A dos años de la resolución del amparo en revisión 51/2020, instituciones del Estado mexicano incurren en desacato con la finalidad de mantener impune el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Ciudad de México a 08 de agosto de 2024

A la opinión pública

A dos días de cumplirse dos años de la resolución del amparo en revisión 51/2020 a
favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
que ordena su búsqueda y localización, las instituciones del Estado mexicano incurren
en desacato, omisión e indolencia gubernamental con la finalidad de prolongar la
impunidad en este caso de desaparición forzada perpetrada por corporaciones policíaco
militares hace más de 17 años.

El amparo en revisión 51/2020 resuelta el 10 de agosto de 2022 por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), fue una conquista del movimiento popular
independiente en la lucha por la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo
y Gabriel y no voluntad política de ningún funcionario o político de oficio. Fue la
persistencia en la exigencia de justicia y la solidaridad del pueblo que permanece
incondicional en su anhelo por conocer la verdad y el juicio y castigo a los responsables
materiales e intelectuales de cometido del crimen de lesa humanidad.

A dos días de cumplirse dos años de este hecho histórico, las instituciones y autoridades
encargadas de garantizar la justicia en este sexenio, dibujan un sello singular ante el
fenómeno de la desaparición forzada y en particular en el caso de los revolucionarios,
desacatan una orden judicial emitida por el máximo tribunal de justicia en el país para
garantizar impunidad a criminales de Estado.

La conformación de una Comisión Especial de Búsqueda (CEB) como parte del
mandato judicial para la búsqueda y localización de los revolucionarios Edmundo y
Gabriel quienes fueron reivindicados por el Partido Democrático Popular
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), es un hecho histórico,
sin embargo, transcurre en un mar de actos indolentes y re victimización por las
instituciones gubernamentales y sus representantes.

La parte gubernamental en la CEB incurren abiertamente en el desacato y con ello
confirman que la política gubernamental no es hacer justicia y poner un alto a la
impunidad que prevaleció en sexenios pasados, sino en dar continuidad a la impunidad
para la protección al pilar del Estado y sostén del gobierno en turno, el ejército
mexicano.

En la desaparición forzada de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz actuaron
corporaciones policíaco militares como política de gobierno, razón que mantiene a la
Fiscalía General de la República (FGR) con una política dilatoria y omisa, sin ejecutar
los 32 actos de investigación que posiblemente puedan conducir a dar con los
responsables materiales e intelectuales, sin embargo, es evidente que existe la intención
de proteger a altos mandos policíaco militares, por ende, a la institución castrense
señalada históricamente por su participación en el cometido de crímenes de lesa
humanidad.

La conclusión a la que arriba la Suprema Corte en casos de desaparición forzada como
el de los revolucionarios al equipararlo como “un crimen perfecto”, no está distante a la
realidad, los indicios que existen acerca de este crimen hacen aún más complejo ligar
con prontitud a los responsables materiales e intelectuales, máxime cuando la FGR
apuesta a la dilación, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se posa como espectador y
el resto de las instituciones re victimizan constantemente apostando al desgaste de los
familiares, abogados, organismos internacionales acompañantes y organizaciones
solidarias.

Por la trascendencia histórica del caso y la posibilidad real de tocar fibras sensibles del
Estado como responsable del crimen de la desaparición forzada de los revolucionarios,
la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución que desde un inicio se negó en
asistir a la conformación de la CEB, no prestó las facilidades para que sus elementos
comparezcan ante la justicia, manos aún facilitar información sobre las actividades que
realizaba esta institución durante el año de 2007 en el marco del movimiento magisterial popular en Oaxaca.

Son dos años que el pueblo organizado y los familiares de los dos revolucionarios
exigimos el cumplimiento íntegro de la orden judicial emitida por la SCJN, y este hecho
permite avances dignos por parte de las víctimas, porque a pesar de los intentos de las
instituciones del Estado en conducir los trabajos de la CEB a la frustración y a la
búsqueda bajo la presunción de muerte, la exigencia de presentación con vida
permanece como bandera de lucha.

Mientras el gobierno en turno considere la justicia y los casos de desaparición forzada
como un tema menor en su agenda política y prioricen las directrices políticas de
fortalecer al ejército mexicano y considerarlo como una institución impoluta, los
crímenes de lesa humanidad continuaran como prácticas del terrorismo de Estado y sus
responsables se mantendrán en total impunidad.

Si la impunidad prevalece para el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las acciones políticas de masas continuaran en la palestra nacional, hasta lograr juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y encubridores de la desaparición forzada de ambos revolucionarios.

Atentamente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo