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Mientras el gobierno de Chiapas supone menos delitos en la entidad, la realidad objetiva contradice su discurso
Viernes 29 de noviembre de 2019, por
Ciudad de México a 29 de noviembre de 2019
A la opinión pública
Mientras el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas arenga que el estado de Chiapas subió a segundo lugar nacional de estados con menos delitos de impacto, la realidad expresa otra muy distinta, la cual, esta marcada por la represión y la violencia institucional con sello y patente del gobierno mexicano.
Existen muchos testimonios de luchadores sociales, activistas, trabajadores de la comunicación, vendedores ambulantes, organizaciones populares e independientes y organismos defensores de los derechos humanos que especifican las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de cada uno de ellos, mismos, que son llamados por la administración local en turno como “delitos” los cuales “deben pagar” con “todo el rigor de la ley”.
El estado de derecho al que clama el gobernador es el que reprime, el que tortura, realiza desalojos violentos, prohíbe el derecho al trabajo, realiza detenciones arbitrarias, comete desapariciones forzadas o asesinatos, criminaliza la pobreza y la protesta popular, niega los derechos más sentidos del pueblo trabajador, en sí un marco jurídico que castiga a las masas organizadas y protege los intereses político y económico de oligarcas y empresarios tanto del país como del extranjero.
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En Chiapas el “criminal o delincuente” es el pueblo organizado que exige sus derechos y libertades políticas, por eso los desalojos violentos contra comunidades organizadas, la prisión por motivos políticos de luchadores sociales o defensores de la tierra o medio ambiente, violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones policíacas de la entidad en coordinación con la Guardia Nacional.
Señalar que el resultado positivo de la entidad es “gracias a las estrategias y a la coordinación de las Mesas de Seguridad Estatal y Regional para prevenir comisiones de delitos y garantizar cero impunidades” es perverso, porque en esas mesas de seguridad se decide cuándo, cómo y a quién reprimir.
Las estrategias a las que alude son la ejecución de planes contrainsurgentes en la entidad chiapaneca contra todo brote de inconformidad que se manifiesta contra las políticas económicas y construcción de proyectos económicos de carácter neoliberal. En los hechos es una política para intentar eliminar todo esfuerzo organizativo con carácter popular e independiente.
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La premisa de “cero impunidad” es aquella que castiga con cárcel a todo aquel que lucha y defiende la tierra, a los jóvenes que defienden la educación pública, a los que exigen un espacio para la venta de sus productos, a los que a través de acciones políticas de masas exigen sus derechos y libertades políticas, para ellos es la frase “cero impunidad”, que en los hechos es la criminalización de la protesta popular, la conculcación de los derechos de las masas organizadas.
A eso le llaman “no más impunidad”, en cambio, cuando los elementos policíacos o militares cometen desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desplazamientos forzados no se les castiga, permanecen en total impunidad; hasta el momento ningún responsable material e intelectual ha sido enjuiciado y castigo por crímenes de esta magnitud, más bien son premiados con nuevos cargos institucionales o removidos a otras estructuras del Estado.
En nuestro caso, desde que inicio la administración de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas se ha encargado de cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de compañeros y comunidades que integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), las violaciones a los derechos humanos son desaparición forzada, tortura, detención arbitraria, asesinato político, ejecución extrajudicial, desalojos violentos, amenazas de muerte, campañas de linchamiento y odio a través de medios de comunicación oficiosos, allanamiento de morada, no permitir una alimentación adecuada e impedir una vivienda digna y decorosa.
La detención desaparición forzada, tortura y detención ilegal del compañero Javier González Díaz; la detención arbitraria, tortura y reclusión injusta del compañero Armando Hernández Sánchez; la detención arbitraria de Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar; son graves violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno de Chiapas contra integrantes de nuestra organización por defender el derecho a la tierra, a la vida, a una vivienda digna y decorosa, al trabajo, a la alimentación y un ambiente físico y psicológico sano.
El desalojo violento de los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenango, Chiapas es otra transgresión a nuestros derechos y libertades políticas, 20 familias que quedaron en la intemperie con la incertidumbre de qué van a comer al día siguiente o dónde van a dormir; sin ropa o zapatos más que los que tenían puestos fueron sacados de manera violenta de sus viviendas, mismas que fueron destruidas y quemadas por elementos policíacos y militares. Hechos que evidencian la política criminal y represiva del gobierno en el sureste del país, donde la única ley que priva es la burguesa.
Ante esa situación iniciamos la Campaña nacional de solidaridad y acopio, del 20 de noviembre al 8 de diciembre del año en curso para los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, quienes son los que en estos momentos necesitan de nuestra solidaridad; las 20 familias que vivían en la comunidad comen y duermen en la intemperie con escasos alimentos y materiales, los que tenían en sus viviendas fueron robadas, otros destruidos por los elementos policíacos y militares.
Hacemos la invitación a organizaciones populares, defensores de derechos humanos, personalidades progresistas y pueblo en general a que nos acompañen este domingo en el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México el día 1 de diciembre de 2019, de las 11:00 a las 16:00 hora al mitin político y centro de acopio para las familias que fueron desalojadas por la policía estatal de Chiapas en compañía de la Guardia Nacional.
Atentamente
¡Libertad inmediata e incondicional a los compañeros Javier, Armando, Asunción y Venturino, presos políticos del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas!
¡Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia en el país!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS