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Tinta Socialista No 77. Presentación con vida de los detenidos desaparecidos
Lunes 6 de mayo de 2019, por
Ciudad de México a 06 de mayo de 2019
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La lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos continúa, no cambia en lo sustancial con el arribo de una nueva administración, esta demanda permanece mientras el gobierno mexicano no haga lo necesario para dar con el paradero de las víctimas de este flagelo y castigue a los perpetradores de execrables crímenes que se cometieron en el pasado y los que se cometen en el presente.
La desaparición forzada en México es una de las expresiones del terrorismo de Estado en toda la geografía mexicana. Política de gobierno que desde hace 18 años laceró miles de hogares proletarios, política que a la fecha se mantiene sin cambios sustanciales; los registros diarios de víctimas mortales prueban la continuidad de esta política deleznable, decenas de personas son alcanzadas por la violencia desenfrenada.
Las declaraciones del Ejecutivo federal respecto a la “disminución de homicidios” en lo que va de su administración denotan una seria falta a la verdad, porque no coloca en su justa dimensión la esencia del fenómeno que se gestó en los sexenios pasados y que continúan en el presente. Pasa por alto que éstos se cometen por la violencia institucional que emana del régimen cuya esencia represiva no se modifica por decreto.
La tortuosa realidad la afronta el pueblo trabajador, es él quien pone los detenidos desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente sin obtener justicia. No se trata únicamente de cifras hoscas, sino de seres humanos que fueron trastocados por esta política deleznable, arrancados violentamente de sus hogares, de su cotidianidad y de una vida productiva.
Mantener la bandera de lucha de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen no es un delito ni debe ser denostada con aforismos leguleyos desde la institucionalidad, con esa política contribuyen a perpetuar el crimen de lesa humanidad y extienden la impunidad para las corporaciones policíacas y militares que participaron en el cometido de estas prácticas fascistas.
Es indignante que familiares de las víctimas del terrorismo de Estado realicen huelgas de hambre o un plantón afuera de las instituciones del gobierno federal para ser escuchadas, cuando es el Estado mexicano el que debe acercarse para esclarecer cada uno de los casos violación a los derechos humanos o el cometido de algún crimen de lesa humanidad. En lugar de atender las demandas de justicia, presentación con vida, el gobierno intenta tasar en dinero a los seres queridos como si las víctimas se intercambiaran como viles objetos.
¿De qué sirve otorgar dinero a los familiares de las víctimas si la demanda de presentación con vida y castigo a los perpetradores no es escuchada ni atendida con seriedad? La simulación, dilación y burocratismo fue la política de gobiernos anteriores con las víctimas directas e indirectas, que no se convierta en la práctica de la actual administración para justificar los crímenes y dejar en el olvido a cientos de miles de víctimas de este flagelo.
El dinero no repone la ausencia de un ser querido, mucho menos borra de la memoria histórica los momentos de terror y violencia que enfrentaron los familiares, amigos y compañeros de lucha. Una verdadera atención a la lacerante situación que vive el país debe redundar en establecer en su exacta dimensión la responsabilidad de los gobiernos anteriores y de los cuerpos policíaco-militares.
A casi cumplirse medio año de la actual administración, persiste en toda la geografía el cometido de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de fosas clandestinas. ¿Quién ordena tales crímenes? ¿Quiénes son los responsables? Son preguntas que sólo el jefe de Estado puede dar respuesta.
Las propuestas de “perdón sí y olvido no” desde el Ejecutivo pretenden borrar de la memoria histórica del pueblo el nombre, rostro, historia y vida de cada una de las víctimas directas, con esa concepción judeocristiana pretende “pacificar” el país y a la vez ocultar la magnitud del terrorismo de Estado y la violencia de clase.
El indulto por los crímenes cometidos es un acto que viola los derechos a conocer la verdad, dar con el paradero de las víctimas, castigar a los autores materiales e intelectuales y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. No permite conocer las motivaciones políticas y económicas que incentivaron la ejecución de esta política contrainsurgente contra las masas trabajadoras.
El trabajo que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el país no es suficiente, no basta con otorgar acompañamiento a los familiares y recurso económico o la búsqueda en yermos y parajes, sino es necesario señalar a los responsables y el móvil político, donde están involucrados elementos de la marina, militares y políticos de oficio.
Si los militares seguirán en las calles, independientemente del nombre que adquieren, hay muy pocas probabilidades de que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad desaparezcan, máxime si desde el Ejecutivo federal se lanza la propuesta de “dar vuelta a la hoja”.
Los elementos de la marina y del ejército son señalados por los familiares y víctimas directas como los responsables materiales de cometer desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales; violaciones graves de derechos humanos negadas por altos mandos militares, hecho que devela la protección institucional a los perpetradores.
No hay terquedad en la exigencia de justicia por las miles de víctimas de desaparición forzada, es una necesidad elemental saber qué fue lo que pasó con los seres queridos de millones de mexicanos, por sobre todo, enjuiciar y castigar a los responsables de este baño de sangre.
Existe en el actual gobierno la pretensión de continuar con la intentona de endosar los crímenes de lesa humanidad a la delincuencia organizada, ésta es la tesis que en la mayoría de las investigaciones pretenden sostener para eludir su responsabilidad en el cometido de cientos de miles de crímenes de lesa humanidad.
El caso de los normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa es el más ilustrativo del sexenio de Enrique Peña Nieto, trascendió las fronteras de la denuncia por la cantidad de víctimas en un solo hecho, pero desgraciadamente no es el único. Como ellos hay miles en toda geografía mexicana, los cuales deben ser abordados en su justa dimensión para que haya justicia.
El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es el más emblemático de la historia reciente de nuestro país, porque en él se consagran todos los elementos que configuran una desaparición forzada, además no hay ninguna duda de que se les fustiga con este crimen por su militancia política y sus convicciones ideológicas.
Crimen de lesa humanidad que no debe ser obviado por las autoridades e instituciones, hacerlo los coloca en corresponsabilidad, efectivamente el crimen se perpetró en el año 2007 con administraciones panistas, no obstante, administración que simula y entorpece las investigaciones para no presentarlos con vida, si no acata lo establecido por organismos internacionales de derechos humanos para dar con su paradero y castigar a los autores materiales son igualmente responsables por la imprescriptibilidad del crimen.
La exigencia es la misma, presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen, la necesidad apremia a mantener en alto esta demanda; el olvido fortifica a los criminales de Estado, la desmovilización incrementa la impunidad y mantiene a las víctimas en esa condición lacerante.
Son cientos de miles de víctimas de este flagelo, en correspondencia son miles las razones para realizar la denuncia y acciones políticas de masas, miles las causas que conducen al pueblo organizado a no callar ni mantener en el olvido a las víctimas de las desaparición forzada. La consigna ¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos! debe desgarrar las gargantas combativas para contagiar a sus hermanos de clase en condición similar.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS