Boletín de prensa: Autoridades incumplen sentencia de la SCJN a favor de los revolucionarios Gabriel y Edmundo

Chiapas a 17 de noviembre de 2022
Al pueblo de México
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al conjunto del movimiento popular

Boletín de prensa:
Autoridades incumplen sentencia de la SCJN a favor de los revolucionarios Gabriel y Edmundo

El incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya por parte del Secretario de la Defensa Nacional, la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, contradice los marcos institucionales de acceso a la justicia y respeto al estado de derecho al que pregona el Ejecutivo federal (CEAV), confirma la demagogia gubernamental y la impunidad que priva sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad que son política de Estado.

La sentencia de la Suprema Corte es muy clara, establece un plazo de 30 días naturales para que los señalados cumplan inmediatamente después de la notificación hecha el 5 de octubre. La actitud que la SEDENA y CEAV tienen en casos de desaparición forzada, en particular, el de los revolucionarios Gabriel y Edmundo representa una tentativa por prolongar la impunidad hacia el Ejército como autor material e intelectual fundamental en el crimen cometido contra los revolucionarios el 25 de mayo de 2007.

Su incumplimiento oculta tácitamente su responsabilidad material e intelectual en un caso de desaparición forzada cometida como política de Estado, se protege sobremanera a la institución castrense, pero deja al descubierto que la impunidad es una política transexenal. Los acontecimientos derrumban paulatinamente las aseveraciones de la existencia de justicia en el país por parte del Ejecutivo federal, con lo que se confirma una política demagógica.

El Ejecutivo federal está en la posibilidad de garantizar la justicia y verdad y no prolongar la impunidad en el caso de los revolucionarios desaparecidos por el Ejército. En su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México tiene la responsabilidad moral de conducirse de acuerdo a los pactos internacionales de derecho humanos del que México es parte y tenga por finalidad sancionar y erradicar estos crímenes tan atroces.

El desacato de una orden judicial por parte de estas instituciones no es propio de un gobierno democrático o respetuoso de los derechos humanos, esta respuesta a la exigencia de justicia y verdad refiere una política institucional que da continuidad a las graves violaciones a los derechos humanos. La respuesta del gobierno panista de Calderón Hinojosa, la del PRI con Peña Nieto y MORENA al frente del Licenciado Andrés Manuel Lípez Obrador le identifica una política de impunidad sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad a pesar de que este último profiere buena voluntad.

Por su parte, el responsable de la política interna del país, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mantiene indiferencia para abordar el caso con responsabilidad, de su parte no se expresa ni la más mínima voluntad política para dar con el paradero de dos víctimas de un crimen perpetrado por la institución castrense. La posición que asumen destila indolencia y no la disposición para garantizar justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos como lo es la desaparición forzada.

El gobierno municipal y estatal de Oaxaca, así como instituciones federales como la SEDENA y FGR desacatan una sentencia emitida por la máxima instancia de justicia en el país, un antecedente que marca una pauta de que son las instancias de gobierno e instituciones del Estado, así como los funcionarios públicos quienes violan todo marco jurídico con el objetivo de prolongar la impunidad y no garantizar la justicia y verdad en el país.

El pueblo organizado estamos con el legítimo derecho de apelar al derecho a la protesta popular, a la libre expresión y manifestación en calles y plazas públicas con la finalidad de denunciar esta practica transexenal que mantiene la impunidad a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

El desacato de la SEDENA y FGR, así como de la CEAV, gobierno municipal y estatal de Oaxaca quienes debían cumplir con la sentencia emitida por la Suprema Corte, evidencia coordinación que conduzca a la protección de los altos mandos castrenses en la desaparición forzada de los revolucionarios aquel 25 de mayo de 2007 en la capital del estado de Oaxaca.

La creación de la Comisión Especial de Búsqueda es un avance, forma parte de las medidas de satisfacción en el proceso de búsqueda y localización, pero es limitada si los señalados en la sentencia no cumplen y asumen los requerimientos para dar con el paradero de las víctimas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores nacionales e internacionales a estar atentos en el proceso de exigencia de justicia y verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas, en particular, la de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes para quienes la ley los ampara con una sentencia a su favor.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo