La persecución política en la administración actual

Ciudad de México, a 10 de enero de 2025
A la opinión pública

La persecución política se ha intensificado en la administración actual, esta se dirige principalmente contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y toda voz que cuestiona el actuar de las instituciones del Estado. El discurso con el que se maquilla la práctica de las instituciones del Estado es el respeto a los derechos humanos, el restablecimiento del orden, la paz y la seguridad para “la población”.

Lo que se esconde detrás del discurso presidencial y de los políticos de oficio es la protección de los intereses empresariales, para asegurar la circulación de las mercancías, propiedad de empresarios nacionales y extranjeros se da el despliegue de las diferentes corporaciones policiaco militares y paramilitares, es mentira que estas han sido desplegadas para impartir justicia por los miles de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o contra los responsables de los desplazamientos forzados; la consigna gubernamental es aplicar la ley burguesa contra el pueblo que se organiza en la exigencia de justicia y el respeto a sus derechos humanos.

Lo que se pretende inhibir es la continuidad de la protesta popular en quienes no se han alineado a la política de gobierno, en aquellos que mantienen su dignidad ante la compra de consciencias a través de los programas asistencialistas como 60 y más, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, becas para madres solteras, etc., etc.

Los acontecimientos represivos en el estado de Chiapas contra el abogado y luchador social Juan Díaz Montejo da elementos importantes para desentrañar la esencia de la política de gobierno, que desde los sexenios priistas se implementó y en la administración actual se ha perfeccionado y consolidado de manera abierta contra las organizaciones populares independientes.

Desde los medios de comunicación se prepararon las condiciones para legitimar el uso de la violencia de Estado contra quienes luchan por la superación de las condiciones oprobiosas del régimen económico y político actual. Se dijo que el grupo policial Fuerza de Reacción inmediata Pakal (FRIP), pondría orden en la entidad chiapaneca y protegería a la población de la extorsión y la delincuencia organizada.

Sin embargo, en su actuar se dejó ver la violación a los derechos humanos contra el pueblo en general y contra luchadores sociales. Las detenciones arbitrarias se llevaron a cabo no contra los principales señalados por la población de Comitán como parte de los grupos de paramilitares denominados por el Estado como delincuencia organizada o narcotráfico, sino contra personas que no tienen ninguna relación con esos grupos de paramilitares y contra el luchador social Juan Díaz Montejo, presentado de manera mediática como un delincuente.

Para justificar su detención arbitraria se le acusó de tener nexos con el presidente municipal de Comitán de Domínguez, a quien desde las instituciones del Estado y la población es reconocido como parte de los grupos de paramilitares, sin embargo, este y otros personeros del régimen son protegido por el estado de derecho burgués.

Entre los estados y la federación existe plena coordinación para aplicar el estado de derecho burgués y someter a la población ya se por medio de los programas asistencialistas; por mucho que asegure la actual jefa del Ejecutivo federal que su gobierno no se le persigue a nadie por sus ideas u opiniones, la realidad echa abajo tales pretensiones.

La persecución política que existe contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y otras organizaciones populares independientes es la muestra de la aplicación del estado de derecho burgués contra quienes piensa y se organizan de manera independiente a la política de gobierno.

Sobre los compañeros Leobardo Reyes Meza, Noemia Calles Rios, Jorge Ceja Ramos, José Armando Falconi Borraz, Héctor Solís, entre otros, existe el señalamiento desde las fiscalías de los estados de Michoacán y Chiapas de haber cometido delitos sin que existan elementos jurídicos válidos y objetivos que justifique la intensión de detenerlos de manera injusta.

A los compañeros se les fabricaron delitos que no cometieron, el día y lugar de los supuestos hechos delincuenciales no estuvieron presentes. Lo real es que se judicializa la lucha que han desarrollado en torno a la organización independiente del pueblo, desde donde se hace defensa de los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad.

Con la persecución política de nuestros compañeros se violenta los derechos humanos como el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho de opinión, expresión y difusión, el derecho de residencia y tránsito, el derecho de reconocimiento a la personalidad jurídica y de los derechos civiles; el derecho a la justicia; el derecho de nacionalidad; el derecho de reunión y asociación; el derecho de petición; el derecho de protección contra la detención arbitraria y el derecho de asilo.

Contra nuestros compañeros existe la amenaza latente de ser encarcelados sin justificación alguna. Contra el Compañero Leobardo Reyes Meza existe la amenazad por parte del gobierno morenista de Michoacán de castigar la participación desarrollada en el movimiento popular independiente y en el magisterio democrático independiente.

Para los gobiernos en turno los hombres y mujeres que se organizan desde esfuerzos propios y conscientes son delincuente porque no se tolera una opinión distinta a la que se emite desde las instituciones del Estado, de manera autoritaria y represiva imponen una verdad que no corresponde con las condiciones objetivas en las que viven las masas trabajadoras.

De ahí que al cuestionar los dichos por los gobiernos se persiga a quienes no solo explican las condiciones actuales en las que vivimos las masas trabajadoras, sino que se construye organización para la transformación de la vida pública del país, se nos tilda de vándalos, porque para desde su concepción se altera el estatus quo del régimen actual.

Si a través de la persecución política se pretende acallar la voz de lucha y de protesta, la denuncia política debe escalara a nivel nacional e internacional para desentrañar el actuar del Estado burgués mexicano a favor de los interese empresariales.

Fraternalmente
¡Presos políticos, libertad!
¡Ser luchador social, no es sinónimo de delincuente!
Comité Nacional Voces del Libertad y Justicia