El gobierno de Chiapas muestra su rostro autoritario ante el derecho del pueblo a exigir justicia

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2024
A la opinión pública

El representante del Ejecutivo estatal de Chiapas muestra su rostro autoritario y prepotente a la exigencia de libertad del Lic. Juan Díaz Montejo, luego de que integrantes del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FEDROC), que se encuentran en el plantón indefinido a un lado de Palacio de Gobierno le expresaran con consignas la exigencia de libertad del luchador social.

Para justificar la imposición del estado de derecho burgués contra el pueblo que se organiza y lucha, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar declaró “se va a poner orden, aunque habrá a quien no le guste”, “habrá aplicación de la ley para los delincuentes”, “estoy en contra de los delincuentes, y no voy a dar marcha atrás” “ni un solo delincuente estará en la calle”.

En los hechos la aplicación de la ley no es contra los funcionarios públicos y grupos paramilitares que cometieron crímenes de Estado y de lesa humanidad en la administración de Rutilio Escandón Cadenas y administraciones pasadas contra los diferentes sectores de la población, al contrario; a los personeros del régimen económico y político se les premia con altos cargos para ser protegidos de no ser enjuiciados y castigados.

De manera prepotente el mensaje fue la continuidad de la judicialización de la protesta popular para quienes nos organizamos fuera de la democracia burguesa, porque no se perdona que sea el pueblo el que se organice y cuestione la política de una administración que dice representar al pueblo chiapaneco.

La política de cero impunidad que coordinan los tres niveles de gobierno es con la intensión de señalar a los luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos que cuestionan el funcionamiento de las instituciones del Estado y que no someten su dignidad a los intereses empresariales.

El discurso del titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitido desde Palacio Nacional sobre la “construcción” de la paz como estrategia de seguridad nacional con los gobiernos morenistas, desnuda la esencia de la política constrainsurgente en la judicialización de la lucha del pueblo organizado, “… estamos construyendo la paz que nace del reconocimiento de la realidad.

Aseveración que revela que quienes no se someten a las condiciones oprobiosas que genera el régimen económico y político, quienes denuncian la continuidad de las practicas del terrorismo de Estado, quienes damos la alternativa política para construir una sociedad sin explotados ni explotadores somos considerados como los delincuentes, los vándalos, a quienes hay que aplicarles todo el peso de ley por el simple hecho de pensar diferente y construir la transformación para las masas trabajadoras.

Desde las palabras de la Lic. Rosa Icela Rodríguez, quien no acepte de manera pasiva las condiciones de vida en las que se encuentra y proteste para mejorarlas, contra ellos se aplicara la fuerza del Estado, la violencia institucional para evitar la organización independiente del pueblo.

El gobierno de Eduardo Ramírez es parte del engranaje represivo del Estado, por lo que como fiel cancerbero del régimen continuara con la aplicación del Estado de derecho burgués que viola derechos humanos y libertades políticas contra el pueblo organizado. La amenaza la ha vertido de manera pública.

Si las instituciones del Estado se fortalecen para cumplir con los interese empresariales, el pueblo organizado debe cerrar filas en la lucha contra la violencia institucional, las violencia de Estado no debe parar las aspiraciones del pueblo por justicia.

Fraternal y combativamente
¡Presos políticos, libertad!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo