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Análisis y opinión. La violencia en Chiapas tiene origen en las instituciones políticas y la descomposición social
Viernes 6 de diciembre de 2024, por
Ciudad de México a 6 de diciembre de 2024
A la opinión pública
El origen de la violencia en Chiapas se encuentra en las instituciones políticas que dan vida al régimen, emana de la puja de empresarios por asegurarse recursos naturales, materiales o energéticos por mecanismos violentos; la descomposición social espolea un proceso de lucha fratricida donde el sujeto desclasado nutre los grupos paramilitares y se prestan para cometer tropelías y aberraciones contra la población inerme y el movimiento popular.
El reconocimiento que hacen algunos políticos de oficio de la situación que se vive en Chiapas es sesgado, porque en su aparente preocupación por los “niveles” altos de violencia pretenden justificar las medicas de coercitivas y punitivas que criminalizan la pobreza y protesta popular.
Es real que existen municipios de la entidad donde se observa un incremento de los índices “delictivos”, sin embargo, el análisis se debe centrar en ubicar qué empresario se ve favorecido con dicho clima de “inestabilidad” social. No es fortuito que en la región de Motozintla y Chicomuselo experimenten este fenómeno, pero la explicación no debe partir de adjudicar este hecho a tal o cual nomenclatura criminal, la razón se encuentra en los importantes yacimientos de mineral que ambicionan explotar firmas nacionales y extranjeras.
Resulta hipócrita la opinión de personajes como el diputado Rubén Zuarth, cuyo razonamiento es reforzar las instituciones de seguridad, lo que implica más medidas de corte policíaco militar. Es tanta la miopía política o amplia la vena represiva que no advierten que detrás de esta supuesta confrontación entre siglas denominadas delincuenciales, se encuentra agazapado el interés de un grupo empresarial o caciquil, como una condición socioeconómica en el sureste mexicano.
La sentencia de “pacificar aplicando la ley” significa judicializar toda acción de descontento y hartazgo popular con el estado de derecho oligárquico. Para nada se cuestiona la voracidad empresarial que impone a sangre y fuego sus intereses.
Pantelhó es el municipio que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, lo mismo el municipio de Oxchuc, entre otros, no obstante, en algunos es claro que las contradicciones que se dirimen con la violencia son de índole interpartidista, lo que lleva a la conclusión que no es una violencia a secas, es violencia institucional provocada por las mismas instituciones.
La aplicación del “Estado de Derecho” representa la imposición de medidas de corte contrainsurgente y represivas. A la luz de los acontecimientos no se sabe de la judicialización de los empresarios que se vieron fortalecidos con el desalojo de sus tierras y el despojo de sus pertenencias al inicio de la administración de Rutilio Escandón Cadenas, por tanto, es claro que la aplicación de esta ley a la que hace referencia tiene dedicatoria contra las masas trabajadoras, en particular, contra aquellas que se organizan de forma independiente.
El pueblo no es violento por naturaleza, responde en la misma proporción que son afectados sus intereses, por ello vemos destellos de hartazgo social en varias regiones del estado, pero esto tiene relación intrínseca con la voracidad de grupos caciquiles o empresariales.
En Chiapas se da un fenómeno socioeconómico concreto, aquellos caciques de tradición depredadora mantienen sus fueros al amparo del poder político, pretenden asegurar su lugar en la producción a través del despojo y desplazamiento forzado de comunidades, ya no para asegurar su tierra como medio de producción, sino para usufructuar de ella, la riqueza natural o energética.
No es casual que hoy existan denuncias sobre el enriquecimiento ilícito del gobernador saliente, riqueza que se traduce en ranchos ganaderos en varios estados del sureste mexicano. No hay riqueza acumulada groseramente en manos de un individuo que se le pueda considerar bien habida, la experiencia de cualquier trabajador puede asegurar que ni con jornadas extenuantes se puede amasar una fortuna en tan poco tiempo.
El mismo diputado asegura que otro “foco” de violencia es la región del municipio de Venustiano Carranza, no obstante, omite que en esta región se dio la lucha por la recuperación de tierras que estaba acaparada por caciques, acaparamiento que se dio por mecanismos truculentos. Apellidos de renombre caciquil hoy emergen con la intención de acrecentar sus fortunas, siguen con el intento del despojo por medios violentos a través del financiamiento de grupos paramilitares que son presentados como de la delincuencia organizada.
El municipio de Altamirano merece una mención aparte, las contradicciones interpartidistas no resueltas han envuelto al municipio en un ambiente de inestabilidad social, pero esto nada tiene que ver con las organizaciones populares. Es claro que, para mantener un estado de cosas, políticos de oficio y empresarios se han amparado a la política de fortalecimiento del paramilitarismo, tal como sucede con la creación del grupo PAPICH.
Si quisiera ser objetivo en su razonamiento debería sostener que es un clima que fue propiciado por la misma autoridad gubernamental al permitir el fortalecimiento y creación de grupos paramilitares, política que hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Así es como fue favorecido el grupo paramilitar “Los Petules” con un cachito de la lotería nacional y fueron creados otros para diseminar el terror en la población.
No hay duda del vínculo empresarial y políticos de oficio con el actuar de los grupos paramilitares, es tanta la impunidad que les es proporcionada, que sin ningún pudor amenazan y promocionan sus actividades delictivas.
El fortalecimiento de la política paramilitar se ha develado como política gubernamental en Chiapas, el gobierno estatal de Escandón Cadenas permitió su proliferación porque de esta manera le permite justificar medidas policíaco militares en ciertas regiones del país, al mismo tiempo que de esta manera evade su responsabilidad en el cometido de violaciones a los derechos humamos por aquiescencia.
Las organizaciones populares no comparten el optimismo de “ver con buenos ojos” el arranque de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, en el caso de nuestros compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ya fuimos víctimas del asesinato político de nuestro compañero Pablo Gómez Sánchez; de la agresión y amenazas de muerte contra nuestros compañeros de la comunidad de Las Perlas; de la estigmatización y el vituperio para intentar justificar nuevas agresiones en nuestra contra.
El odio y la violencia la siembran quienes se amparan en el anonimato de las denominadas redes sociales, en cada amenaza contra compañeros se evidencia la mano policíaca. Con su dedo inquisidor pretenden colocar la integridad de nuestros compañeros en el tiro de diana para nuevas agresiones.
La “reconstrucción de paz” no viene con las amenazas veladas de la Fiscalía de criminalizar y judicializar la protesta popular. La voluntad a la que se ampara pasa inexorablemente por la actitud que adopte el gobierno federal y el estatal de responder positivamente a las necesidades que demandan las masas trabajadoras para una vida digna.
No se puede compartir el mismo deseo de “esperanza” ante la nueva administración, es evidente que ésta inicia con la amenaza, el asesinato político y la agresión paramilitar. Política que ha cobrado numerosas víctimas del pueblo chiapaneco organizado y no organizado.
La violencia en Chiapas tiene patente en las instituciones gubernamentales, el paramilitarismo se nutre de la descomposición de la sociedad, la miseria económica ha engendrado miseria humana que es utilizada para encauzar una lucha fratricida, de esta manera el gobierno estatal pretende eludir su responsabilidad en el cometido de violaciones graves a los derechos humanos.
La organización popular y la protesta no son actos contestatarios, obedece a la sistemática negación de los derechos constitucionales y las libertades políticas. Ante la represión, al movilización y combatividad en las acciones políticas de masas.
Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS