A dos días de cumplirse dos años de la resolución del amparo en revisión 51/2020 a
favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez
que ordena su búsqueda y localización, las instituciones del Estado mexicano incurren
en desacato, omisión e indolencia gubernamental con la finalidad de prolongar la
impunidad en este caso de desaparición forzada perpetrada por corporaciones policíaco
militares hace más de 17 años.
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