Análisis y opinión. La militarización del país a través de la Guardia Nacional manifiesta continuidad en el fortalecimiento del Estado policíaco militar

Ciudad de México, a 6 de julio de 2023

A la opinión pública

La militarización del territorio nacional es un hecho indiscutible, manifiesta continuidad en el fortalecimiento del Estado policíaco militar mediante la creación de la Guardia Nacional (GN) e indica una relación directa con el cometido de más violaciones a los derechos humanos. La estrategia gubernamental para el combate a la inseguridad se encuentra bajo los parámetros de crear más cuerpos represivos.

La conmemoración del cuarto aniversario de la GN representa la revictimización de quienes son objeto de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, porque hasta ahora siguen sin resolverse los casos más emblemáticos de acciones represivas, por el contrario, la cifra sigue en aumento, porque no es atacado a fondo el fenómeno socioeconómico que genera desigualdad social.

La esencia violenta de los cuerpos represivos no se elimina con la colocación de una aureola a las corporaciones castrenses, no importa cuánto insista el Ejecutivo federal en que son pueblo uniformado, la realidad es que cada día aumentan los testimonios de atropellos cometidos por efectivos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Marina.

No se trata de un discurso “conservador” la afirmación de que con la creación de nuevos cuerpos represivos manifiesta proporcionalidad con el cometido de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en un sistema de gobierno que favorece a la clase que detenta el poder, emerge un Estado que tiene el monopolio de la violencia para garantizar la perpetuidad de la injusticia capitalista.

El monopolio de la violencia es del Estado, éste manifiesta el sello de clase que detenta el poder, por tal motivo, cada destacamento de hombres armados que emerge de éste es para garantizar la reproducción de los intereses de empresarios nacionales y extranjeros.

El Ejecutivo federal no se debe confundir en colocar a todas las voces críticas hacia lo que representa su política de gobierno, el criterio de verdad es la práctica, es una terquedad negar lo que existe a través de abundante testimonio, el cometido de prácticas de terrorismo de Estado por medio de las corporaciones policíacas a las cuales se han ampliado sus facultades coercitivas desde la constitución.

Los medios de comunicación dan reflectores a la amplia documentación del cometido de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en lo que va del presente sexenio como si fuera nota roja. Aunque existen variaciones en aspectos cuantitativos respecto a administraciones anteriores, hay una lógica que no cambia: el cometido de violaciones a derechos humanos para favorecer a grupos de poder político y económico persiste.

La hegemonía en el ejercicio de la violencia institucional está evidenciada en el despliegue policíaco de fuerzas federales en municipios ante el supuesto incremento de la “inseguridad”, lo paradójico es que aún con la presencia de estas corporaciones, los crímenes no amainan. Este fue el escenario que se vivió en la entidad chiapaneca, en los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo.

El papel protagónico de los cuerpos policíaco militares en acciones de seguridad resalta por la incompatibilidad con el discurso de respeto a los derechos humanos y de establecer una brecha con los gobiernos antecesores abiertamente represivos, en los hechos resulta una incongruencia política que no soporta el rigor de la realidad objetiva.

Desde los políticos de oficio que ahora están de lado de la oposición utilizan este escenario de violencia para arremeter contra los resultados del gobierno actual en materia de seguridad, sin embargo, no reparan en el hecho concreto de que esta espiral de violencia inició con Vicente Fox Quesada, continuó con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Del saldo de la represión son responsables las siglas que se han encumbrado en el poder político, unas por dar inicio a un proceso de militarización como argumento para solucionar la inseguridad, otras por tratar de darle continuidad y fortalecimiento, la actual por dotar de facultades constitucionales a una corporación policíaca.

La militarización es un hecho real, no importa cuánto se empeñe la palabra. Si no hay orden de cometer crímenes contra el pueblo, justo es explicar la pregunta, ¿por qué la cifra de víctimas aumenta? No es con el discurso de proteger a las fuerzas represivas con un ropaje de “pueblo”, su condición represiva no cambia con elucubraciones subjetivistas.

El fortalecimiento del Estado policíaco militar se da por medio de la institucionalización de militarización, lejos quedó el discurso de combatir “el fuego con el fuego”, hoy la diseminación de fuerzas armadas en el país manifiesta relación en el cometido de violaciones a los derechos humanos.

El cuestionamiento no debe ceder ante el estigma que emana desde Palacio Nacional, la denuncia del cometido de violaciones a los derechos humanos debe mantenerse presente, la movilización popular para exigir justicia es el garante de sortear la espiral de violencia que tiene relación con la agudización de las contradicciones capitalistas.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad de todos los presos políticos en el país!
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS