El incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya por parte del Secretario de la Defensa Nacional, la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, contradice los marcos institucionales de acceso a la justicia y respeto al estado de derecho al que pregona el Ejecutivo federal (CEAV), confirma la demagogia gubernamental y la impunidad que priva sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad que son política de Estado.
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