Análisis y opinión. La política “Cero impunidad” está diseñada para judicializar la protesta popular

Ciudad de México a, 13 de diciembre de 2024

A la opinión pública

La frase “Cero impunidad” es política de gobierno de la actual administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo, misma que es ejecutada en los estados de la república mexicana gobernados por Morena; decisión oficial que criminaliza y judicializa la pobreza y protesta popular.

Política engañosa que sólo se ejecuta contra el pueblo que está organizado fuera de las estructuras gubernamentales; a los que son incómodos para la administración actual; a quienes denuncien que el gobierno mexicano viola los derechos humanos.

En cambio, a políticos de oficio corruptos, agentes de Estado acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos no aplica “Cero impunidad”, sólo basta decir que se unen al proyecto de la transformación para eliminar todo expediente criminal; a ellos les garantizan la impunidad absoluta, les otorgan inmunidad y los mantienen activos en las instituciones represivas como si nada hubieran hecho, con tal de ser aliados de la “transformación”.

En México la impunidad es política de gobierno no sólo de las administraciones morenistas, también lo han hecho los sexenios panistas y priistas, en todas se ha garantizado la protección de hombres del régimen útiles a su política de gobierno. Organismos internacionales de derechos han señalado que, en México la impunidad es total, no se castiga a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

De esa manera es como no hay sanciones ni penas para políticos de oficio que hoy están en las cámaras legislativas o en las secretarías de seguridad pública, pese a los delitos o crímenes que hayan cometido están exentos de castigo. Aunque desde Palacio Nacional cínicamente digan que presenten pruebas para eludir una realidad que está presente en el país.

En Chiapas está política “Cero impunidad” es aplicada en la administración estatal de Eduardo Ramírez Aguilar, político de oficio que de manera altanera y soberbia señala “aquí no hay lugar para el miedo”, “vamos aplicar la ley”, “se acabó la fiesta”; frases de un gobierno que va hacer de la criminalización y la protesta popular una política institucional.

Lenguaje que implícitamente señala que en Chiapas no existe la protesta y la denuncia política, ambas serán catalogadas como delitos del fuero común, desde su investidura estatal van a determinar que protesta es aceptable y cual no; desde esa visión niega el derecho a la protesta, a la manifestación y expresión de ideas, sólo existe en su argot gubernamental la palabra “delitos del fuero común”. Eso no tiene mucha diferencia con los gobiernos priistas o panistas.

El titular de la fiscalía de Chiapas es un agente de Estado que goza de la impunidad total de gobiernos morenistas, para él no aplica la política “Cero impunidad” pues les es útil para aplicar la contrainsurgencia en la entidad chiapaneca. Sobre él pesan acusaciones y recomendaciones de derechos humanos por ser el responsable de tortura, cometer detenciones arbitrarias, robo, lesiones, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios.

Pesan sobre él acusaciones por asesinato bajo tortura, por ese caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación CDH/007/2005, en los que señala como uno de los perpetradores a Jorge Luis Llaven Abarca, de ahí se abrió una Averiguación Previa 071/2005, la investigación arrojó que había cuatro fiscales en la tortura, entre ellos el actual fiscal de Chiapas; también está la recomendación 70/2020 por la detención y privación de la libertad contra un ciudadano.

Los crímenes de Estado que cometió fueron durante administraciones federales panistas, pese a ello se ha mantenido activo en esos sexenios, y en las actuales administraciones morenistas; todas le han garantizado protección, no ha sido enjuiciado ni castigado por los crímenes que ha cometido, pese a ello hoy está nuevamente como titular de la fiscalía en Chiapas.

Desde la fiscalía, se dedicó a elaborar Carpetas de Investigación a modo que judicializó contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, es el caso de nuestros compañeros Javier Gonzáles Díaz, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, presos injustamente en el año 2019, más de dos años estuvieron recluidos, por las denuncias y actividades de protesta salieron absueltos, se comprobó que los delitos que les imputó la fiscalía fueron falsos, en ese período estuvo como fiscal Jorge Luis Llaven Abarca; hoy no sorprende que desde esa misma institución se dediquen a armar carpetas de investigación para criminalizar y judicializar la protesta popular.

Óscar Avendaño Aparicio es otro agente de Estado que goza de la protección de los gobiernos morenistas, para él no aplica la política “Cero impunidad”. Hombre del régimen, señalado por cometer abuso de autoridad, existen acusaciones en su contra por privatizar la seguridad en beneficio de empresarios, desapariciones, homicidios, cateos no autorizados, extorsiones, violencia que incrementó mientras estuvo a su cargo de la seguridad en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y municipio de Tulum en Quintana Roo.

Pese a las acusaciones del nuevo secretario de seguridad en Chiapas, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo dijo, “Primero tiene que haber pruebas para las acusaciones. Hay veces que se dicen algunos temas y no necesariamente tienen sustento. Cualquier secretario de seguridad o fiscal tiene que pasar su examen de confianza, que incluye una revisión de antecedentes, y si surgiera, se actuaría en consecuencia”.

En su discurso se contradice, porque sabe y es de su conocimiento lo que representa Avendaño Aparicio, es de su conocimiento el historial amplio que tiene de corrupción y violaciones a los derechos humanos, sin embargo, lo sostienen en las instituciones de seguridad, la pregunta es ¿Por qué sostienen a represores en esas instituciones?, ¿qué intereses defienden y pretenden imponer en la entidad chiapaneca con dos hombres especializados en violar derechos humanos?, ¿a quién consideran un obstáculo para imponer sus proyectos empresariales?

Queda evidenciado que la política “Cero impunidad” es un sofisma en la actual administración, porque está diseñada para criminalizar la pobreza y protesta popular, así es como luchadores sociales o defensores de los derechos humanos se encuentran injustamente en las cárceles del país con acusaciones falsas.

El respeto al derecho a la manifestación o a disentir se convierte en una simulación en la actual administración, porque en su lógica no hay razones para protestar, no hay justificación alguna para salir a las calles a denunciar, quien lo hace es ignorado, silenciado desde las instituciones y por algunos medios de comunicación que se pliegan a los designios de Palacio Nacional.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS