Análisis y opinión. El gobierno de la Nueva ERA en Chiapas se apoya en criminales de Estado para “pacificar” la entidad

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2024

A la opinión pública

En Chiapas, un nuevo ciclo de represión y violencia institucional inicia con la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, política de gobierno avalada desde el gobierno federal, y ejecutada por los nuevos representantes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño y la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECh), Jorge Luis Llaven Abarca.

El pasado 8 de diciembre tomó posesión de su cargo como titular del Ejecutivo estatal en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con un discurso que de forma promete devolver “la paz a Chiapas”, pero de esencia es represivo, autoritario y profascista; en él se advierte que la única ley que va respetar es la que dicte desde su investidura como gobernador y la que provenga de Palacio Nacional.
El gobierno de la Nueva ERA cuando presentó su gabinete de seguridad puso un plazo de 100 días para obtener resultados y un período de 6 meses “para mantener pacífico el estado”, frases que evidencian un gobierno de carácter demagógico, antipopular y proempresarial, ya que va administrar los intereses empresariales y caciquiles con los cuerpos policíaco militares y grupos paramilitares.

La “paz” que pregona es aquella que garantice la acumulación y concentración de capital en pocas manos, una “paz” que asegure los intereses de empresarios y neocaciques; la que someta la voluntad de lucha del pueblo organizado fuera de los marcos corporativos del Estado. Desde un inició se anuncia un gobierno que no va atender las demandas populares más que aquellas que no le sean incómodas o sean parte de su militancia política electoral.

La pacificación de la que habla es aquella que no permita bloqueos o volanteos carreteros, plantones, marchas, denuncia política o acciones políticas de masas que critiquen su política de gobierno. En los hechos es anular el derecho a la protesta y tipificar como “delincuente” o “transgresor de la ley” a luchadores sociales o defensores de los derechos humanos.

Política que se aplicó con su antecesor Rutilio Escandón Cadenas, hombre que despojó de manera violenta a cientos de colonos de su tierra, único patrimonio de vida, para entregárselo a empresarios y neocaciques; mantuvo presos a luchadores sociales por su forma de pensar, defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

La diferencia en el gobierno de la Nueva ERA es que este va actuar como lo que tanto han criticado de sus opositores, PRI o PAN, quienes cuando fueron gobierno aplicaron una política profacista, autoritaria y represiva contra el pueblo organizado y no organizado, de esa manera es como “quiere escribir la historia”.

Desde su gobierno intentan robar banderas de lucha del pueblo trabajador, se hacen llamar un gobierno “del pueblo y para el pueblo” o poner nombres a instituciones de seguridad con la frase “del pueblo” para confundir y hacer creer que están para servir, no obstante, los titulares que representan esos cargos institucionales son hombres y mujeres con amplio historial en abuso de autoridad, cometido de graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y un amplio historial represivo.

Pareciera que con el gobierno de Nueva ERA se borra de un solo tajo los antecedentes criminales de hombres como Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sujetos preparados y entrenados en las instituciones del régimen, que han aplicado los manuales de contrainsurgencia norteamericana en el país, el primero en Chiapas y, el segundo, en Quintana Roo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán y Oaxaca, lugares que han destacado por incrementar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado que va acompañado del despojo.

No es casual poner a dos represores, en la fiscalía y en seguridad pública, para “pacificar” la entidad chiapaneca, tenerlos en su gabinete lleva una intensión: contener todo brote de protesta o inconformidad social; desde esas instituciones se designará, según su lógica criminal, qué acción de protesta es aceptable y cuál no. Ambos se elevan como tribunal de lo político para definir quién puede y quién no puede ejercer el derecho a la protesta.

Aspectos que no debemos perder de vista porque son las mismas prácticas que utilizan en Colombia, el sionismo israelí y el imperialismo norteamericano, lugares donde han sido adiestrados los elementos policíacos que hoy conforman su gabinete de seguridad. Lo que llama la atención es, ¿por qué Morena se apoya en políticos de oficio de formación prosionista y profascista para aplicar la justicia?

El discurso del gobernador como, “Todos los delitos del fuero común, vamos con todo, con valor. Aquí no hay derecho al miedo, la ley se va aplicar”; expresa la política de un gobierno que va hacer de la violencia institucional y la militarización de la entidad una forma de gobernar, una condición para imponer los proyectos empresariales que demandan los grupos de poder económico y político que lo mantienen en el Ejecutivo estatal.

La labor de inteligencia de la que tanto se habla no es más que el trabajo de espionaje contra luchadores sociales o defensores de los derechos humanos, la fiscalía se ha convertido en una fábrica de carpetas de investigación a modo para mantener en la cárcel a aquellos que le sean incómodos, no sujeten a sus designios o realicen protesta política contra la política de gobierno fincada en la violencia institucional. Eso en los hechos son prácticas profascistas.

El aval de Palacio Nacional a su política se observó el pasado 6 de diciembre cuando la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración de la autopista Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de Las Casas (la cual ya existía), señaló que “la seguridad en Chiapas es un tema que ya abordó con su gabinete, para que enfrenten los problemas sociales y de inseguridad en Chiapas de manera directa y con soluciones integrales”.

Lo que indica que la política del gobernador de “aplicar la ley” sin excepción y la pacificación del estado no es un hecho aislado o casual, obedece a una política de gobierno orquestada desde la administración federal y fincada en la militarización para contener el descontento, criminalizar y judicializar la protesta popular.

Así lo estableció la presidenta en su discurso, “Trabajaré en coordinación con las autoridades estatales para buscar soluciones que promuevan la paz y el bienestar de las comunidades afectadas. Pase lo que pase estaré con ustedes”, por lo tanto, los dichos del gobernador de “traer la paz a Chiapas”, “obtener resultados en 100 días” y “pacificar Chiapas en seis meses” son de su pleno conocimiento, por lo que, no será de su desconocimiento las violaciones a los derechos humanos y el cometido de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo trabajador.

Los gobiernos federal y estatal de Chiapas ya tomaron una decisión, le van apostar a la represión, a la violencia institucional para contener todo brote de inconformidad social y las acciones de protesta de las organizaciones populares independientes, los dichos del gobernador son respaldados con el aval de Palacio Nacional.

Los “abrazos” se acabaron, inicia un nuevo ciclo de violencia institucional en Chiapas, por lo que la represión y las violaciones a los derechos humanos serán política de gobierno; las organizaciones populares independientes no vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta y manifestación de ideas, mientras haya injusticias razones sobran para luchar.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS