Análisis y opinión. La “paz” no se construye con políticos de oficio corruptos o agentes de Estado especialistas en violar los derechos humanos

Ciudad de México a, 18 de diciembre de 2024

A la opinión pública

La “paz” no se construye con represión, violaciones a los derechos humanos, con políticos de oficio corruptos o agentes especialistas en violaciones a los derechos humanos; hablar de una “paz” que sólo beneficie a empresarios y oligarcas dista mucho de atender las demandas populares.

Mucho se habla en la administración federal y, por ende, en los estados gobernados por el mismo partido político electoral de “paz” como parte de su estrategia de seguridad; concepto que visto desde el punto de vista de la seguridad proempresarial adquiere connotaciones muy distintas a las que anhelamos los hogares proletarios, sobre todo aquellos que estamos organizados de manera independiente.

La paz no se objetiva cuando persisten las desapariciones forzadas en el país, cuando las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales continúan, cuando los asesinatos políticos son una forma de contener la protesta popular, cuando la tortura, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento policíaco contra organizaciones populares persisten, cuando luchadores sociales o defensores de los derechos humanos están presos por su forma de pensar.

No podemos hablar de paz cuando las administraciones, federal o estatal, están conformados por hombres o mujeres con historial amplio en corrupción, abuso de autoridad o nepotismo; las frases “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” son hueras porque políticos de oficio enquistados en gobiernos morenistas de la noche a la mañana enriquecieron su cartera, ejemplo de ello es el anterior gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a quien se le atribuyen propiedades en Campeche, Chiapas y Tabasco, calculadas en 500 millones de pesos.

Cantidad que no incrementó con su salario de gobernador, pese a ello, lo protegen como Cónsul de México en Miami, Florida. Caso que no va a ser investigado por enriquecimiento, mucho menos por las violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad que cometió durante su administración en Chiapas.

Lo mismo sucede con Edwin Herrera, nombrado subsecretario anticorrupción en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar; lo cuestionable es que sus acusaciones por corrupción marcaron su salida del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (2020). Es acusado de extorsión a centros de capacitación y de crear empresas fantasmas para desviar recursos del programa. Aun así, está en la administración estatal de Chiapas como si nada hubiera hecho.

La realidad comprueba que mientras sea útil a la política de los gobiernos en turno, no importa lo que hayan hecho o hicieron, lo importante es imponer los intereses de los grupos de poder económico y político que los mantiene en el poder.

A ello obedece la conformación de gobiernos que dicen abrazar los principios de la “transformación”, pero en los hechos son todo lo contrario. ¿Cómo hablamos de anticorrupción cuando corruptos están en las instituciones de gobierno? ¿Cómo hablamos de paz y seguridad, cuando agentes de Estado especialistas en cometer graves violaciones a los derechos humanos son los encargados de delinear la estrategia de seguridad para la “pacificación” del país?

Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Avendaño son dos agentes de Estado, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo, pese a ello, ¿por qué los sostienen cómo si nada hubieran pasado? Es visto que el Estado mexicano protege a los verdugos del pueblo, los mantiene activos en las estructuras policíacas, son los que pueden garantizar a través de la violencia de clase los intereses empresariales.

Llaven Abarca desde que publicó su libro Chiapas: la seguridad que todos queremos, mi experiencia en la construcción de un Chiapas seguro, en el año 2023, en el libro, por sus palabras “hace un diagnóstico de la inseguridad en Chiapas que incluyen mapas de la incidencia delictiva”. Lo real es que el libro describe la concepción profascista de la política en materia de seguridad.

En una de sus presentaciones estuvo el actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar cuando fue senador de la república en la que elogió su trabajo y publicación; también lo presentó ante el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, con los que se comprometió a combatir a la “delincuencia”, en su lógica, los empresarios son los que le dan de comer al pobre al darles trabajo. Para ellos esos son el “pueblo” al que deben proteger.

En el libro destaca que “La seguridad de Chiapas, es el principal patrimonio para el desarrollo de nuestros pueblos y la mejor manera de procurarla es promoviendo los valores de cero impunidad ante la delincuencia”. Política que la administración de Eduardo Ramírez Aguilar impulsa, razón por la que dice que en su administración sólo existen delitos del fuero común.

También señaló que en su experiencia combatió a la delincuencia social, la de grupos organizados que, al amparo de la pobreza, la discriminación y la ignorancia se dedican al bloqueo de carreteras y la invasión de predios, actividades que se han convertido en un negocio. En sus palabras, “a los grupos sociales que cometan delitos se les tienen que aplicar la ley, sin excepción”.

Lo que dice es ilustrativo, porque explica la concepción represiva, autoritaria y profascista de un agente policíaco que, durante 23 años de carrera policial, ha destacado por cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado, por imponer la ley a través de la violencia institucional; tiempo en el que ha gozado de impunidad e inmunidad de las diferentes administraciones partidistas, todas sin excepción lo han protegido y mantenido activo en las instituciones represivas.

Hoy Morena lo protege, de esa manera es como quieren construir la paz en la entidad chiapaneca, con medidas represivas; con la criminalización y judicialización de la pobreza y protesta popular; desde esa perspectiva, la lucha contra la delincuencia organizada es el pretexto para cometer detenciones arbitrarias, recluir en las cárceles a luchadores sociales o defensores de los derechos humanos por exigir el cumplimiento de sus derechos y libertades políticas.

Eso, ¿qué tiene de diferencia con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa? Sólo una, que los de ahora de manera perversa utilizan un lenguaje populacho para imponer a través de la violencia y la represión su política institucional.

Desde el Poder Judicial, el Ejecutivo tanto federal como estatal y el mismos Congreso del estado, se alían para tipificar al luchador social o defensor de los derechos humanos como “delincuente”, “vándalo”, “pandillero” o “criminal”; la protesta será criminalizada y judicializada porque en su lógica no se detiene a luchadores sociales sino a “delincuentes”, razón por la que según su lógica se les tiene que aplicar la “ley sin excepción”.

No puede haber paz en un pueblo que tenga como programas asistenciales 1500 al mes o cada dos meses y con políticos de oficio que hagan fortuna de la noche a la mañana de hasta 500 millones de pesos, eso no es austeridad, mucho menos igualdad.

La protesta, los derechos y libertades políticas no se negocian, ni están sujetos a caprichos de empresarios, políticos de oficio o agentes de Estado, son conquistas del pueblo trabajador, ante necesidades políticas y sociales no resueltas, luego entonces, no surgen por cuestiones personales o de grupo, tienen su esencia en conquistar una vida digna.

El pueblo que decide organizarse de manera independiente lo hace de manera consciente y por voluntad propia, quienes están en esas filas no son delincuentes, son luchadores sociales, defensores del derecho a la vida, el trabajo, la posesión de la tierra, a no ser sometido a tortura, a no ser detenido desaparecido. ¡Porque ser luchador social, no es sinónimo de delincuente!

Atentamente
¡Por la unidad, obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS