Análisis y opinión. Visión represiva y contrainsurgente en la política de seguridad de los gobiernos emanados de MORENA

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2024

A la opinión pública

Los gobiernos estales que emanaron de MORENA mantienen la visión represiva y contrainsurgente en la política de seguridad pública; el maniqueísmo implica un análisis sesgado que sólo atina a observar el efecto y omite la causa. En Chiapas y Veracruz insisten en reforzar los cuerpos policíaco militares y la creación de nuevas corporaciones para apuntalar su proyecto de gobierno y mantener avante el mezquino interés empresarial por encima del interés colectivo de comunidades campesinas e indígenas.

La diferencia entre los gobiernos actuales que se jactan de ser “del pueblo” respecto a los abiertamente declarados neoliberales es mínima, si se atiene a observar la ruta coercitiva para atender los problemas sociales, existe la insistencia en colocar las medidas de corte represivo y punitivo como premisa de desarrollo, lo que implica ampararse en los cuerpos represivos para garantizar los intereses de la minoría empresarial explotadora.

La gobernadora Rocío Nahle García en Veracruz asume el cargo en un contexto complejo y de violencia contra las masas trabajadoras, en el cual su antecesor se caracterizó por desarrollar una política represiva y antipopular que se tradujo en violaciones a los derechos humanos. Los casos se registraron en varias regiones de la entidad, por mencionar algunos, en la comunidad de Totalco, contra campesinos que se resisten a la depredación de sus mantos acuíferos, y el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, a quien se le mantiene en injusta reclusión por más de dos años, dos botones de muestra que ilustran la política represiva del gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez.

Militarizar las instituciones de política pública lleva implícito el fortalecimiento del Estado policíaco militar, conduce a la imposición de medidas coercitivas que criminalizan la pobreza y protesta popular. El supuesto combate a la inseguridad que emana de diversas nomenclaturas “criminales” es utilizado como mascarada para asegurar altas tasas de ganancia de grupos empresariales, de negocios lícitos e ilícitos.

Resulta irónico que quienes se amparan de seguir una “mística” diferente, mantengan las mismas premisas que condujeron a los panistas a declarar la guerra al narcotráfico, a los priistas de perseguir a luchadores sociales o activistas. Los gobiernos actuales mantienen la esencia de la política de seguridad de diseminar hombres armados, con insignias oficiales y no oficiales, para imponer el control de la población por medio del terror y la zozobra.

Las violaciones a los derechos humanos no fueron erradicadas en los gobiernos morenistas de Chiapas y Veracruz, por el contrario, la lista de víctimas se incrementó considerablemente, sobre todo en la primera entidad, donde al inicio de gobierno saliente se desató una andanada represiva contra todo el movimiento popular, política que se tradujo en centenas de presos políticos, desplazamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos.

Eduardo Ramírez Aguilar “ERA” asume la gubernatura entre un clima de inestabilidad social y una profunda desigualdad entre los chiapanecos, pero no es aquella promovida tendenciosamente por algunos medios de comunicación, que colocan a la acción de supuestos grupos criminales en semejanza con la actividad de protesta de diversas organizaciones populares y que son quienes mantienen en vilo la situación política en Chiapas. La explicación está en otro tenor, son los grupos empresariales quienes pretenden imponer su voluntad a sangre y fuego, quienes están en la disputa por control de territorio para asegurar fuentes de materias primas y rutas de comercio para ello promueven el paramilitarismo.

No es fortuito que de manera mediática no se presente diferencia alguna entre la acción política de masas y la acción denominada delincuencial, con ello pretenden eliminar el carácter político de la protesta y la lucha de comunidades y diferentes sectores sociales ante necesidades y demandas no resueltas, esta maniobra es con la intención de abrir la pauta para la judicialización de la protesta popular. Por ello, el recién investido como gobernador insiste en perseguir y castigar todos los delitos del fuero común, porque es una declaración de ofensiva contra el actuar de protesta de los trabajadores de la educación, normalistas rurales, pueblos indígenas y campesinos en Chiapas.

Sin duda que su sentencia de recuperar la “paz en los caminos de Chiapas” tiene dedicatoria para las organizaciones populares y comunidades indígenas que utilizan la actividad política del bloqueo carretero para manifestar su inconformidad por necesidades políticas o sociales no resueltas. Es contradictorio que por un lado se diga ser un gobierno del pueblo y por la otra, no se atienda las causas que originan la protesta, pero sí se delinean políticas de corte profascista y contrainsurgente.

No se niegan los fenómenos sociales de la delincuencia y la criminalidad, pero ésta es propositiva y funcional a las instituciones gubernamentales. Es bien sabido que ahí donde la “violencia” parece desbordada, es porque existe el interés empresarial sobre determinada rama productiva o materias primas; ahí donde se despliega a los diferentes cuerpos de policías, militares y marinos los crímenes de lesa humanidad se incrementan de manera descomunal.

La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una medida de corte contrainsurgente, más policías no garantizan seguridad y estabilidad social, por el contrario, está comprobado por la realidad concreta que en la medida que son más los efectivos militares, marinos o policías de diversa índole diseminados en la calle, son más las violaciones a los derechos humanos contra la población organizada y no organizada.

Apostar por consumados criminales de Estado para conducir la justicia en Chiapas es un mecanismo que vaticina el incremento de la violencia institucional, son diversas las voces que se alzaron para denunciar que la designación de Jorge Luis Llaven Abarca en la fiscalía del estado significa la imposición de una política de violaciones a los derechos humanos por el historial turbio que pesa sobre este personaje de la política institucional.

La justicia social no es asunto de envalentonados, tampoco de cobardía o pusilanimidad, abordar las cosas como lo hace el actual gobernador de Chiapas significa personalizar los asuntos de justicia, está velada la amenaza de ejercer medidas de corte policíaco militar ante temas que evidentemente son del ámbito de la justicia social y demandas populares no resueltas.

No hay duda de la filiación pro empresarial, el primer mensaje que brinda como gobernador electo es para la cúpula de empresarios que tienen sus intereses fincados en esta región del país, ambición que pretenden imponer sin importar que afecten los intereses colectivos de comunidades indígenas y campesinas.

Presentar como paradigmático la terminación de infraestructura carretera ilustra la vena empresarial, es evidente que no son los habitantes de las comunidades quienes se mueven por estas vías. El objetivo está dirigido a beneficiar a empresarios del ramo de turismo y servicios para incentivarlos a mantener o incrementar sus inversiones para garantizar mayores porcentajes de ganancias e imponer su voluntad en detrimento de las masas trabajadoras campesinas e indígenas.

Insistimos por enésima vez, la violencia no emana de las organizaciones de pueblo, ésta proviene de las instituciones que buscan imponer a sangre y fuego el mezquino interés empresarial, ante ello, la acción política de masas siempre será legítima para salvaguardar el interés colectivo.

Atentamente
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS