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El caso del preso político Javier González Díaz expresa las maniobras jurídicas de la FGE para encarcelar a los luchadores sociales
Lunes 9 de noviembre de 2020, por
Chiapas, México a 9 de noviembre de 2020
A los medios de comunicación
A las organizaciones populares e independientes
Al pueblo en general
Javier González Díaz lleva más de un año recluido por motivos políticos en el CERSS número cinco en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Su proceso penal está lleno de artimañas e inconsistencias jurídicas que expresan claramente que es víctima de una política represiva cuya finalidad es callar la voz de la lucha y organización independiente.
Hoy denunciamos una maniobra leguleya más que se instrumenta desde la Fiscalía General del Estado (FGE), se suma a una seria de artimañas e inconsistencias jurídicas que desde el inicio de su proceso a la fecha se practican con la intención de mantener injustamente preso a nuestro compañero, quien a todas luces se encuentra en calidad de rehén político; por lo menos, por el proceder jurídico de la FGE Javier González Díaz debe estar en libertad incondicional.
Hechos:
El 27 de octubre de 2020 se debió realizar una audiencia intermedia en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, en esta audiencia no asistió la parte que acusa a nuestro compañero Javier, o, en su defecto, la acusadora debía dar su consentimiento por escrito que valide dar seguimiento a esta audiencia.
Cabe señalar que la asesora jurídica no ha sido designada por la parte acusadora, sino de forma oficiosa por el Ministerio Público, hecho que devela la manipulación de este proceso jurídico para alargar la prisión injusta en contra de nuestro compañero.
Según lo dispuesto por el marco jurídico, para que una audiencia intermedia se lleve a cabo es necesario la asistencia de la parte acusadora o en su defecto que por escrito exprese su consentimiento, en este caso no se presentó. Por esa razón, este Juez de Control en mención difirió la audiencia para programarla este día 09 de noviembre.
Esta clara irregularidad se suma a otras más como lo es la ausencia del cuerpo del delito, no existe cadena de custodia de objetos que supuestamente son la prueba para inculpar a nuestro compañero. Las seis prorrogas otorgadas por el Juez para investigaciones complementarias son absurdas y dolosas, una simple entrevista a favor de la parte acusadora no puede llevarle más de un año a las propias autoridades, lo que significa que esta maniobra sólo sirve para prolongar la prisión injusta de un integrante del FNLS.
El hecho viola el debido proceso y sirve al Estado para dos cosas: por un lado, mantener el mayor tiempo recluido a nuestro compañero Javier González Díaz a pesar de la evidente violación a los derechos humanos y constitucionales; y, segundo, ganar tiempo para formular “nuevas pruebas”, fabricarle nuevos delitos y con ello justificar su condición de recluso.
Que no se haya presentado la parte acusadora nos lleva a cuestionar si en verdad existe, y esto se confirma por el proceder de autoridades estatales y federales quienes no han podido localizar a dicha persona, ni siquiera en el domicilio que supuestamente otorgó y que aparece en la carpeta de investigación, por tanto, todo indica que la acusación hecha hacia nuestro compañero es falsa, fue creada por la Fiscalía con fines eminentemente represivos.
Con el paso del tiempo y las maniobras leguleyas que desde la FGE de Chiapas se instrumentan dan certeza de la continuidad de prácticas centradas en la prefabricación de delitos con el objetivo de castigar la protesta y organización popular, un signo inequívoco de la existencia de un gobierno antipopular que coloca el andamiaje institucional judicial para materializar la represión como política de gobierno.
Se trata de un caso judicial montado desde el gobierno estatal por la FGE para ejercer un acto represivo más al FNLS, una forma de ejecutar el castigo “ejemplar” donde “la legalidad está por encima de todo”; en los hechos al FNLS se nos reprime por hacer efectivo nuestros derechos a la organización, manifestación de ideas, de protesta y defensa de nuestra integridad física y psicológica; pero fundamentalmente por luchar por el socialismo y enarbolar causas políticas como la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos.
La defensa jurídica de nuestro compañero ha interpuesto los recursos necesarios para invalidar su detención, sin embargo, la FGE actúa con dolo y niega toda posibilidad que sea defendido, por ejemplo, existe una denuncia por tortura y desaparición forzada cometidas contra Javier, la Fiscalía ha invalidado dichas denuncias o en su defecto las ha desechado y dado como falso a pesar de existir evidencia médica forense de que nuestro compañero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el proceso de su detención y desaparición forzada por más de 27 horas.
No es el primero y único caso en esta administración estatal de una injusticia de tal magnitud, existen cientos de casos que expresan como la Fiscalía General del Estado al mando de Jorge Luis Llaven Abarca maniobra la ley para reprimir a activistas, luchadores sociales, profesionistas y todo aquel que ejerza crítica política al régimen o simplemente defienda sus derechos.
En este sentido, no hay lugar a dudas que nuestro compañero Javier es un rehén político del gobierno chiapaneco, así como lo son también nuestros compañeros detenidos injustamente en el CERSS 14 El Amate: Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez.
La fabricación de expedientes incriminatorios, la criminalización y judicialización de la protesta son prácticas recurrentes del gobierno chiapaneco y las instituciones a su cargo, no existe autonomía entre los poderes Judicial y Ejecutivo, entre la Fiscalía y el Gobernador, ambos representantes de esas instancias comparten un historial político delictivo y represivo manchado con sangre del pueblo, hoy como impulsores de la 4T unen esfuerzos para intentar destruir a las organizaciones populares.
Quienes hoy personifican estas instituciones fueron encumbrados por grupos de poder económico y político al destacarse en el ejercicio de la función pública como sujetos autoritarios y una filiación política profascista. En la historia reciente de Chiapas, los delitos asociados a la criminalidad, las acciones represivas donde figuran casos de tortura, asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales contra el movimiento popular sobresalen como perpetradores intelectuales y materiales al amparo de la política de impunidad; viejos políticos de oficio que en distintos momentos han tenido el penoso papel de materializar la violencia de Estado contra el pueblo.
El discurso oficial por la vía de los hechos ha perdido credibilidad, en Chiapas SI existen violaciones a los derechos humanos, sí existe represión, sí existe tortura y sí existen presos políticos, ¿esta es la esencia de la transformación en la entidad? Sin duda las autoridades federales tienen que responder a este cuestionamiento.
Estaremos al pendiente de los resultados de esta audiencia intermedia, del proceso jurídico de nuestros demás compañeros, y no dudaremos en denunciar y evidenciar cómo el gobierno morenista en Chiapas se caracteriza por ser represor y antipopular.
Mientras nuestros compañeros sigan en calidad de presos políticos no detendremos la protesta, ni la denuncia política, no olvidamos una injusticia cometida contra nuestros militantes, seguimos en el impulso de nuevas jornadas de lucha por la libertad de todos los presos por motivos políticos.
Basta de maniobras leguleyas de parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas que llevan a tener preso injustamente al compañero Javier González Díaz, exigimos su libertad inmediata e incondicional, junto con la de Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández López; a la vez exigimos la libertad de nuestro compañero Leobardo Reyes Meza en el estado de Michoacán, donde se reproduce la política represiva y los mismos vicios jurídicos contra nuestra organización.
¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS