Análisis y opinión. Consumados criminales de Estado componen el organigrama represivo en el gabinete chiapaneco

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2024

A la opinión pública

Consumados criminales de Estado son investidos por la nueva administración morenista en Chiapas; Jorge Luis Llaven Abarca es designado nuevamente por un período de 9 años al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, indicativo de la concepción retrógrada, profascista y criminal agazapada en la nomenclatura de MORENA en la entidad chiapaneca.

Es paradójico que sean parafraseadas las tesis más utilizadas por el extitular del Ejecutivo federal; “gobierno del pueblo y para el pueblo” se traduce en “fiscalía del pueblo y para el pueblo” según palabras de Llaven Abarca, no obstante, que pesan sobre él denuncias del cometido de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como una concepción antipopular por sus filiaciones proempresariales.

Resultan hipócritas sus argumentos sobre la pacificación de la entidad, no puede existir paz mientras el hambre, la miseria y la inmundicia golpean los hogares chiapanecos. Las condiciones materiales de existencia son cada vez más precarias producto de la ambición de un puñado de empresarios de linaje caciquil que se quieren abrir camino en los negocios a punta del despojo, violencia y rapiña.

Desde la comodidad de la curul es fácil sostener que la paz se adquiere con medidas coercitivas de corte contrainsurgente, con la nómina que subsana el erario son cubiertas las necesidades más allá de lo elemental con lo que resulta cómodo hablar de paz, por ello, políticos de oficio pretenden imponer la paz que implica el sojuzgamiento de las masas populares, mayores medidas punitivas que criminaliza la pobreza y protesta popular.

La ley a la que se amparan los gobiernos en turno representa el interés de empresarios elevado a rango positivo. ¿O ya se olvidó la ola represiva que orquestó la triada criminal compuesta por Rutilio Escandón Cadenas, Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca a inicios del 2019? En la actualidad esa tierra despojada forma parte de los negocios de empresas inmobiliarias, queda claro que se colocó el interés empresarial por encima del de cientos de familias pobres.

Pregunta obligada Lic. Llaven Abarca, ¿acaso los cientos de familias que fueron desalojadas de sus hogares y despojadas de sus pocas pertenencias no eran pueblo? O ¿a qué pueblo se refiere? Es obvio que hablamos idiomas distintos, para usted, pueblo es aquel empresario o cacique que conforman el poder local, no se refiere a las comunidades campesinas, indígenas o trabajadores de distinto ramo.

Por supuesto que no es un improvisado en cuestiones de justicia, usted sabe torturar, conoce de los “métodos de interrogación” para arrancar confesiones a modo, tiene experticia en el arte de evadir la justicia y ampararse en la impunidad, es hábil para coordinar operativos descomunales para desalojar al pueblo pobre, para dirigir todo el andamiaje represivo contra hombres, mujeres y niños.

La confianza del pueblo no está en quienes mienten y ocultan su vena represiva con discursos elocuentes, no importa cuánto pretendan caer en gracia con las palabras utilizadas por el gobierno saliente, lo concreto es que el pueblo trabajador y sus organizaciones conocen del amplio historial represivo que pende sobre quienes hoy son gobierno.

Que el pueblo de Chiapas quiere paz, es real, pero no es la paz que promueven quienes gobiernan. La paz que anhelan las masas trabajadoras es aquella que viene con la justicia social, la que garantiza el acceso a la educación, salud, vivienda digna y trabajo. La paz para el empresario es la que le garantiza amasar grandes fortunas, por eso es obvio que no hablamos de la misma paz.

La conformación de los respectivos gabinetes, tanto el federal como el estatal de Chiapas, dejan una estela de cuestionamientos que la misma realidad responde. Al problema de seguridad se anteponen medidas coercitivas que criminalizan la pobreza y la protesta popular; en el caso particular chiapaneco, pareciera que se le acabaron las opciones para el nombramiento de funcionarios, se tuvo que echar mano de elementos con un historial político demasiado turbio, por decir lo menos.

El problema de violencia en Chiapas se debe explicar ante la voracidad empresarial que quieren asegurar un nuevo período de centralización y concentración de capital, por la descomposición social que es espoleada por la explotación económica, por los resabios feudales que aún persisten en la producción agrícola y pecuaria.

Personajes de historial oscuro como Llaven Abarca no deberían poseer el fuero institucional, debería ser llamado a la justicia para que responda por las denuncias que pesan sobre él por el cometido de violaciones a los derechos humanos.

MORENA empieza a adoptar la forma de lo que tanto criticó de sus opositores del PRI y del PAN, un gobierno que pondera las medidas coercitivas y punitivas por encima de la justicia social, una política que extiende la militarización como premisa de desarrollo, por ende, una concepción proempresarial y represiva que ve al pueblo pobre como potencial delincuente.

El gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo y el estatal de Eduardo Ramírez Aguilar inician con una amplia deuda de justicia social no resuelta. En la entidad están pendientes la justicia por la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz; la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; desarticulación del grupo paramilitar “Los Petules” y el cese a la represión contra el movimiento popular; y, justicia por el asesinato político del compañero Pablo Gómez Sánchez.

Ante la criminalización de la pobreza y protesta popular, la acción política de masas, ante la calumnia y el vituperio, la denuncia política en el plano nacional.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS