” y a fortalecer la “gobernabilidad”; vistos de esa manera implícitamente expresa que la mentada paz pública va de la mano con la conciliación, con aceptar dócilmente la explotación y opresión, con permitir los despojos violentos de la tierra de sus legítimos dueños para entregarlas a manos de empresarios, tanto del país como del extranjero.

Si el funcionario señala que, “la corrupción no será nuestra forma de trabajar”, entonces, por qué permite que sus agentes policíacos cometan desapariciones forzadas, torturen o fabriquen delitos con total impunidad, con esto nos queda claro una cosa, no se puede combatir la corrupción si no se combate la raíz que lo alimenta.

La corrupción es un fenómeno inherente al modo de producción capitalista, que mientras no se transforme de raíz, la violencia institucional, la corrupción, el terrorismo de Estado, la inseguridad permanecerá, independientemente de quien ocupe la silla presidencial, la continuidad será permanente en tanto la base material esté fincada en la explotación económica.

Las declaraciones que hizo Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), obedecen a la misma política del gobierno chiapaneco, descalificar las luchas de organizaciones populares que por más de cuatro décadas se mantienen por la ruta independiente del Estado, de sus partidos políticos y de su aliado el oportunismo.

Llamar “grupo radical” a las organizaciones combativas que se distinguen por su práctica política en el decir y el hacer es con la intención de criminalizar su lucha y descalificar las acciones políticas de masas que realizan para exigir el cumplimiento de sus demandas. Es criminalizar la protesta popular que tiene raíces en la inequidad que genera el régimen.

El FNLS no es ningún amontonamiento de personas o la suma mecánica de egos e individualidades, es una organización de carácter popular con presencia en los estados de Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, entre otros. Se conforma de organizaciones que tienen como objetivo la lucha por el socialismo en México y por las demandas inmediatas del pueblo trabajador.

Guiarnos por principios políticos bajo una concepción marxista no es un delito, mucho menos ser radical, porque eso implica quitar de raíz, modificar la esencia que nos mantiene sometidos bajo la explotación económica y opresión política, ¿acaso luchar por una vida digna para las masas trabajadoras es un delito?, desde luego que no, es una cuestión de dignidad y conciencia política. Por tanto, los que formamos parte del FNLS somos hombres y mujeres congruentes con nuestros ideales y lucha, porque es mejor luchar y organizarnos que permanecer callados y sumisos.

Luchar por el socialismo en México no es un delito, realizar acciones políticas de masas es una necesidad política, producto de las políticas represivas que impone el gobierno mexicano; hoy más que nunca la organización independiente es una necesidad política, sólo así de esta manera podremos hacer frente a la embestida gubernamental.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS