Análisis y opinión. Criminalización y judicialización de la protesta, componentes de la política del gobierno chiapaneco

Ciudad de México a 20 de diciembre de 2024

A la opinión pública

La criminalización y judicialización de la pobreza y protesta popular son los componentes de la política contrainsurgente diseñada por el actual gobierno chiapaneco encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar; la creación de un cuerpo policíaco de evidente esencia contrainsurgente; la persecución de luchadores sociales como “peligrosos delincuentes” y la amenaza de ejecutar órdenes de aprehensión contra integrantes de organizaciones populares, son los elementos de la política represiva de la nueva administración morenista en Chiapas.

En los pasillos de la Fiscalía del estado corre el rumor de que están integradas las carpetas de investigación contra “dirigentes” de organizaciones populares, entre ellas, nuestra organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), rumor que confirma las publicaciones que se realizan a través de las denominadas redes sociales, que documentan el asentamiento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las inmediaciones de comunidades organizadas en distintos esfuerzos organizativos.

No queda duda de la esencia represiva y contrainsurgente de la política diseñada por el gobierno morenista, misma que recibe el beneplácito de la titular del Ejecutivo federal. La pretensión es imponer los intereses empresariales a sangre y fuego, perseguir a luchadores sociales y organizaciones populares que se han caracterizado por la defensa de la tierra, los derechos humanos y las libertades políticas.

Las voces oficiosas insisten en tipificar las acciones políticas de masas como actos delictivos, afirman que en la comunidad Río Florido, que está organizada en el FNLS se comete el delito de “extorsión” y “retención de vehículos”, nada más falso y ruin, con ello se pretende justificar una incursión policíaca para realizar detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos.
Resulta irónico que los pueblos y comunidades organizadas figuren en el centro de la política de seguridad del gobierno que se autodenomina de la “nueva ERA”, mientras el paramilitarismo crece galopante en toda la entidad, lo que confirma que estos grupos son funcionales a las instituciones gubernamentales, es el caso de PAPICH, Los Petules, entre otros.

Las comunidades y luchadores sociales son catalogados como peligrosos delincuentes, el ejemplo ilustrativo se encuentra en el Lic. Juan Díaz Montejo, expreso político e integrante de FDROC, detenido de manera arbitraria, acusado por delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado; así como ataques a las vías de comunicación en la modalidad de bloqueo y/u obstaculización de la vía pública, cometidos en agravio de la sociedad, sin embargo, el exgobernador Rutilio Escandón Cadenas, sobre quien pesan denuncias por enriquecimiento ilícito, es premiado al frente de un consulado en Estados Unidos. Con este ejemplo queda claro que la ley está dirigida para castigar la pobreza y protesta popular.

La lucha contra la delincuencia organizada es una mascarada para encubrir operativos de corte contrainsurgente, la característica de las detenciones lo demuestra. No se trata de hacer defensa a ultranza de tal o cual detenido, el negocio de las drogas es real e inocultable, pero lo que cierto es que éste es dirigido desde las altas esferas del poder político y económico, por lo tanto, el despliegue de efectivos es para reordenar esta economía subterránea del Estado mexicano.

El involucramiento de elementos de corporaciones policíacas en negocios ilícitos sólo es la comprobación que estos actos de la economía subterránea son funcionales a las instituciones y que las ganancias engrosan las arcas de algún político de oficio, funcionario o empresario local.

El festejo de Jorge Luis Llaven Abarca por los magros resultados de la política de seguridad irradia el tufo de las contradicciones en los negocios que se piensan dirimir con la violencia institucional. Se trata de abrir camino a la imposición de los intereses de empresarios locales y regionales con el puntal de los cuerpos policíacos y militares.

Los factores que generan violencia son las mismas instituciones que perpetúan la precariedad material de las masas, sin embargo, ser pobre no significa que en automático se sea delincuente, pero la política de gobierno actual busca anticiparse y a través de la contrainsurgencia pretende eliminar la lucha de un pueblo que históricamente se ha resistido al saqueo y la rapiña empresarial.

En el 2019 escuchamos la misma amenaza gubernamental, la existencia de carpetas de investigación en contra de nuestros compañeros por ejercer el derecho a la protesta ante el cometido de crímenes de lesa humanidad, no sorprende que el fiscal, nuevamente investido con fuero institucional insista en su vocación criminal y profascista para arremeter contra el pueblo organizado y cometer violaciones a los derechos humanos.

Es ilustrativa la actitud de beneplácito que emerge de la titular del Ejecutivo federal ante la vocación represiva del gobierno chiapaneco, en esa correspondencia es también responsable de la ola de violencia y de las inminentes violaciones a los derechos humanos. Con Morena a la cabeza, inicia un proceso de mayor criminalización de la pobreza y protesta popular que busca imponer a sangre y fuego el mezquino interés empresarial.

La ofensiva gubernamental empieza a tomar forma, cada vez es más nítido que el objetivo es inhibir la protesta y organización popular a través de la judicialización de las acciones políticas de masas, ante ello, el pueblo trabajador organizado y no organizado, debemos arribar a la denuncia y movilización política para desenmascarar el carácter represivo y antipopular del actual gobierno chiapaneco.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS