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Tinta Socialista No 18. Al gobierno mexicano no le interesa dar con el paradero de los detenidos desaparecidos

Lunes 28 de agosto de 2017, por Ciudad de México

Tinta Socialista

El 30 de agosto se conmemora el Día internacional de las víctimas de la desaparición forzada, fecha histórica que tiene sus antecedentes desde 1981, para exigir justicia por todas las víctimas que fueron detenidas desaparecidas y de los cuales aún se desconoce su paradero.

Esta iniciativa la comenzaron los familiares organizados en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), lucha que concluyó con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010, donde recogió “La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.” (Resolución A/RES/65/209 Asamblea General de las Naciones Unidas).

En México varias organizaciones populares, colectivos de familiares de detenidos-desaparecidos y organismos defensores de los derechos humanos reivindicamos esta fecha, porque esta práctica aberrante no se ha erradicado, al contrario el gobierno mexicano continúa con la ejecución de este flagelo; son más de 350 mil víctimas las que ha generado la violencia institucional y el terrorismo de Estado en nuestro país.

La desaparición forzada en México es una política de gobierno, transexenal que desde el siglo pasado se práctica, independientemente de quien esté en la silla presidencial se ejecuta de manera sistemática y generalizada; cada crimen cometido lleva el sello y patente del Estado, aunque el gobierno mexicano intente ocultar la realidad, los hechos reflejan la esencia inhumana de este crimen de lesa humanidad.

En todos estos años no existe un registro confiable sobre las víctimas de la desaparición forzada, las cifras oficiales distan mucho de lo que refleja nuestra realidad objetiva, tan sólo por mencionar un caso, en el estado de Veracruz a principios de este año, los familiares denunciaron que en esta entidad federativa son más de 26 mil personas las que se encuentran en esta condición, en el 78 por ciento de los casos, los familiares no se atreven a denunciar por temor, amenazas, la falta de credibilidad en las instituciones al ver que protegen con el manto de la impunidad a los perpetradores o son ellas mismas las que cometen el crimen.

Lo anterior, refleja la magnitud del crimen que se comete contra el pueblo, este caso particular es una generalidad de lo que existe en todo el país, de cada 10 desapariciones forzadas sólo dos se denuncian; y en las que se denuncian existe una política de gobierno de no investigar, alargar los procesos, falsificar pruebas, tomar muestras de ADN de los familiares para presentarles otros restos, en fin una serie de hechos que las autoridades e instituciones impiden el acceso a una investigación pronta y expedita.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, que presentó este año, señala que de 1995 a agosto de 2015, existen 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas. Registró conservador por lo exponencial del fenómeno, pero nos habla de un hecho real y existente, que desmiente las versiones de hace diez años que en el país ya no se cometían las desapariciones forzadas o era un tema del siglo pasado.

Al gobierno mexicano no le interesa dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, ni erradicar este flagelo, su interés es evidenciar al candidato opositor, señalar sus actos de corrupción y buscar el candidato idóneo para las futuras elecciones del 2018; el objetivo es descorchar los actos de corrupción del contrincante como si eso ocultara la violencia institucional que vivimos en el país, en los hechos sólo expresan el grado de descomposición de la sociedad mexicana.

Es cruel y desgarrador que las autoridades les ofrezcan dinero a los familiares y les digan que olviden el hecho y piensen en sus demás hijos, como si su ser querido fuera un objeto al que se tiene que olvidar, si no fueron papa, un objeto inanimado, animales o chatarra la que desaparecieron, son seres humanos con un nombre, apellido, una historia, gente productiva y otras combativas que luchaban contra el régimen.

Cada político de oficio ofrece más formas de violencia contra el pueblo y ninguno propone detener dicha violencia, por el contrario todos ofrecen más y diversas formas de sometimiento político que garantice mayor explotación asalariada; estamos en la recta final de la aplicación del Pacto por México, la privatización de la salud avanza a pasos agigantados; lo mismo sucede con los trabajadores de la educación, la mayoría sólo preocupados por salvar su trabajo, cosa imposible con la reforma; y, en cuanto a la violencia de Estado, cada víctima llora por su ser querido, cada cual busca a su ser y por ello se olvida que en esa condición hay cientos de miles que si nos uniéramos formaríamos una fuerza popular para poner freno a tal violencia.

En lugar de elevar el grito de protesta en todas trincheras de lucha, algunos por ingenuidad o conocimiento de causa abogan por más y más policías, la solución no está en más policías, más violencia de Estado, que es lo que proponen los políticos de oficio sino en la transformación del país en un régimen donde el hombre sea el factor principal y no los interés mezquinos de una minoría que se apropia de la riqueza nacional.

La ley General Contra la Desaparición Forzada que pretenden aprobar en la Cámara de Diputados no favorece a la víctima, por el contrario la revictimiza; es una ley a modo que no reconoce los crímenes de lesa humanidad, desde el derecho burgués se recurre a maniobras leguleyas para diluir la responsabilidad del Estado, al definir que quien comete tales atrocidades no es a nombre del Estado, no es como agente del Estado, sino como funcionarios o como civiles que rompen con el marco de derecho, esa es una burda maniobra leguleya.

Nos encontramos ante un hecho de gran magnitud, que es necesario ver hacia la historia de la humanidad para no olvidar y no repetir, cuando se ejerció la violencia de Estado contra los comunistas nadie gritó, nadie protestó porque le pegaban a los comunistas. Eso fue un mal precedente, porque como dice el poema, luego fueron por los locos, por los defectuosos en su ser natural, por los enfermos terminales y nadie protestó, luego fueron por otras minorías y en el fondo estaban de acuerdo con la limpieza social que realizaban los fascistas, finalmente fueron por los judíos y tampoco protestaron ya no había quien lo hiciera, los únicos que podían hacerlo los aniquilaban en los campos de concentración.

Así que en este crimen de lesa humanidad también tienen responsabilidad los que callaron, los que no se movilizaron en su momento, los que no protestaron como solidaridad, se guardó silencio ante estos crímenes y, sólo cuando la violencia tocó la puerta de la casa se protestó, pero era tarde, la peste gris barría la humanidad. En este trance histórico de terror reaccionario los comunistas fueron los que pararon el crimen, una historia que se pretende negar y ocultar desde la academia y los centros académicos del imperialismo. Éstos fueron los que opusieron más resistencia y pagaron caro el precio de la liberación de esta peste humana, millones de ellos murieron en los campos de exterminio, por las balas criminales de la Gestapo, de los fascistas alemanes que barrían con todo lo que oliera a comunismo.

Ante el terrorismo de Estado en México pocos han protestado, sólo los más conscientes y combativos se atreven a señalar que es la violencia que emana desde el Estado, política de gobierno, sistemática y generalizada para contener la protesta popular. No repitamos la historia, es necesario organizarnos antes de ser víctimas, salgamos a las calles a desenmascarar la esencia represiva del Estado mexicano; exijamos juicio y castigo por los cientos de miles de víctimas de la desaparición forzada.

Pueden pasar los días, meses y años, pero los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, no se olvidan. No olvidamos que fueron detenidos desaparecidos por el Estado mexicano el 25 de mayo de 2007, no olvidamos que existe una resolución jurídica 29/2014 y no la quieren acatar, no olvidamos que los mantienen en sus cárceles clandestinas bajo tortura y en condiciones inhumanas, no olvidamos que los detuvieron-desaparecieron por su condición de revolucionarios, no olvidamos que por solidarizarnos con sus familiares detuvieron y desaparecieron a nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, asesinaron y ejecutaron de manera extrajudicial a compañeros.

Hoy más que nunca salimos a las calles a consignar de manera combativa en las plazas públicas, escuelas, carreteras, casetas hasta resonar y romper el silencio, conocer la verdad histórica, dar con su paradero y enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¡juicio y castigo a los criminales de Estado!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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