Análisis y opinión. El hostigamiento policíaco forma parte de la política represiva para intentar minar la lucha del pueblo organizado

Ciudad de México a 31 de agosto de 2023

A la opinión pública

El hostigamiento de elementos policíacos con o sin insignias en nuestras actividades políticas, la vigilancia sobre domicilios de personas solidarias con nuestra jornada de lucha, así como la toma de fotografías o video a través de teléfonos celulares por agentes de Estado… forma parte de la política represiva contra la organización independiente, conforma la maniobra represiva que impulsa la administración actual como mecanismo policíaco para crear expedientes incriminatorios y judicializar la protesta popular.

La política de ver a las organizaciones populares como potenciales delincuentes o criminales es propia de una concepción reaccionaria, que no consiente el derecho del pueblo a disentir y a organizarse fuera de los marcos corporativizantes del Estado mexicano, política que se vivió en los tiempos del PRI y el PAN como partidos electoreros abiertamente represivos, empero, en la administración morenista, persisten estas prácticas de seguimiento policíaco para encontrar elementos que criminalicen la lucha y permitan al gobierno justificar la represión.

El gobierno federal asegura en el discurso respetar el derecho a la protesta, sin embargo, en los hechos resulta ser un acto demagógico porque es evidente la presencia de agentes policíacos vestidos de civil y de uniforme en labores de hostigamiento y espionaje en los mítines, mesas informativas y actividades políticas que desarrollamos, con tal proceder, anula de facto el derecho a la manifestación y expresión de ideas y contradice la argumentación desde la voz oficial.

Es el mismo proceder que impulsa el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, en días anteriores denunciamos la presencia de vigilancia policíaca sobre el domicilio de un compañero solidario que facilita las condiciones para el aseo personal y descanso de compañeros que se encuentran en plantón en la Plaza Regina de la ciudad de Xalapa, con lo que queda demostrado que la política de seguimiento y espionaje es vigente en la actual administración federal y estatal.

Queda claro que la concepción de estos gobernantes es criminalizar la pobreza y protesta popular, pretenden elaborar expedientes incriminatorios que judicialicen la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad a los presos políticos y cese a la represión contra el pueblo organizado de forma independiente, en esta concepción maniquea, no hay luchadores sociales sino quebrantadores de la ley.

Este proceder represivo adquiere un rasgo incisivo ahora que el Estado mexicano está obligado a cumplimentar la sentencia judicial que emanó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, misma a la que han manifestado una oposición férrea instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR).

No es casual el incremento del hostigamiento ahora que punto central de la exigencia de presentación con vida se encuentra en la comparecencia de mandos militares y la presentación de la información que posee la SEDENA en torno al caso, lo que ilustra un proceder represivo para hacernos desistir de la denuncia mediante el hostigamiento y el cometido de nuevos crímenes de lesa humanidad, así como extender la impunidad a los perpetradores de tan abominables crímenes.

La captura de fotografías y video desde los aparatos telefónicos es una forma de alimentar el expediente que judicializa la protesta popular, a través de estos dispositivos electrónicos desarrollan una táctica represiva cuyo resultado es la violación a los derechos humanos. En la actualidad, estos dispositivos son equiparados a la letalidad de las armas de los cuerpos castrenses, porque con ellos se coloca al sujeto político en el centro de la diana para la represión.

Paradójicamente estas acciones de hostigamiento se desarrollan en entidades gobernadas por la sigla partidista que se jacta de no seguir más esa política de represión, por lo que todo ese discurso representa actos demagógicos para embaucar incautos. En la Ciudad de México y en el estado de Veracruz, hemos denunciado el seguimiento y hostigamiento contra nuestros compañeros que se encuentran en el desarrollo de actividades políticas de masas.

La protesta tiene motivaciones políticas, expresa la inconformidad social ante las injusticias sociales que adquiere un cause organizado de manera independiente, no obstante, el proceder de las autoridades gubernamentales indica una concepción maniquea, porque atienden a la organización popular desde el punto de vista de la criminalidad, por ello el seguimiento policíaco para alimentar los expedientes incriminatorios, porque en su lógica represiva, no hay protesta, sino actos fuera de la ley.

En la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa se crearon incontables expedientes incriminatorios con el propósito de desarticular la organización independiente del pueblo, a través de éstos se sostenían calumnias mediante los epítetos de “organizaciones criminales y terroristas”, “delincuencia organizada”, entre otros, para eliminar el carácter político de la organización popular.

Con Enrique Peña Nieto en la silla presidencial esta política no tuvo variaciones sustanciales, los organismos de espionaje del Estado mexicano estuvieron sobre la organización popular para elaborar la estrategia represiva. Lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa lo confirma, hoy se sabe que elementos del Ejército mexicano tuvieron elementos infiltrados al interior de la normal “Raúl Isidro Burgos”.

Al arribo de la actual administración existió un manejo discursivo para confundir al pueblo, en los dichos presidenciales se afirma que ya no hay seguimiento ni espionaje, sino “inteligencia”, esto representa un sofisma, porque en los hechos cumplen la misma labor represiva y contrainsurgente.

La continuidad de la represión y de las prácticas profascistas no es un invento, existen en la realidad objetiva que lacera a millones de familias y organizaciones populares. ¿Quién ordena? ¿Dónde se sistematiza toda esa información? ¿En qué archivo incriminatorio se ordena?, son preguntas que sólo puede responder la administración actual y los funcionarios que la planifican y ejecutan.

Fraternalmente
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS