Análisis y opinión. El derecho y justicia en México

Ciudad de México a 30 de agosto de 2020

A la opinión pública

En una sociedad dividida en clases sociales el estado de derecho no es garante de la protección plena de los derechos y libertades políticas del pueblo, por su carácter de acumulación y concentración de la riqueza en unas cuantas manos favorece la dictadura del capital, este hecho explica el comportamiento de políticos de oficio y juristas cuya motivación es mantener el orden de cosas burgués, premisa explicativa por la cual la justicia no es la misma para los explotados y los explotadores.

México es un país capitalista de carácter funcional y dependiente al imperialismo, sobre todo al norteamericano. Este rasgo político económico otorga al conjunto de ideas políticas y jurídicas del régimen, insumos teórico prácticos a los opresores para justificar a través de la demagogia o artilugios políticos la defensa de su moral y el sistema jurídico en aras de perpetuar el satus quo capitalista.

La lógica argumentativa de determinados políticos de oficio respecto a los tópicos: estado de derecho y justicia no esconden meros enunciados semánticos, su contenido alberga también, la práctica concreta de quienes administran el sistema normativo y la implementación de la justicia en el país, por ende, para un sujeto ungido por la ideología burguesa “derecho y justicia” resultan dos conceptos mutuamente excluyentes. ¿Pero qué sentido práctico tiene?

El político que afirme, “una cosa es el derecho y otra la justicia” sólo revela el carácter de los cánones jurídicos que defiende, es una visión metafísica tanto de la justicia como del concepto de derecho, cuando entre uno y otro fenómeno tanto jurídico-político y moral tienen una relación dialéctica, vinculadas entre sí por la clase a quien defiende.

Significa que el trato a los “connotados” integrantes de la delincuencia organizada o los políticos de oficio está en apego a derecho, como ocurre con Manuel Velasco Coello, Arturo Lozoya, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, entre otros, son personas con derechos, sin embargo, ¿qué son los presos políticos y detenidos desaparecidos? En los hechos, representan la antítesis del concepto de, el o los derechos del pueblo organizado, la lucha por la justicia y mejores condiciones de vida, se responde con violencia institucional.

Como se observa, cuando se trata de los hombres del régimen las instancias judiciales actúan en correspondencia al derecho, empero, si se trata del pueblo que ejerce crítica política se escamotean o se violentan los suyos, de ahí que, cuando la legalidad se perfila para resolver contradicciones de la clase en el poder hay trato humano, no así para los luchadores sociales, por tanto, tener derechos en la sociedad capitalista es beneficioso para el político proempresarial pero punitivo y pedregoso para los presos políticos o los detenidos desaparecidos por motivo políticos y sociales.

¿Qué es justo o injusto para el Estado burgués? En la sociedad burguesa esa interrogante tiene la respuesta en la necesidad que exige este momento histórico. Es imperativo para el capital un conjunto de normas y leyes que perpetúen el sometimiento contra el explotado, por esto, la justicia para el Estado es la que determina la ley de la plusvalía, la garantía de perpetuar las relaciones sociales de explotación, la define la moral de quienes detentan el poder, por tanto, en la retórica legal, oficial, dista de materializarse en los intereses de los desposeídos, es aparente, otorga paliativos, razón explicativa del suplicio de quienes no descansamos porque la justicia se desembarace de toda maniobra legaloide.

La justicia lleva implícito otorgar y respetar derechos de las personas, aunque en los hechos, para los oprimidos es una posibilidad real, a cuenta gotas, mientras que, a las exigencias empresariales, los grupos de poder político económico es una realidad. El hecho concreto son los actos de corrupción que desde la lógica burguesa se castigan y se hacen pasar con actos de justicia, cuando constituyen en norma en la sociedad capitalista.

La justicia burguesa se representa en el trato hacia los señores de la farándula política, verbigracia los reflectores para éstos, se traduce en materia prima para la confusión, nublar el análisis del pueblo, ofuscar sus capacidades cognitivas para evitar la comprensión de los hechos, en contraste, las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos se traducen en un mar de adversidades.

Justicia y derecho son complementarios. Para el estado de derecho burgués son independientes uno del otro, los separa mecánicamente para sus fines económicos y políticos. Para el pueblo implica el respeto a sus derechos tanto constitucionales y humanos, no existe separación.

Aislar un fenómeno de otro, atender la parte y no la totalidad es la guía metafísica del derecho burgués, por esa causa los hechos de corrupción en la coyuntura actual, revela ese procedimiento porque las estructuras legaloides pretenden obviar las leyes económicas del régimen capitalista, para éstos son casos aislados, empero, son expresión del engranaje de descomposición política y la crisis política que embarga el país, el resto es demagogia.

Cada hecho concreto en materia legal está ligado con otras esferas de la vida social de un espacio socio-histórico concreto, por esta razón, no sorprende, pero llama a la curiosidad científica la actitud del gobierno federal en materia de las desapariciones forzadas por la iniciativa enviada por éste al Comité de las Naciones Unidas para que dicho organismo internacional investigue ese crimen de lesa humanidad desde el 2010.

Esa separación mecánica, perniciosa, contrapuesta a toda lógica ética y del derecho, pretenden olvidar los crímenes de lesa humanidad cometidos por mencionar el periodo emblemático y nefasto en la historia reciente de nuestro país, lo sucedido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

El derecho de las personas desde el sistema jurídico burgués, como se observa, destella su doble moral, niega así el derecho a la justicia y verdad a los familiares de las víctimas, como el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Así se erige lo reaccionario de la justicia burguesa y la violación a los derechos humanos del pueblo, pero en el discurso el gobierno federal expresó, no más impunidad.

Para el pueblo en su lucha contra las injusticias, le queda únicamente, por un lado, valerse de lo estrecho del marco jurídico para exigir sus demandas, por el otro, luchar contra toda estructura punitiva, porque en el acto burocrático de omisiones y dilación se reafirma la razón de ejercer a través de acciones políticas de masas la práctica del derecho a la protesta. La justicia para los oprimidos sólo es posible con la organización popular independiente y combativa. ¡Presos políticos libertad! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS