Análisis y opinión. En Chiapas se criminaliza y judicializa la protesta popular

Ciudad de México a 6 de diciembre de 2024

A la opinión pública

La criminalización y judicialización de la pobreza y protesta popular es política de gobierno en el estado de Chiapas; práctica institucional expresada en detenciones arbitrarias, la fabricación de carpetas de investigación y la creación de delitos falsos contra luchadores sociales o defensores de los derechos humanos.

La protesta popular no surge por capricho o necesidad, surge ante la política de represión y violaciones a los derechos humanos de las que somos objeto, en nuestro caso es para exigir la libertad de Higinio Bustos Navarro, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, justicia para nuestros compañeros caídos, alto a la persecución política y alto a la represión contra el FNLS.

La respuesta institucional que hemos recibido a nuestras demandas es trato diferenciado por ser organización popular independiente, dilación, indolencia, burocratismo y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, pese a que mantenemos un plantón de ocho meses a un costado de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), no han atendido nuestras demandas.

La emboscada contra los compañeros de Las Palomas y Las Verdolagas, donde asesinaron al compañero Pablo Gómez Sánchez el pasado 25 de noviembre y la agresión paramilitar contra los compañeros de Las Perlas, entre ellos dos menores de edad, el 4 de diciembre de 2024 son responsabilidad de los gobiernos federal de Claudia Sheinbaum Pardo y estatal del entrante Eduardo Ramírez Aguilar.

El gobierno federal porque se ha negado a atender nuestras demandas, han tratado con desdén e indolencia a nuestros compañeros en el plantón en la CDMX, aplican la política de, “ni los oigo, ni los veo”; el estatal porque son los responsables de los actos represivos contra nuestros compañeros y por proteger a grupos paramilitares para que cometan crímenes de lesa humanidad contra integrantes de nuestra organización.

Las declaraciones de fiscalía respecto a las agresiones de los compañeros de Las Perlas cometidas por el grupo paramilitar PAPICH evidencian la política represiva que van aplicar contra el conjunto del movimiento popular independiente. Expresa también la aquiescencia y relación que existe entre gobierno y grupos paramilitares en la entidad.

La política “cero tolerancia”, “cero impunidad” se aplica contra el pueblo trabajador organizado fuera de las estructuras gubernamentales mas no a agentes corruptos, señalados por cometer graves violaciones a los derechos humanos contra luchadores sociales o defensores de los derechos humanos; a políticos de oficio o funcionarios que se encuentran en las estructuras del gobierno mexicano bajo las banderas del “Segundo piso de la transformación”.

Política que no es aplicable para criminales de Estado, como el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, hombre formado en las instituciones de la democracia burguesa, acusado por cometer crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, sobre él existen recomendaciones de organismos de derechos humanos, donde lo señalan como responsable torturar a luchadores sociales, pese a ello, lo protegen y le otorgan impunidad desde Morena, por el simple hecho de ser un aliado estratégico de la Cuarta Transformación.

La frase “cero impunidad” es engañosa, una política que sólo es aplicable en gobiernos autoritarios o profascistas que no consciente la protesta popular ni la denuncia política; la diferencia en esta administración es que lo hacen en nombre del “pueblo”, en nombre de ellos justifican las prácticas criminales de los cuerpos policíacos militares y grupos paramilitares.

El estado de derecho al que mencionan no es más que el estado de derecho empresarial, está evidenciado que el gobierno chiapaneco va a defender a toda costa los intereses económicos de empresarios y neocaciques, van a priorizar el interés particular por encima de los intereses populares. Son ellos los que exigen la aplicación de la ley contra el pueblo trabajador.

Lo que hicieron con los compañeros de Las Palomas y Las Perlas es un botón de muestra de lo que existe en la entidad Chiapaneca, en la que grupos paramilitares a nombre de la “paz” cometen violaciones a los derechos humanos bajo el consentimiento del gobierno estatal. Crímenes de lesa humanidad expresados en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desplazamientos forzados.

La violencia no la genera el pueblo trabajador, mucho menos las organizaciones populares independientes, ésta la genera el gobierno mexicano a través de los cuerpos policíaco militares y paramilitares, así como el estado de derecho que criminaliza y judicializa la protesta popular.

Nuestras demandas son justas y legítimas, mientras la indolencia persista la denuncia política en las calles será una necesidad; mientras la respuesta gubernamental sea el cometido de graves violaciones a los derechos humanos las acciones políticas de masas persistirán.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS