Análisis y opinión. Chiapas: nueva ERA autoritaria y represiva

Ciudad de México a 21 de diciembre de 2024

A la opinión pública

El cambio de gobierno en Chiapas representa la continuidad de la violencia institucional y de la política represiva en favor de los intereses empresariales. La asunción de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) al frente del Ejecutivo estatal el 8 de diciembre del presente año, y las primeras acciones de gobierno en torno al tema de la seguridad, conducen a un escenario represivo.

La autoproclamada “Nueva ERA” en la entidad chiapaneca significa el arribo de políticos de oficio y hombres del régimen que han desempeñado funciones represivas en administraciones pasadas.
Jorge Luis Llaven Abarca nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y Oscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo, son hombres del régimen con un largo historial represivo, hoy se imponen como funcionarios que hablan en nombre del pueblo, cuando han demostrado ser los verdugos de éste.

La designación de dichos personajes responde al llamado de los grupos de poder político económico para garantizar el estado de derecho burgués en la entidad, es decir, la protección a sangre y fuego de la sacrosanta propiedad privada. La “paz en los caminos de Chiapas” significa más criminalización, represión y judicialización de la protesta popular.

El encuentro que sostuvo el gobernador con empresarios de la zona Costa-Soconusco en Tapachula, fue notable el servilismo con el que pone al gabinete de seguridad a disposición de la élite empresarial, entonces, la política del gobierno es clara: por el bien de México, primero los empresarios.

No hay un cambio en la estrategia de seguridad del actual gobierno, es la misma que rigió en gobiernos pasados, donde destaca la militarización del país que conlleva la violación sistemática de los derechos humanos. Eso es lo que resulta cuando se impulsa una “una guerra sin cuartel”, una “batalla contra quienes violentan las leyes”.

En los hechos significa intensificar la violencia institucional y el cometido de prácticas de terrorismo de Estado contra el pueblo organizado, así como lo hizo Calderón en su gobierno tras declarar la “guerra contra la delincuencia organizada”, cuyos resultados oficiales fueron: más de 30 mil víctimas de desapariciones forzadas, más de 150 mil ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otros crímenes de lesa humanidad.

La estrategia usada para justificar la militarización en Chiapas es la misma que hemos visto en otras entidades federativas: el “repentino” auge de grupos delincuenciales, la “disputa” de plazas, el terror sembrado en la población propició el escenario ideal para impulsar medidas represivas de corte contrainsurgentes. De ahí que no hubo inacción durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, su papel consistió en dejar pasar y dejar hacer la acción de los grupos paramilitares para entregar un estado en aparente “ingobernabilidad”, y de esa manera justificar el despliegue de miles de policías, militares y marinos en Chiapas.

La violencia a la que dicen combatir no proviene de los caminos y carreteras de Chiapas, ésta se impone desde los pasillos institucionales y en las mesas de seguridad nacional, se materializa con la actuación de los cuerpos policíacos, militares y paramilitares; es dirigida contra el pueblo, principalmente aquellos que se organizan de forma independiente y a quienes hoy señalan de “violentos”, “extorsionadores”, “delincuentes comunes” para quitar el contenido político a la protesta popular.

A más de 10 días de iniciada la Nueva ERA, ninguna acción o mención ha hecho siquiera por atender las demandas populares, otorgar justicia para las víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desplazamientos forzados, desalojos violentos, represión.

De esta violencia de Estado no habla el gobernador, para él no existe. Bajo su lógica, quienes protestamos y exigimos presentación con vida de los detenidos desaparecidos, somos los “violentos”; quienes exigimos libertad a los presos políticos somos “delincuentes”; quienes realizamos acciones políticas de masas ante la represión e impunidad de la que somos víctimas, nos llaman “extorsionadores” y nos merecemos “todo el peso de la ley”.

La pacificación de Chiapas que tanto alude el gobernador se traduce en persecución política y judicialización contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, y organizaciones independientes. Es la paz burguesa que exige sometimiento del pueblo trabajador para la protección de sus proyectos económicos y el incremento de sus cuotas de ganancias.

La paz en Chiapas no se logrará con el incremento de la militarización y la creación de nuevos cuerpos policíacos para apuntalar un régimen de opresión y explotación. La paz para el pueblo es sinónimo de justicia e igualdad social, mientras éstas no existan, la protesta popular tendrá razón de ser.

ATENTAMENTE
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS