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Represión en San Cristóbal de Las Casas es política de gobierno

Sábado 30 de julio de 2022, por Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 30 de julio de 2022

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

Represión en San Cristóbal de Las Casas es política de gobierno

Los hechos represivos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas en los últimos dos días, es política de gobierno a nivel estatal contra el pueblo organizado y no organizado. Se reprimió al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y Trabajadores del Sindicato Independiente al servicio del municipio, pero no se atienden las razones ni se habla de ello, condición que profundiza la contradicción entre el interés popular y el interés empresarial que defienden políticos de oficio bajo el argumento de la aplicación del estado de derecho.

En lo que va de la actual administración municipal a cargo de Mariano Díaz Ochoa, no lo distingue la atención y solución a los fenómenos políticos, económicos y sociales, se muestra indolente ante las exigencias populares. Los últimos acontecimientos en esta ciudad desenmascaran que la represión, la estigmatización y criminalización es la respuesta oficial de su gobierno para ignorar las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador.

Es intolerante e insensible a toda causa justa. Por ejemplo, el FNLS se le reprimió el 28 de julio sobre la entrada de la ciudad en el crucero conocido como San Pablo, salida a la ciudad de Comitán y Ocosingo, para informar sobre los más de 300 mil casos de desaparición forzada en el país y exigir justicia y verdad para las víctimas, crímenes de lesa humanidad en la que tiene responsabilidad el Estado mismo.

El contexto no es favorable para las víctimas de los crímenes de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, desde el Estado y sus estructuras minimizan la necesidad de la lucha por justicia y verdad, además, existe censura o autocensura en los medios de comunicación que oculta aún más la exigencia de presentación con vida de los desaparecidos, máxime, cuando el crimen es cometido por las corporaciones policíaco militares.

De la represión contra el FNLS no se dice nada de los motivos que en cada movilización informamos, mucho menos de la exigencia de justicia como una necesidad de las víctimas y el pueblo en general ante la magnitud de la impunidad que el Estado y gobierno en turno procuran para los perpetradores, en particular, para el Ejército. Este es el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya desaparecidos de manera forzada por el Ejército en mayo de 2007, un caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta por resolver este 10 de agosto.

La actuación de agentes municipales y estatales durante la represión contra el FNLS no exime de responsabilidad al gobierno federal. Su actuación corresponde a los planes y objetivos diseñados en las mesas de seguridad con un mando único en la que figura el Ejército y Guardia Nacional independientemente de que éstos no actuaran en los últimos dos hechos represivos en esta ciudad.

Gobierno municipal y estatal poco les importa las causas que orillan al pueblo trabajador a recurrir a la movilización para ser escuchados, para los políticos de oficio, toda protesta genera desorden público que hay que evitar mediante la represión, la criminalización y judicialización de la protesta. El caso del Sindicato Independiente es una prueba de ello, no atendieron sus exigencias y las autoridades competentes justificaron la represión.

El pueblo trabajador siempre tiene necesidades políticas, económicas y sociales no resueltas, pero ninguna instancia de gobierno da una solución, por el contrario, siempre se les trata en su condición de explotados y oprimidos, administran el problema a sus intereses y hacen de este un largo malestar social. La ley protege a los responsables de la pobreza, miseria y violencia institucional que se generaliza contra el pueblo chiapaneco; empresarios que exigen se aplique el uso de la fuerza pública beneficia a ellos no al pueblo.

Qué instancia de justicia juzgará a un gobierno como Mariano Díaz Ochoa a quien recibió recientemente al presidente de la república al frente de Andrés Manuel López Obrador. Qué indicaciones recibió el gobierno local respecto a la protesta popular, ¿reprimirla? ¿aplicar el estado de derecho burgués? Los hechos develan que su prioridad no es dar cause a la solución de las exigencias populares, sino contenerla con el uso de la fuerza pública que “deslinde” al gobierno federal principalmente.

Lo que el gobierno municipal y estatal no puede ocultar más es que la represión es política en su gobierno contra el pueblo organizado y no organizado, que los intereses que defienden estos políticos de oficio es el de las cámaras empresariales.

Para el pueblo, la intolerancia, la indiferencia e insensibilidad a sus exigencias.
A las víctimas de la represión y al pueblo trabajador en San Cristóbal de Las Casas, queda mantener la denuncia a toda violación a los derechos humanos, impulsar la organización del pueblo para resolver y exigir necesidades no satisfechas y no resueltas por los gobiernos en turno.

Combativamente

¡Con represión, no hay transformación!
¡Presentación con vida a todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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